Diana Leticia Cordero Ovando

Expediente 1217/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1217/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2018

Partes del expediente

  • Diana Leticia Cordero Ovando

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. 1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, (fojas 20-22), en el que se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 1.2. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.3. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL ... SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: QUE SIENDO LAS ONCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE RECIBIÓ EL TELEGRAMA ENVIADO POR EL JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN DOS DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE SAN CRISTÓBAL Y BOCHIL, CON SEDE EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, CON NÚMERO DE CONTROL INTERNO 14424, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL OFICIO 1196-IV, CON ANEXOS, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL; LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. DOY FE.

  3. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite original de la demanda de amparo promovida por Diana Leticia Cordero Ovando, constancia de emplazamiento a la tercera interesada, proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, oficio J2CSC/1605-B-2018, signado por la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y copia certificada del expediente 360/2017; en virtud de que el órgano colegiado en cita se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo, tocando conocer de la misma a este órgano federal; al efecto, con fundamento en los artículos 36, 47 y 52 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, acúsese recibo correspondiente. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1217/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que el Juez Segundo del Ramo Civil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, desecha el incidente de nulidad por falta de emplazamiento. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Así, del análisis de la demanda de garantías, se desprende que en el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 360/2017, relativo al incidente de nulidad hecho valer por la parte quejosa, la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Civil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, desechó el incidente de nulidad por falta de emplazamiento. Ahora bien, del análisis de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado consistente en el expediente 360/2017, se advierte que ese acto no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando la resolución reclamada como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III de la ley de la materia. Esto es así, toda vez que el auto impugnado emitido por la autoridad responsable en el que tuvo por desechado el incidente de nulidad por falta de emplazamiento de veinticinco de mayo del año en curso, del índice del Juez del orden común, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, el promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Tiene aplicación por analogía la tesis I.8o.C. 17 K, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Privada Marfil número 122, Fraccionamiento Monte Real de esta ciudad. Se tiene por autorizada en restringidos términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Yolanda Bautista Ramírez, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE QUEJOSA "...este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, acúsese recibo correspondiente. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1217/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que el Juez Segundo del Ramo Civil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, desecha el incidente de nulidad por falta de emplazamiento. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Así, del análisis de la demanda de garantías, se desprende que en el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 360/2017, relativo al incidente de nulidad hecho valer por la parte quejosa, la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Civil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, desechó el incidente de nulidad por falta de emplazamiento. Ahora bien, del análisis de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado consistente en el expediente 360/2017, se advierte que ese acto no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando la resolución reclamada como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III de la ley de la materia. Esto es así, toda vez que el auto impugnado emitido por la autoridad responsable en el que tuvo por desechado el incidente de nulidad por falta de emplazamiento de veinticinco de mayo del año en curso, del índice del Juez del orden común, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, el promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Tiene aplicación por analogía la tesis I.8o.C. 17 K, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Privada Marfil número 122, Fraccionamiento Monte Real de esta ciudad. Se tiene por autorizada en restringidos términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Yolanda Bautista Ramírez, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

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