Diana Leticia Zamora Jiménez

Expediente 102/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
102/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Diana Leticia Zamora Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente, no impugnó el proveído de siete de febrero de la presente anualidad (fojas 23 a 29), por el que se desechó la demanda de amparo respecto del acto consistente en el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente auxiliar folio 489/2017, mediante el cual se determinó decretar el desechamiento del escrito de demanda, dentro del plazo que la ley otorga; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por último, agréguese el presente juicio el oficio 1987/2018, remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, con el que acusa recibo del oficio 2078/2018, e informa que respecto al acto consiste en la resolución de diez de enero del año en curso, dictada en el toca 46/2017, en la que declaró infundada la queja interpuesta contra el acuerdo que desechó una demanda promovida por ***, se dio trámite como amparo directo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Finalmente, toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto de 07/02/2018 I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por Diana Leticia Zamora Jiménez, contra actos de la autoridad responsable denominada Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad y otra autoridad. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 102/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la parte promovente en esta instancia se hacen consistir en: "I) PRIMER ACTO.- Del C. Juez Primero de Primera Instancia SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO Y RECLAMO, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, dentro de los autos del expediente auxiliar FOLIO 489/2017, mediante el cual la responsable, determinó decretar el desechamiento del escrito de demanda por mi promovido, exponiendo las consideraciones que estimó meritorias para decretar tal desechamiento de plano, que viola mi garantía de acceso a la administración de la justicia. II) SEGUNDO ACTO.- Del C. Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital, SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO Y RECLAMO, la sentencia dictada en fecha diez de enero de dos mil dieciocho, por el Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital, resuelto dentro de los autos del TOCA CIVIL número 46/2017, mediante el cual la responsable resolvió declarar infundado el recurso de queja por mi promovido, en contra DEL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, CONFORMANDO EL REFERIDO AUTO MATERIA DE QUEJA, ELLO POR las consideraciones que estimó meritorias para resolver la queja, violando mi garantía de acceso a la administración de la justicia al dictar una resolución completamente violatoria de las reglas procesales para la administración de justicia. Este segundo acto que reclamo, FUE NOTIFICADO A LA SUSCRITA EN FORMA PERSONAL EL DÍA 15 QUINCE DE ENERO DE 2018, y por tanto el término para promover esta demanda inició el día 16 de enero de 2018." Ahora bien, de los antecedentes vertidos por el promovente, se desprende lo siguiente:  El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, Diana Leticia Zamora Jiménez, presentó demanda ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, solicitando la acción de simulación absoluta de acto jurídico, misma que quedó radicado bajo el número estadístico 489/2017.  El veinticuatro de noviembre de la misma anualidad, se desechó la demanda.  El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, Diana Leticia Zamora Jiménez, interpuso recurso de queja en contra del acuerdo de desechamiento.  El veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario, con residencia en esta ciudad, declaró fundado el recuro de queja.  En consecuencia a la resolución del recurso de queja, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, previno a la parte actora (Diana Leticia Zamora Jiménez).  El uno de diciembre de dos mil diecisiete, la quejosa dio contestación a la prevención realizada.  El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez de origen desechó nuevamente la demanda promovida por Diana Leticia Zamora Jiménez.  Ante el desechamiento mencionado en el punto anterior, la parte actora interpuso recurso de queja, misma que quedó registrada bajo toca número 46/2017.  El diez de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario, con residencia en esta ciudad, declaró infundada la queja interpuesta. Ante ello, se aprecia que los actos reclamados son los siguientes: a) Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, desechó la demanda 489/2017, interpuesta por Diana Leticia Zamora Jiménez, en la que solicitó la acción de simulación absoluta de acto jurídico. a) Resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario, con residencia en esta ciudad, dentro del toca 46/2017, que determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de desechamiento. IV. Se desecha demanda de amparo indirecto, respecto al acto precisado en el inciso a). En el caso, se advierte la actualización de la causal de mprocedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El citado precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación con la cual, revoque, anule o sustituya el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; pues ello implica que sea el nuevo acto de autoridad el que incida en la vigencia y ejecutividad del reclamado por la vía de amparo. Ahora, de lo narrado por la parte quejosa en este juicio se advierte que el diez de enero de dos mil dieciocho el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario, con residencia en esta ciudad, en toca 46/2017, declaró infundada la queja interpuesta por la quejosa, en contra del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, donde se le desechó su demanda registrada con el número 498/2017, en donde solicitó la acción de simulación absoluta de acto jurídico. Ante ello, se advierte que con motivo de la resolución emitida por la autoridad de segundo grado, dentro del toca 498/2017, han cesado los efectos del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad. Esto es así, porque al resolver la queja interpuesta en contra de la determinación del juez de primera instancia, ineludiblemente sustituyo en su vigencia y ejecutividad el auto de desechamiento, pues ahora la que rige jurídicamente, es la resolución de segunda instancia. Cobra aplicación, la tesis I.3º.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, tomo XXX, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, diciembre de dos mil nueve, registro 165870, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO... Sobre el tema, se emitió la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos diez, tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, registro 199560, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL... Sirve de apoyo por lo que informa, la tesis I.3º.C. 769 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos noventa y dos, materia civil, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, con registro electrónico 165869, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO... Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo indirecto, respecto al acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande. V. Incompetencia respecto al acto indicado en el inciso b). Ahora bien, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es obligatorio, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerse se contravendrían las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 47 de la ley de amparo, se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. El citado precepto establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." De igual forma, es necesario destacar el contenido de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes. (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; (...) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". De los preceptos legales trascritos se desprende, por exclusión, que cuando los actos de autoridad reclamados no sean de los ahí previstos, esto es, sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin a juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que a contrario sensu hace concluir que cuando se reclamen esos actos procederá amparo directo. Resulta pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se advertirá: 1.- Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden algún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2.- Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario, y 3.- Los laudos son las resoluciones definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. El concepto de sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, se consagra en el artículo 170 de la Ley de Amparo. De tal manera, lo expuesto con antelación pone de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo son únicamente tres: a) sentencias definitivas, b) laudos y, c) resoluciones que ponen fin al juicio. Ahora bien, en el caso concreto, se está ante una resolución que pone fin a juicio, ya que el acto combatido lo constituye la resolución al recurso de queja, dictado el diez de enero de dos mil dieciocho, dentro del toca 46/2017, en la que el Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, confirmó el desechamiento acordado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, en el juicio 489/2017, y tuvo por no interpuesta la demanda promovida intentada. Ello es así, dado que el juicio inicio con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional, el cual concluyó con su desechamiento, mismo que fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal competente; por tanto, se aprecia que esta última resolución se refiere a aquellos actos contemplados por el artículo 170 de la Ley de Amparo, pues constituye una resolución que pone fin al juicio; por ende, lo procedente es declarar que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional. Sobre el tema se emitió la tesis de jurisprudencia 3ª./J.30/90, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ochenta y ocho, tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 207118, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Asimismo, por lo que informa la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco, tomo I, abril de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2008791, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)... En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 35 y 47, de la Ley de Amparo, éste Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Diana Leticia Zamora Jiménez, contra actos del Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá remitirse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el original del escrito inicial de demanda de amparo y copias de traslado, para que se provea lo conducente; solicitándole que una vez que obre en su poder, acuse el recibo correspondiente. Sirve de apoyo, por lo que informa la jurisprudencia número 2a./J. 65/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos cuarenta y seis, tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 195616, que estipula: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO... Asimismo, con copia de la demanda y de esta determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, lo anterior, para los efectos legales procedentes VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle H. Colegio Militar, número 1920, local 4 altos, colonia Las Fuentes, en esta ciudad, y autorizando únicamente para imponerse de autos a los licenciados señalados en el ocurso de cuenta, ello hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de Judicatura Federal. VII. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.

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