Diana Lorena Márquez Herrera
Expediente 1520/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1520/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Diana Lorena Márquez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1520/2022, se encuentra en audiencia pública Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado rendido por las autoridades responsables; así como a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Juez provee: téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa y las responsables remitieron en apoyo a su informe justificado. A lo que el Juez provee: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida, la cual será tomada en consideración al momento de resolver. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes los ofreció. A lo que el Juez dispone: se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Consecuentemente, sin diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del mencionado numeral 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1520/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitido posteriormente a este Tribunal Federal cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Diana Lorena Márquez Herrera, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Zacatecas. Directora de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: La falta del pago retroactivo de su pensión por jubilación a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y hasta el catorce de junio de dos mil veintidós. Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se registró el expediente con el consecutivo 1520/2022 que le correspondió, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se dio intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto u omisión reclamada. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, se advierte de la demanda de amparo que el acto reclamado consiste en: La falta del pago retroactivo de su pensión por jubilación a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y hasta el catorce de junio de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto u omisión reclamada. Es cierto el acto reclamado a Director y Directora de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Zacatecas, pues así se advierte de las manifestaciones expresadas en sus informes justificados que rindieron. Lo cual se corrobora con las constancias remitidas en apoyo; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado que en el presente juicio biinstancial se impugna. CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". Al respecto, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita, señala que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo, en otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En el particular, la quejosa reclama la falta del pago retroactivo de su pensión por jubilación a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y hasta el catorce de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las cuales fueron aportadas por la autoridades responsables, en específico del recibo de pago con certificado digital y cadena de caracteres generada por la autoridad hacendaria, adjunto a la promoción con folio 1744, se advierte que el once de enero de dos mil veintitrés, se realizó el pago retroactivo de la pensión de la quejosa por el periodo comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y hasta el catorce de junio de dos mil veintidós, esto es, siete meses de pensión, lo anterior así se estima debido a que en éste se consigna el pago de doscientos diez días, mismos que divididos entre treinta (mes) arroja los siete meses de adeudo; además que al multiplicar el salario diario por los días pagados advierte la cantidad consignada en dicho recibo (salario 290.77 X 210 días = $ 61,061) Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio Tesis: 2a./J. 30/2020 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes: "RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL Y CADENA DE CARACTERES GENERADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON APTOS PARA DEMOSTRAR EL MONTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS A LOS TRABAJADORES. Criterios discrepantes. Los Tribunales Colegiados analizaron una misma problemática jurídica arribando a posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de ellos la impresión de los recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por la autoridad hacendaria, es apta para demostrar el pago y el monto de los salarios de los trabajadores, para el otro, esa eficacia demostrativa depende de la valoración que se haga de dicho documento con relación al caudal probatorio. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que cuando en un juicio laboral se ofrezca como prueba la impresión de los recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dichos documentos son aptos para demostrar el pago y el monto de los salarios de los trabajadores, salvo que exista prueba en contrario, ya que en ese supuesto deberá estarse al resultado de la valoración con relación al caudal probatorio. Justificación. Lo anterior es así, porque una vez que el contribuyente cumple con lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes digitales no sólo dan crédito del cumplimiento de una obligación formal en materia fiscal, sino que además, tal como establece el propio artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son aptos para demostrar el pago que se realiza a favor del trabajador. En el entendido de que para tener por satisfecha esta obligación, se deben reunir las siguientes condiciones: a) que exista constancia, en cualquier soporte, de que el patrón entregó el comprobante al trabajador; b) que los comprobantes contengan elementos que acrediten que efectivamente se realizó la erogación a favor del trabajador; y c) que esos mismos elementos o en virtud del sistema empleado en su emisión, demuestren que el pago del salario se realizó directamente al trabajador en un medio autorizado por el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo." En consecuencia, lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos del acto reclamado, pues las responsables efectuaron el pago reclamado por la quejosa; por tanto, es inconcuso que fue restituida en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estimó vulnerados en su perjuicio. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, pues no es factible que los actos reclamados puedan volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Diana Lorena Márquez Herrera, contra la omisión que reclamó del Director y Directora de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del uno de marzo de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
Amparo Indirecto 1520/2022 En uno de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción con folio 1744. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Delegado de las Autoridades Junta Directiva y Director General del Instituto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores, con sede en esta Ciudad, por el que en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, exhibe los comprobantes de pago de pensión retroactiva 2021 y 2022 en versión CFDI. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tiene como prueba de las autoridades mencionadas las documentales que se adjuntan; mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Kary* En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dos de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que las autoridades responsables Director General y Directora de Prestaciones Económicas y Sociales, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Zacatecas (ISSSTEZAC) con sede en esta ciudad, no han dado cumplimiento al requerimiento de tres de enero del año en curso. Por tanto, a fin de no demorar la pronta y expedita impartición de justicia a que alude el numeral 17 Constitucional, mediante oficio que derive de este proveído, requiéraseles nuevamente para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados, remitan a este Juzgado Federal las constancias, requeridas en dicho auto completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, o bien, copias fotostáticas certificadas de ellas, toda vez que en sus informes justificados de fechas trece de diciembre de dos mil veintidós anexaron dichas constancias en copia simple. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados, o no externar los motivos legales que les impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. ...
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; en atención a su contenido, se tiene dando cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos. Por tanto, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo; para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifiesten lo que en su derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la quejosa. ...
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