Diana Lucila Morales Gutiérrez
Expediente 997/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/08/2017
Partes del expediente
- Diana Lucila Morales Gutiérrez
- Diana Lucila Morales Gutiérrez y Otros.
- Jorge Luis Mayo Dorantes
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 997/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de manera destacada el auto dictado por las autoridades responsables ordenadoras donde éstas aceptan la competencia que declina a su favor el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio del de Querétaro para dictar resolución administrativa definitiva en el expediente ****. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Así, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó la justiciable, contra los actos precisados, es improcedente. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos contra los que se promueve amparo, son materia de uno diverso, promovido por la propia parte quejosa, contra las mismas autoridades y por idénticos actos reclamados, los cuales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; La ratio legis de dicha disposición descansa en evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario el quejoso para obtener una sentencia favorable a sus intereses, con la latente posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. De ahí que si la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto se encuentra pendiente de resolver, la controversia no debe plantearse nuevamente, pues de ser así se abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. Ahora, de lo dispuesto por el precepto legal transcrito se colige que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; b) Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura refiere que un litigio está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Cabe aclarar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; y, Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Cuando se configura esta cuestión en un proceso produce la extinción del mismo, subsistiendo el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen los extremos: identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X, del numeral 61 de la Ley de Amparo, citado. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Es ilustrativa la tesis P./J. 24/2014, del peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, tomo I, abril de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS.La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten" Es necesario, se reitera, que se trate del mismo acto, misma autoridad y mismo quejoso, en ambos juicios de amparo, en cuya hipótesis el segundo de los cuales deviene improcedente, según lo definido por la jurisprudencia 235, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 2000 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Las tres condicionantes se actualizan en la especie. Para sustentar lo anterior se tiene que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el amparo 874/2017 promovido por ****; donde se reclama el auto dictado por las autoridades responsables ordenadoras donde éstas aceptan la competencia que declina a su favor el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio del de Querétaro para dictar resolución administrativa definitiva en el expediente ****. Asimismo, que el referido juicio de amparo se encuentra en trámite, toda vez que tiene señalada la audiencia constitucional para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Constancias que constituyen un hecho notorio para este juzgado y de las cuales se ordena recabar copia certificada para que obren en el presente asunto. Es aplicable la jurisprudencia XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, del Tomo V, enero de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. De lo anterior se concluye que el acto reclamado en ambos juicios lo constituye el auto dictado por las autoridades responsables ordenadoras donde éstas aceptan la competencia que declina a su favor el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro para dictar resolución administrativa definitiva en el expediente ****, además que se trata de las mismas autoridades responsables, pues aunque en la segunda los quejosos aduzcan una fecha diferente en la que tuvieron conocimiento del acto reclamado; lo cierto es que éste es el mismo. Entonces, el acto que constituye la materia del reclamo dentro del presente juicio de amparo, lo es la resolución donde las autoridades ****, ambos del municipio de Querétaro, aceptan la competencia que declina a su favor el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, para dictar resolución administrativa definitiva en el expediente ****. Por lo anterior, válidamente se puede arribar a la conclusión de que la parte quejosa pretende combatir nuevamente de las mismas autoridades el propio acto reclamado, pues se trata de la misma resolución que reclama la parte promovente del amparo en el juicio 874/2017 del índice de este Juzgado, cuya existencia es un hecho notorio. En efecto, la parte quejosa se duele de un acto que ya está siendo materia del diverso 874/2017. Entonces, resulta evidentemente que en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial y objeto. En ese sentido, se colige que los tres requisitos indicados en párrafos previos para la actualización de la causa de improcedencia de litispendencia a que alude la fracción X, del numeral 61, de la Ley de Amparo, se encuentran reunidos en este asunto, esto es: los aquí quejosos ya habían promovido un juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades, el cual no ha sido resuelto, por lo que ante ello, y privilegiando las razones primordiales que dieron origen a la invocada causa de improcedencia, esto es, la economía procesal, la necesidad de evitar dos sentencias diversas y posiblemente contradictorias del mismo litigio. Por lo tanto, al surtirse en relación al acto en estudio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por ****+, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****; lo anterior, en virtud de que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese, y personalmente a los promoventes.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintiuno de julio de dos mil diecisiete: "RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 997/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de manera destacada el auto dictado por las autoridades responsables ordenadoras donde éstas aceptan la competencia que declina a su favor el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio del de Querétaro para dictar resolución administrativa definitiva en el expediente ****. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Así, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó la justiciable, contra los actos precisados, es improcedente. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos contra los que se promueve amparo, son materia de uno diverso, promovido por la propia parte quejosa, contra las mismas autoridades y por idénticos actos reclamados, los cuales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; La ratio legis de dicha disposición descansa en evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario el quejoso para obtener una sentencia favorable a sus intereses, con la latente posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. De ahí que si la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto se encuentra pendiente de resolver, la controversia no debe plantearse nuevamente, pues de ser así se abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. Ahora, de lo dispuesto por el precepto legal transcrito se colige que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; b) Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura refiere que un litigio está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Cabe aclarar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; y, Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Cuando se configura esta cuestión en un proceso produce la extinción del mismo, subsistiendo el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen los extremos: identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X, del numeral 61 de la Ley de Amparo, citado. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Es ilustrativa la tesis P./J. 24/2014, del peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, tomo I, abril de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS.La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten" Es necesario, se reitera, que se trate del mismo acto, misma autoridad y mismo quejoso, en ambos juicios de amparo, en cuya hipótesis el segundo de los cuales deviene improcedente, según lo definido por la jurisprudencia 235, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 2000 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Las tres condicionantes se actualizan en la especie. Para sustentar lo anterior se tiene que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el amparo 874/2017 promovido por ****; donde se reclama el auto dictado por las autoridades responsables ordenadoras donde éstas aceptan la competencia que declina a su favor el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio del de Querétaro para dictar resolución administrativa definitiva en el expediente ****. Asimismo, que el referido juicio de amparo se encuentra en trámite, toda vez que tiene señalada la audiencia constitucional para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Constancias que constituyen un hecho notorio para este juzgado y de las cuales se ordena recabar copia certificada para que obren en el presente asunto. Es aplicable la jurisprudencia XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, del Tomo V, enero de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. De lo anterior se concluye que el acto reclamado en ambos juicios lo constituye el auto dictado por las autoridades responsables ordenadoras donde éstas aceptan la competencia que declina a su favor el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro para dictar resolución administrativa definitiva en el expediente ****, además que se trata de las mismas autoridades responsables, pues aunque en la segunda los quejosos aduzcan una fecha diferente en la que tuvieron conocimiento del acto reclamado; lo cierto es que éste es el mismo. Entonces, el acto que constituye la materia del reclamo dentro del presente juicio de amparo, lo es la resolución donde las autoridades ****, ambos del municipio de Querétaro, aceptan la competencia que declina a su favor el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, para dictar resolución administrativa definitiva en el expediente ****. Por lo anterior, válidamente se puede arribar a la conclusión de que la parte quejosa pretende combatir nuevamente de las mismas autoridades el propio acto reclamado, pues se trata de la misma resolución que reclama la parte promovente del amparo en el juicio 874/2017 del índice de este Juzgado, cuya existencia es un hecho notorio. En efecto, la parte quejosa se duele de un acto que ya está siendo materia del diverso 874/2017. Entonces, resulta evidentemente que en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial y objeto. En ese sentido, se colige que los tres requisitos indicados en párrafos previos para la actualización de la causa de improcedencia de litispendencia a que alude la fracción X, del numeral 61, de la Ley de Amparo, se encuentran reunidos en este asunto, esto es: los aquí quejosos ya habían promovido un juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades, el cual no ha sido resuelto, por lo que ante ello, y privilegiando las razones primordiales que dieron origen a la invocada causa de improcedencia, esto es, la economía procesal, la necesidad de evitar dos sentencias diversas y posiblemente contradictorias del mismo litigio. Por lo tanto, al surtirse en relación al acto en estudio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por ****+, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****; lo anterior, en virtud de que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese, y personalmente a los promoventes. ".
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