Diana Lizet Rodríguez

Expediente 742/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
742/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Diana Lizet Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó en el plazo concedido el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado... Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido... Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho que en resumen dice: "De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó en el plazo concedido el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado... Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido... Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN".

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho que en resumen dice: "Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XVIII, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del titular del Juzgado Noveno Menor Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia . En el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, virtud al cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se presente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Bien, como se precisó, el acto reclamado consiste en:  La aprobación del embargo en los autos del juicio ejecutivo mercantil **** del índice del Juzgado Noveno Menor del Partido Judicial de León, Guanajuato. De la lectura de la demanda se desprende que la quejosa integra la relación jurídica procesal en el contradictorio de origen, pues manifestó bajo protesta de decir verdad que es parte demandada en el juicio del que deriva el acto reclamado. Ahora, los artículos 1334 y 1340, del Código de Comercio vigente en la época del juicio de origen disponen: Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Art. 1340. La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo sustituya. De lo anterior se obtiene que en contra del proveido reclamado, el aludido cuerpo normativo establece un medio de defensa ordinario en virtud del cual puede ser revocado. En efecto, de los preceptos reproducidos se obtiene que el auto que constituye el acto reclamado es susceptible de recurrirse a través del recurso de revocación. Bajo este contexto, si contra el auto emitido en el juicio de origen resulta procedente dicho recurso, es evidente que en términos de lo establecido por los artículos reproducidos emerge como una cuestión incontrovertible que para lograr que fuera revocado en segunda instancia, la quejosa debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta que la peticionaria no ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Se arriba a la anterior conclusión, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. De manera que la solicitante del amparo deberá dirimir la aprobación del embargo en el juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra, no en esta instancia constitucional. Por tanto, se actualiza dicha causa de improcedencia toda vez que la parte quejosa, previamente a la interposición del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa concedido por el Código de Comercio en contra de la resolución reclamada, que conforme al artículo 1334, del citado ordenamiento legal, pudo inconformarse a través del recurso de revocación que dicho numeral establece. En consecuencia, al no interponerse el aludido medio de impugnación, es evidente que la peticionaria no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por tanto, al verificarse de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia acorde a lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. "

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