Diana Lizeth Morán Peraza

Expediente 50/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
50/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Diana Lizeth Morán Peraza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio número JCM/085/2023, firmado autógrafamente por el Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento Municipal, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado; sin embargo, dicho comunicado sólo se agrega en autos sin mayor proveer, en razón de que el juicio de amparo que se actúa ya se encuentra resuelto.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que en el libro electrónico de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de sobreseimiento emitido el veinticinco de enero del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que éstas fueron notificadas en la propia data, quedando comprendido dicho plazo del veintiséis del citado mes de enero al diez de los cursantes, sin contar el día seis por ser inhábil. Sentado lo anterior se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que, se concedió la suspensión de oficio y de plano.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio número S.S.P.M./A.J./139/2023, firmado autógrafamente por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado; sin embargo, dicho comunicado sólo se agrega en autos sin mayor proveer, en razón de que el juicio de amparo que se actúa ya se encuentra resuelto.

  4. Principal

    Agréguese a los autos del juicio de amparo indirecto número 50/2023, los informes relativos a la suspensión de plano de los actos reclamados rendidos y firmados autógrafamente por el Coordinador de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal y el Juez y Coordinador ambos del Tribunal de Barandilla del Ayuntamiento Municipal, todos con sede en esta ciudad, los cuales se reciben de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Por lo que respecta al domicilio señalados por las autoridades responsables, deberán estar a lo acordado en proveído de veintitrés de enero del año en curso, en el que se proveyó al respecto. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexan las autoridades oficiantes señaladas en el párrafo que antecede. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;." Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Expuesto lo anterior, se tiene que los actos reclamados por la directa quejosa consistieron en la privación ilegal de la libertad e incomunicación por parte de las autoridades responsables. Por ende, en auto de veintidós de los cursantes, se concedió a la directa quejosa la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que las autoridades responsables de manera inmediata suspendieran la ejecución de los actos reclamados, poniéndola en libertad o a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo de manera inmediata, y para para que la pusieran en inmediata libertad si su detención y/o internamiento no tuviera relación con la comisión de un delito, y se ordenó a la fedataria judicial se constituyera en los separos que ocupan las oficinas de las autoridades responsables a fin de que buscara al peticionario. Con motivo de lo anterior, a las veintitrés horas con cinco minutos del veintidós de los cursantes, la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional se constituyó en las instalaciones de los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, e hizo constar lo siguiente: ".Que queda enterada de la determinación que se le notifica; y en atención al requerimiento que se le formula manifiesta que está de acuerdo con la presentación del amparo a su favor, es decir, ratifica la demanda de amparo presentada por su mamá. Al respecto, la suscrita hago constar que la quejosa, se observa en buen estado físico y de salud; asimismo, le cuestiona sobre el particular a la quejosa quien manifiesta que no ha recibido malos tratos..." Así, de la transcripción que antecede se colige que la directa quejosa******************** ratificó la demanda de amparo promovida en su favor, sin presentar golpes ni contusiones. En esa tesitura, en auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por ratificada la demanda de amparo, y por ende, ase admitió a trámite, motivo por el cual se requirió a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe justificado. Posteriormente, mediante los oficios de cuenta, con los que el Juez y Coordinador del Tribunal de Barandilla del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, rindieron su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada, ofrecieron la prueba documental consistente en la boleta de libertad con folio 495558 de veintidós de enero del presente año. Así, de la valoración conjunta de la documental pública de mérito ?la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que la directa quejosa******************** fue detenida por "alterar el orden público", ingresando al Tribunal de Barandilla; asimismo, se advierte que ésta fue puesta en libertad a las veintitrés horas con cinco minutos de veintidós de enero de la presente anualidad. Por ende, la obtención de libertad por parte de la directa quejosa, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención e incomunicación reclamadas, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable." Por tanto, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo promovido por ********************, en favor de********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en esta ciudad, y otras autoridades. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2003, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, con motivo de lo anterior, se dejan sin efecto las providencias decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional.

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