Diana Laura Pérez Hernández
Expediente 893/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Diana Laura Pérez Hernández
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veinticuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del aludido Consejo, a partir del veintiuno de diciembre de esta anualidad y hasta el once de enero de dos mil veintiuno; así como que este asunto es de aquellos catalogados "urgentes", acorde con lo dispuesto en el numeral 4, fracción IV, del invocado Acuerdo General, con independencia de haberse tramitado físicamente y/o electrónicamente, dado que se promovió contra actos relacionados a la libertad personal de la quejosa, por lo tanto, se continúa con el trámite correspondiente. En ese contexto, como se anotó en la certificación que antecede, ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de ocho de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido.En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa y ésta carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de octubre de dos mil veinte. Como de autos se advierte que la Actuaria adscrita a este Juzgado, emplazó a este juicio de amparo al tercero interesado **********; por tanto, téngase al citado tercero por emplazado al presente juicio; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, désele vista, con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Notifíquese.
- Principal
SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE OCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, en auxilio de la Justicia Federal, en términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, remite a este Juzgado la demanda de amparo, promovida por ******* a favor de ****** contra actos del Juez Primero de Control del Sistema Penal Acusatorio Oral de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche y otras autoridades, que en lo medular consisten en la orden de aprehensión y detención librada en contra de la referida agraviada. Se forma el expediente y se registra en el Libro de Gobierno bajo el número 893/2020-IV-B. Acúsese recibo. De conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los o´rganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que las labores de este órgano judicial, atenderán a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito toma el conocimiento de dicha demanda. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.": En ese sentido, se advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, atendiendo a los argumentos que a continuación se detallan. Los preceptos referidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Conforme a las disposiciones transcritas el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna otra disposición de la Ley de Amparo, en el caso particular la improcedencia deriva del artículo 15 de la citada ley, ya que dicha disposición establece que cuando se trate de los actos que describe y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; por tanto, para que cualquier persona promueva en nombre del directo quejoso es necesario que éste se encuentre imposibilitado para hacerlo, lo cual en el presente caso no se actualiza ya que de la lectura integral de la demanda, no se desprende esa circunstancia. En efecto, el acto reclamado consiste en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- Se reclama de la autoridad señalada como ordenadora, la falta de información respecto de la persona ************* B).- La posible orden de aprehensión y/o detención de los *********** Asimismo, del análisis integral de la demanda se desprende que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado el promovente ******** manifestó lo siguiente: "1.- (..) me encuentro enterado de que el día de hoy 30 de JULIO del 2020, ********** ya que fui debidamente contratado por los familiares de ********, en razón a que esta estuvo detenida y vinculada a proceso por los delitos de encubrimiento por receptación y operaciones con recursos de procedencia ilícita bajo el número de carpeta judicial ********, que lleva el juez segundo de control de este segundo distrito judicial del estado. Que el día 24 de agosto del presente año, mi representada se entera por vecinos del domicilio donde actualmente habita ubicado en calle Puerto de Progreso en la colonia renovación, en esta Ciudad del Carmen, Campeche, en donde le señalan que llegaron personas a las inmediaciones a su predio y preguntaron a diversos vecinos por mí, argumentaron ser policías judiciales sin referir el fuero, además de que le estaban buscando porque según tiene una orden de aprehensión en su contra, a lo cual me extraño mucho puesto que mi representada se encuentra cumpliendo con sus firmas ante la autoridad de medidas cautelares y no ha violentado restricción alguna que se le hizo en audiencia de revisión de medida cautelar. Es el caso que actualmente continúan camionetas de la fiscalía dando vueltas cerca de su predio y ante ello mi representada tiene temor fundado de que realmente exista una orden de aprehensión en su contra puesto que NO HA SIDO CITADA ANTE NINGÚN ÓRGANO INVESTIGADOR A RENDIR ENTREVISTA ALGUNA Y TAMPOCO SE LE HA DADO LA OPORTUNIDAD EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA, además de que se ha acudido a la vicefiscalía regional de esta Ciudad del Carmen, solicitando información de investigación alguna en carpeta diversa en contra de la C. DIANA LAURA PÉREZ HERNÁNDEZ, información que no han negado categóricamente, es por esa razón que solicitamos el amparo y protección de la justicia federal." En relatadas circunstancias, no se aprecia de ninguna manera que la agraviada (******) se encuentre imposibilitada para promover el amparo, ni mucho menos que éste sea menor de edad, aunado a que tampoco se acredita dicha circunstancia. Lo anterior, en atención a que -no obstante que señala como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra- dicho acto no se ubica en los supuestos de urgencia, como cuando se combaten actos que puedan importar peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ello, dado que la orden de aprehensión constituye un llamamiento forzoso a juicio del orden penal, equiparable al emplazamiento, donde se hace la presentación forzosa de una persona ante juez, para sujetarlo a su potestad y enderezar en su contra un procedimiento judicial en que se señala al reo como probable participe de un hecho con apariencia de delito. Además, aun cuando se afecte la libertad, esta deriva de un procedimiento judicial en el que se observan las formalidades esenciales que son necesarias para su defensa; lo cual, no ocurre con ataques que se realizan fuera de ese trámite, y que sí cobra el carácter de urgentes, dado que no hay certeza que un juez tutele la libertad ni de que se dé acceso a una defensa adecuada al detenido, lo que en el particular no ocurre, dado que lo relatado en la demanda evidencia que lo controvertido es la posible emisión de mandamiento judicial de captura en contra de ****** Entonces, tomando en consideración que el escrito de cuenta fue promovido por *********** a favor de la citada ******* sin que se desprenda de manera certera que ésta se encuentre imposibilitada para promover por propio derecho, tampoco que el promovente tenga el carácter de abogado defensor de la agraviada, dado que en el escrito de demanda claramente señala que fue contratado por la familia de la referida *****, pero no por ella; menos que esa designación se encuentre reconocida ante alguna autoridad ministerial o judicial; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, de ahí que deba DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO. Es aplicable al caso por analogía, la tesis con registro 223900, consultable en el Tomo VII, Enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 272, del rubro y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales". Derivado de lo anterior, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que se deja sin efecto la medida suspensional concedida por el juez auxiliar mediante acuerdo de veintiuno de septiembre pasado. Por otra parte, agréguense a los presentes autos los oficios y telegramas de la Vicefiscal General Regional, Agente del Ministerio Público de Guardia de Atención Temprana turno A1, Subdirector de la Agencia Estatal de Investigación y Agente del Ministerio Público de Delitos Graves, todos con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante los cuales rinden su informe previo; sin que sea el caso de hacer pronunciamiento alguno, por las razones expuestas en párrafos que anteceden. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el señalado en el proemio de su escrito inicial de demanda, y con todas las facultades establecidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado a la persona que ahí designa para tal efecto. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. ................................ Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena a la secretaria de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo materia del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente.
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