Diana Lizbeth Castro Vera

Expediente 468/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
468/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Diana Lizbeth Castro Vera
  • Legislatura del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad en contra del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Archivo. Por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, a partir de esta fecha, dentro de los noventa días siguientes se depurará el presente expediente y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia concesoria. En esa virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que el cumplimiento de la responsable se ajusta a los efectos para los que se concedió el amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin exceso ni defecto; se da vista a las partes conforme al artículo 202 de la ley de la materia.

  3. Principal

    Se tienen por recibidos el escrito y anexos procedentes de la Notaria Pública Número 22, con ejercicio en esta ciudad, así como el oficio procedente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante los cuales informan las gestiones que realizaron en cumplimiento al fallo protector y remiten las constancias que así lo acreditan. En esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la resolución en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia ejecutoriada, para que dentro del plazo de tres días hábiles, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumplan con lo ahí establecido; en el entendido de que los efectos del fallo protector son los siguientes: SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Diana Lizbeth Castro Vera, para los efectos siguientes. I. Que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa Diana Lizbeth Castro Vera, la aplicación del precepto declarado inconstitucional; lo que no implica que en el futuro se exente a la agraviada del pago de los derechos registrales por ese concepto, pues en todo caso se le cobrará dicho derecho en los términos que se precisarán en el punto dos (II) de este considerando; a saber: - El artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que dispone el mecanismo de pago de derechos registrales por la inscripción de compraventa. II. Que se deje insubsistente el primer acto de aplicación del numeral 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro y se cobre a la parte solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, debe restituirle a la parte agraviada el numerario excedente de la cantidad que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de derechos registrales contemplados en el precepto en cita. En la inteligencia, de que la tarifa mínima establecida se determina al tener en consideración que el efecto del amparo, no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por los servicios proporcionados por el Estado, pues todo individuo debe contribuir al gasto público; máxime que por derechos registrales se debe cobrar mínimo tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización. Lo anterior, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Hacienda del Estado de Querétaro y con base en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 1244, de rubro y texto: (.) En esa virtud el amparo se concede para el efecto de que la Notaria Pública número 22, con ejercicio en esta ciudad, quien en su carácter de auxiliar de la administración tributaria en la recaudación de los derechos de trato, retuvo a la parte quejosa por concepto de pago de derechos por las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, acorde al artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, conforme a la factura I-1775 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, deducida de la escritura pública número 1,511 de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, no lo entere en su totalidad a la autoridad de finanzas estatal respectiva, sino únicamente por los derechos registrales retenidos la cantidad mínima que prevé el citado artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro (3.75 Unidad de Medida y Actualización -UMA- a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro) y devuelva a la parte quejosa el excedente. En la inteligencia de que, si a la fecha de ejecución de esta sentencia, la cantidad retenida por las contribuciones de trato, ya hubiesen sido entregadas a la autoridad exactora Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, ésta deberá dar cumplimiento en los términos precisados. De ahí que en ejecución de sentencia, de ser el caso, deberá requerirse a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, debido a que es la autoridad encargada de recaudar el pago de las contribuciones contempladas en las normas declaradas inconstitucionales; siempre y cuando el fedatario haya entregado las cantidades correspondientes. Autoridad que se encuentra vinculada al cumplimiento del fallo protector, debido a que es la encargada de recaudar el pago de las contribuciones contempladas en las normas declaradas inconstitucionales; de conformidad con la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 178, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, página 145, registro 917712, de rubro y texto: (.) En el entendido de que en términos de los artículos 38 y 40 ambos del Código Fiscal del Estado de Querétaro, tal devolución debe realizarse debidamente actualizada, al tenor del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 29/2012 (10a.), ya citado. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades vinculadas, para que en el ámbito de sus obligaciones legales, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en caso de no realizar lo propio dentro del plazo que se le concede, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga por contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida y actualización, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo si la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.

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