Diana Leticia Robles Silva

Expediente 236/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
236/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Diana Leticia Robles Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de abril de dos mil veintidós. Escrito. Se tiene por recibido el oficio signado por Diana Leticia Robles Silva, en su carácter de quejosa, en el cual solicita la devolución de diversos documentos presentados en su demanda de amparo; ahora bien, no ha lugar a realizar dicha devolución, toda vez que en el presente juicio de amparo no obran los documentos originales a que refiere en su escrito de cuenta. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de febrero de dos mil veintiuno. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental... Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, ..solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: .. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, conoció de la demanda de amparo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual, en proveído de seis de marzo de dos mil veinte, declinó competencia al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en esta ciudad. Correspondió el conocimiento de la demanda de amparo a este Juzgado Federal. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 236/2020-V-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, y se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional, en atención al artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la suspensión de labores decretada en los acuerdos 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virusSARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, por auto de once de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/23/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se estableció, entre otras situaciones, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con sede en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales, se señaló fecha y hora para que tuviere verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, éste fue emitido por autoridades con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la quejosa Diana Leticia Robles Silva, quien se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, es el siguiente: i. El auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, emitido en los autos del juicio especial hipotecario .. del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, promovido por ..cuyos derechos litigiosos pertenecen ahora a .. contra.en el que se ordenó la desocupación y entrega material por medio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, respecto del bien inmueble ubicado en avenida .en esta ciudad. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: .. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, y actuarios de su adscripción, pues al rendir su informe justificado, expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituyen confesiones expresas con valor probatorio pleno, para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroboradas con las constancias relativas al acto reclamado, que fueron allegadas a este contradictorio federal por el propio juzgador responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por su parte, las autoridades responsables Inspector de la Primera Comandancia de la Agencia de investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto de ejecución reclamado; sin embargo, al haber aceptado la existencia del acto reclamado la autoridad ordenadora, la negativa de la referida autoridad queda plenamente desvirtuada; por tanto, debe tenerse como cierto el acto atribuido. A su vez, la autoridad responsable Primer Comandante de la Policía Civil Coahuila, con destacamento en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado respecto del acto atribuido, pese a que fue legalmente emplazada al procedimiento, como se advierte de la constancia de notificación existente en autos; por lo que, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto atribuido. Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: . Esa hipótesis legal encuentra su origen en la fracción I del artículo 107 constitucional, conforme con la cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades instruido a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 1, con relación al diverso 5, fracción I de la Ley de Amparo. Esos dispositivos legales disponen, en lo conducente, el objeto del juicio de derechos fundamentales, así como que la parte quejosa será quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime titular del derecho subjetivo o interés legítimo, lo que ocurre cuando este acto lesiona su esfera jurídica, produciendo una afectación real y actual, en forma directa, o debido a su especial situación frente al orden jurídico. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, y por tanto, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir una afectación real y actual, teniendo en cuenta que el derecho que se aduce tener, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse a base de presunciones. De modo que, la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados en la que determina la afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afectan real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Si bien es verdad la reforma al artículo 107 constitucional sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; sin embargo, esa reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico, mediante el cual se exige al quejoso, que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste, como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. El interés legítimo se puede definir, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En el artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, el legislador estableció, en forma específica que: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". En suma, tratándose de este tipo de actos, como el que en la especie se analiza, es menester que la parte quejosa señale que es titular de un derecho subjetivo, y que con motivo del actuar de la autoridad, se le irroga una afectación de manera personal y directa; debiendo acreditar dicha circunstancia para que sea procedente la acción constitucional que vela el juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama, el proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en el que el juzgador responsable ordenó la desocupación y entrega material por medio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, respecto del bien inmueble ubicado en avenida Torre de Israel, número 10 de la colonia Las Torres, en esta ciudad. De las constancias existentes en el sumario, se advierte que el juicio especial hipotecario ., se sigue por .quien adquirió los derechos litigiosos de . contra . Por consiguiente, la quejosa Diana Leticia Robles Silva, no es parte en la controversia natural, y en tal sentido, debido al carácter que le resulta como tercera extraña al procedimiento, para hacer procedente el juicio de amparo, debe acreditar que los actos emanados en ese juicio le ocasionan en su esfera de derechos subjetivos, un agravio real y actual; circunstancia que no se actualiza en la especie. Es ilustrativa al caso, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena época, tomo vi, página 280, que señala lo siguiente: . Efectivamente, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, en los autos del juicio especial hipotecario ., en etapa de ejecución de sentencia, se dictó un proveído en el que se ordenó la desocupación y entrega material a la parte actora por medio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, respecto del bien inmueble ubicado en avenida Torre de Israel, número 10 de la colonia Las Torres, en esta ciudad. Luego, como la peticionaria del amparo no es parte en el juicio de origen, no cuenta con interés jurídico para reclamar el auto en el que se ordenó a la parte demandada en el juicio de origen la desocupación y entrega material del inmueble en cuestión, pues en todo caso, la ejecución de ese mandamiento se entendería con los citados demandados en el juicio especial hipotecario. Apoya lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 61, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, volumen 72, sexta parte, página 133, que establece lo siguiente: . Además, la ejecución material del proveído reclamado, tampoco afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues ésta tiene el carácter de tercera extraña al procedimiento, y como se refirió, para hacer procedente el juicio de amparo, debe acreditar que ese acto reclamado le ocasiona en su esfera de derechos subjetivos, un agravio real y actual, circunstancia que no acontece. La parte quejosa, a fin de acreditar la afectación a su interés jurídico, ofreció las probanzas siguientes: 1. Factura de servicio de taller respecto de un automotor, expedida por ., a nombre de . 2. Factura por cobro de línea telefónica, expedida por el entonces . a nombre de . 3. Recibo de pago por línea telefónica, expedido por Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, a nombre de Diana Leticia Rosales Silva. 4. Copia certificada de credencial para votar con fotografía a nombre de la quejosa .con clave de elector .0, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral. La parte quejosa, respecto de tales documentales, manifestó en el escrito de demanda, que se encuentran incorporadas al diverso juicio de amparo 928/2019-V-B del índice de este juzgado federal, y solicitó se estimen "como hecho notorio"; sin embargo, en términos de los artículos 2, 3, 119 y 121 de la Ley de Amparo, las mismas no se exhibieron directamente en este controvertido constitucional en original o a través de su copia certificada, a fin de estar en aptitud legal de realizar un juicio de valor respecto de su contenido. Esta regla trae como consecuencia la improcedencia del ofrecimiento con la pretensión que en un diverso juicio de amparo "se tengan a la vista al momento de resolver", las existentes en otro controvertido constitucional, porque, de actuar así, ello puede repercutir en la debida marcha del proceso del juicio a resolver, al tener autonomía e independencia por cuanto hace a sus elementos probatorios. Por tanto, si conforme a las reglas probatorias del juicio de amparo, resulta improcedente justipreciar en un juicio de amparo las probanzas ofrecidas en otro diverso controvertido constitucional, lógico es que resulta desacertado traer a cuenta, en el asunto en que se actúa, probanzas ofrecidas y admitidas en otro juicio de amparo, como lo pretende hacer valer la parte quejosa, bajo el simple supuesto que es un hecho notorio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 92/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, diciembre de 1997, página 20, que dispone lo siguiente: . No obstante lo anterior, tal como se refirió al resolver en definitiva el juicio de amparo 928/2019-V-B del índice de este juzgado federal, los medios de prueba apuntados, conforme lo dispuesto en los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa. Es así, pues las citadas probanzas sólo demuestran la existencia del domicilio ubicado en avenida . en esta ciudad; que la parte quejosa Diana . es titular de los servicios de telefonía; que en la negociación ., se realizó un servicio de taller respecto de un automotor, cuya factura se expidió a su nombre, y que tiene como domicilio electoral el señalado en la identificación oficial, pero no que, efectivamente, la quejosa tenga la titularidad del bien inmueble afecto o sea poseedora del mismo con un título que defina plenamente la calidad de su posesión, originaria o derivada. Efectivamente, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; de manera que la parte peticionaria del amparo tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción que tiene derecho a poseer el bien que se trate y no tener el carácter de simple detentador material del inmueble, ya que esa no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia II.2o.C. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1341, que establece lo siguiente: . Por consiguiente, la peticionaria del amparo no demostró fehacientemente la causa que generó la posesión del inmueble, y la simple detentación material de la finca no es la posesión que protege el artículo 14 de la Constitución Federal; por lo que, al no haberse acreditado la causa por la que la quejosa posee la finca, no puede tenerse por demostrado su interés jurídico para ocurrir a solicitar la protección constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 1/2002, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo xv, febrero de 2002, página 5, que señala lo siguiente: . De modo que, al resultar que la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, los razonamientos antes apuntados originan la insuficiencia de las referidas pruebas ofrecidas en el presente juicio de amparo. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo 82, octubre de 1994, página 17, que establece lo siguiente: . Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, la circunstancia que la parte quejosa hubiere manifestado que los hechos que le constan en la demanda de amparo, son "bajo protesta de decir verdad", pues ello no implica un indicio que acredite, aunque sea de manera presuntiva su interés jurídico, pues con tal circunstancia, no se le exime de la obligación de acompañar elementos de convicción que acrediten su dicho; lo que en la especie no aconteció. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 27/90, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo V, primera parte, enero a junio de 1990, página 229, que refiere lo siguiente: . Tampoco basta para tener por acreditado el interés jurídico, el hecho que la parte quejosa hubiere presentado la demanda, pues esto implica únicamente su pretensión de activar a este órgano jurisdiccional, pero no la comprobación que el acto reclamado lesione sus intereses jurídicos. Es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 28/90, sostenida por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo v, primera parte, enero a junio de 1990, página 230, del que dispone lo siguiente: . En conclusión, en autos no se encuentra acreditado que a la parte quejosa le asista un derecho legítimamente tutelado por la norma, y su sola manifestación es insuficiente para justificar la afectación de manera cierta y objetiva de sus derechos públicos subjetivos; por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Torreón; Inspector de la Primera Comandancia de la Agencia de investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza; Director de Seguridad Pública Municipal; y Primer Comandante de la Policía Civil Coahuila, todos con sede en esta ciudad, al no haberse combatido por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo II, segunda parte-2, julio-diciembre de 1988, página 690, que señala lo siguiente: .. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

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