Diana León Pedro

Expediente 312/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
312/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Abel Santiago Miguel
  • Diana León Pedro y Otros.
  • Diana León Pedro

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Adjúntese el escrito de la quejosa DIANA LEÓN PEDRO, representante común de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de marzo último, y toda vez que se encuentra pendiente de acordar respecto a la demanda de amparo; por tanto, al efecto se provee: Desechamiento de la demanda: Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, se destaca que del estudio integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que declaró infundado el incidente de falta de personalidad promovido por la parte quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 691/2019 del índice del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. De ahí que sea inconcuso, que el acto reclamado constituye un acto dictado dentro de un juicio, que NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, es decir, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de garantías, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los artículos 61, fracción XXIII, así como 107, fracción V, y 170, fracción I, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.". De la análisis sistemático de estos dispositivos, aplicado a contrario sensu, debe colegirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, dada la materia sobre la que versa la causa de improcedencia advertida y las razones en las que se sustenta el acto reclamado, lo primero que debe examinarse es el sistema establecido en la Constitución General, sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio. Al respecto, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Luego, la disposición en comento establece una previsión útil a transitar para encontrar y desentrañar el sentido de esa definición, pues indica categóricamente que las controversias de que habla el artículo 103 la Constitución de la República, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria con apego a las bases que prevé el diverso numeral 107. En congruencia con esta previsión Constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, pues establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta, procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Además define lo que debe entenderse por "acto de imposible reparación", como aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la fracción III, inciso a), del artículo 107 Constitucional, y los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Asimismo, que en la demanda correspondiente pueden controvertirse tanto las violaciones que se hubiesen cometido al dictar la sentencia, laudo o resolución reclamada, como aquellas que se hubiesen actualizado durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Bajo este orden de ideas, puede sostenerse que en el juicio de amparo directo, el acto reclamado siempre es una sentencia, laudo o resolución que pone fin al procedimiento, sin embargo, ello no impide combatir las violaciones procesales que se hubiesen actualizado durante el procedimiento. Lo que de suyo revela, la posibilidad jurídica de que las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. De acuerdo con lo anterior, es claro que las violaciones procesales están sujetas a dicho principio, pues el interesado no puede impugnarlas mediante juicios de amparo independientes, sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva y en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra plantear todas y cada una de dichas violaciones, desde luego, siempre que esas violaciones lleguen a trascender en el desenlace del juicio o del procedimiento. De lo anterior, se deducen las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. En contraposición a ello, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que declaró infundado el incidente de falta de personalidad promovido por la parte quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 691/2019 del índice del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Destacando que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Efectivamente, los actos como el que se reprocha en el presente sumario, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Es exactamente aplicable al caso la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Protección de Datos. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO... Número de expediente: 312/2021 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por DIANA LEÓN PEDRO, REBECA LEÓN PEDRO y ABEL SANTIAGO MIGUEL, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 312/2021. Ahora bien, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días siguientes a su legal notificación, con las copias respectivas para correr traslado a cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad, realicen lo siguiente: Único.- Indiquen a cuánto asciende la suerte principal demandada en el juicio ejecutivo mercantil 691/2019, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. Lo anterior, tomando en consideración que en la narración de su demanda de amparo, no especifican dicha cantidad, pues únicamente reclaman la interlocutoria pronunciada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y su ejecución. Se apercibe a los quejosos que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo establecido, se tendrá por no presentada la demanda, conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo Ahora, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Amparo, se nombra como representante común de los quejosos a DIANA LEÓN PEDRO; lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene la parte quejosa para designar a quien ostente tal representación. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle de Huerto las Flores, número trescientos dos, tercer piso, interior treinta y dos B, Fraccionamiento Trinidad de las Huertas, Oaxaca, y como autorizados únicamente para esos efectos a Rafael Mejía, Gabriel Orozco Regalado y Nayar Yaniret Mendoza Urbina, por así solicitarlo la parte quejosa Se tiene a la parte quejosa proporcionando el número telefónico 951 264 2382, y el correo electrónico asesoriacorporativa79@hotmail.com, para establecer el contacto respectivo en casos necesarios. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por DIANA LEÓN PEDRO, REBECA LEÓN PEDRO y ABEL SANTIAGO MIGUEL, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 312/2021. Ahora bien, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días siguientes a su legal notificación, con las copias respectivas para correr traslado a cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad, realicen lo siguiente: Único.- Indiquen a cuánto asciende la suerte principal demandada en el juicio ejecutivo mercantil 691/2019, del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. Lo anterior, tomando en consideración que en la narración de su demanda de amparo, no especifican dicha cantidad, pues únicamente reclaman la interlocutoria pronunciada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y su ejecución. Se apercibe a los quejosos que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo establecido, se tendrá por no presentada la demanda, conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo Ahora, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Amparo, se nombra como representante común de los quejosos a DIANA LEÓN PEDRO; lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene la parte quejosa para designar a quien ostente tal representación. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle de Huerto las Flores, número trescientos dos, tercer piso, interior treinta y dos B, Fraccionamiento Trinidad de las Huertas, Oaxaca, y como autorizados únicamente para esos efectos a Rafael Mejía, Gabriel Orozco Regalado y Nayar Yaniret Mendoza Urbina, por así solicitarlo la parte quejosa Se tiene a la parte quejosa proporcionando el número telefónico 951 264 2382, y el correo electrónico asesoriacorporativa79@hotmail.com, para establecer el contacto respectivo en casos necesarios. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. 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