Diana Laura Rodríguez García

Expediente 514/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
514/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Diana Laura Rodríguez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el proveído dictado en este juicio el tres de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el tres de mayo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. No existen documentos originales. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese por medio de lista; y por medio de oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se desprende que el plazo de tres días otorgado a las autoridades responsables mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, ha transcurrido sin que hubiesen informado dicho cumplimiento. Requerimiento. En tal virtud, previo en hacer efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciban el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, informen el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto es: ".a) Dejen insubsistente la negativa de otorgar la pensión por viudez contenida en los oficios terminación 009/2023 y 413/2023, de seis de enero y veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. b) Emitan una nueva resolución en la que analice el tema planteado, pero prescindiendo de considerar que por no tener el matrimonio la duración indicada -tiempo mínimo de matrimonio- resulta improcedente el otorgamiento de tal pensión por viudez, en términos de lo establecido en ésta resolución; hecho lo anterior, resuelvan lo que en derecho corresponda." Apercibimiento. En caso que de no hacerlo así sin causa justificada, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, misma que mediante ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintidós, fue revocada por el Tribunal de Alzada en la que decretó sobreseer en el presente juicio de amparo; asimismo, no fue promovido el incidente a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, dentro del término de seis meses que establece dicho precepto. Vista a las partes. En relación a lo anterior, dese vista a las partes, como lo establece el precepto invocado, por el plazo de tres días que se concede de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se ordenara devolver el billete de depósito a la parte quejosa. Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Andrés Cardona Pérez, en atención a su contenido se provee: Consulta de expediente y práctica de notificaciones vía electrónica. Con fundamento en los artículos 36 y 57 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa para consultar el expediente electrónico a través del usuario "hblancoz"; asimismo practíquensele las notificaciones de carácter personal vía electrónica a través de dicho usuario. Diversas manifestaciones. En atención a sus manifestaciones en el sentido de que solicita le sea devuelto el billete de depósito que refiere, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese por medio de lista y personalmente a las partes.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ***, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se decrete el sobreseimiento en el presente juicio de amparo ".al haber sobrevenido la causal de improcedencia conforme a los numerales 63 fracción IV y V, en relación al 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo.". Sobreseimiento. Ahora bien, tomando en consideración que de autos se advierte que obran los informes justificados rendidos por el Director de la entidad moral denominada ***, denominado comercialmente como *** y el Director Estatal de Profesiones de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, y sus anexos, de los cuales se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. A efecto de evidenciar lo anterior, es menester precisar en primer término que, del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa ***, reclama: 1. Del Jefe del Departamento de Registro y Certificación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí: - La omisión de emitir contestación a su escrito de seis de julio de dos mil veintidós. 2. Del Titular de la Dirección Estatal de Profesiones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí: - La omisión de emitir contestación a su escrito de veinte de julio de dos mil veintidós. 3. Del Director de la Universidad Vasconcelos clave 24PSU0129Z, ubicada en calle Iturbide número 415, Residencial Pavón en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí: - La omisión de entregar su título profesional y cédula de la maestría en Docencia y Dirección de Instituciones Educativas concluida en la generación 2018-2020. Al respecto, de las constancias que fueron acompañadas a los informes justificados, se advierte que con fecha once de abril del año en curso, le fue entregado a la quejosa el certificado original y título de la maestría en Docencia y Dirección de Instituciones Educativas, por parte de la Universidad José Vasconcelos. De igual modo, con fecha treinta y uno de marzo del año en curso, fue inscrito el título profesional referido ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, circunstancia que informó el Director Estatal de Profesiones de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, lo que se corrobora con la copia de la cédula profesional respectiva que fue exhibida. Documentos con valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al numeral 2° del último de los ordenamientos citados, en los que se aprecia que a la fecha, ya le fue entregado a la quejosa su título profesional y cédula de la maestría en Docencia y Dirección de Instituciones Educativas concluida en la generación 2018-2020 en la Universidad José Vasconcelos. De lo anterior, se colige que los actos reclamados han cesado en sus efectos, circunstancia que igualmente fue puesta del conocimiento de este juzgado por conducto del autorizado de la parte quejosa en su ocurso de cuenta. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de los actos reclamados han desaparecido de modo absoluto, pues los actos omisivos en estudio ya fueron subsanados por las citadas responsables, de tal suerte, que las cosas guardan un estado como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha la autoridad responsable Jefe del Departamento de Registro y Certificación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no haya rendido su informe de ley, respecto del cual se encuentra transcurriendo el término legal para hacerlo, según se desprende de la certificación que obra en proveído de dos de mayo pasado, pues si bien a ésta se le reclama la omisión de emitir contestación a su escrito de seis de julio de dos mil veintidós, sin embargo, en dicha misiva se solicitó se normalizara el procedimiento a efecto de que le fuera emitido su título profesional de la maestría en Docencia y Dirección de Instituciones Educativas concluida en la Universidad José Vasconcelos, ello encaminada a la emisión de su cédula y título profesional, circunstancia que ya ocurrió, por lo que con ello se destruye la violación constitucional reclamada, respecto de la omisión de dar contestación a su escrito de seis de julio de dos mil veintidós. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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