Diana Laura Marroquin Bayardo
Expediente 569/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Diana Laura Marroquin Bayardo
Actuaciones
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 453/2016-3, promovido R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. Desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta de mayo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio 4805 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta Ciudad; y juicio de amparo 458/2014-3, asimismo, envía copia certificada del testimonio de ejecutoria dictada en sesión de veinticinco de mayo del presente año, dentro de su recurso de revisión 243/2016 el cual en sus resolutivos establece: "ÚNICO. Se confirma la resolución recurrida dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto; que SOBRESEYÓ en el juicio de amparo indirecto 458/2016-3 promovido por CÉSAR OSVALDO HERNÁNDEZ OCHOA (por propio derecho) en contra del auto de vinculación a proceso de tres de noviembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 107/2015, del índice de la autoridad responsable Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca, Hidalgo; por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese." Confírmese la recepción del oficio de cuenta. Glósense los cuadernos incidentales dejando sin efectos la suspensión ahí concedida. Hágase la devolución del anexo al Juez responsable solicitando el acuse de recibo correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente asunto carece de relevancia documental, por lo que, el cuaderno principal y el duplicado del cuaderno incidental son destruibles, siendo el original del incidente depurable. Comuníquese lo anterior a las partes, realícense las anotaciones en el libro respectivo, glósese el cuaderno de antecedentes y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Diana Laura Marroquín Bayardo, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa II del Sistema Tradicional de la Delegación Hidalgo de la Procuraduría General de la República y otra autoridad, consistentes en: La determinación de ejercicio de la acción penal en contra de la quejosa, en la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH-V/503B/2015, que se inició por el delito de uso de documento falso; y, La ejecución de dicha determinación. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, bajo el número 569/2017-4. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Los extremos apuntados se actualizan en el caso de nuestra atención, porque este juzgador considera que el juicio es improcedente contra los actos reclamados, en tanto que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I; 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo. Esto, porque la determinación del ejercicio de la acción penal, como potestad exclusiva del Ministerio Público, conforme al artículo 21 constitucional (anterior a la reforma de 2008), no puede generar ninguna afectación al indiciado sino hasta que la autoridad judicial decide librar la orden de aprehensión; por tal motivo, aquella determinación no transgrede por sí misma ningún derecho fundamental. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, la acción constitucional procede contra actos de autoridad que agravien al gobernado, causándole un perjuicio en sus derechos legítimamente tutelados. Esos derechos se traducen en el interés jurídico o legítimo que se requiere para la procedencia del juicio de amparo. Respecto del ejercicio de la acción penal, debe decirse, como se apuntó en párrafos precedentes, que constituye una potestad exclusiva del Ministerio Público, que le ha sido reservada por el Constituyente permanente en el artículo 21 de la Ley fundamental. Mediante la determinación condigna o pliego de consignación, la autoridad ministerial da a conocer a la autoridad judicial por qué considera que existen bases para que se libre orden de aprehensión en contra del indiciado, con la finalidad de que, previas las formalidades esenciales del procedimiento, se le sujete al proceso penal y se le imponga la medida cautelar de la prisión preventiva. En consecuencia, la decisión del agente del Ministerio Público está condicionada a que la autoridad judicial analice si las pruebas que se recabaron en la averiguación previa arrojan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; supuesto en el cual librará la orden de aprehensión que le ha sido solicitada. Entonces, la determinación del ejercicio de la acción penal, por sí misma, no puede generar ninguna afectación a los derechos fundamentales del indiciado, porque no es el acto que le cause molestia o privación definitiva de los mismos; sino que será la resolución de la autoridad judicial penal la que en caso de que determine que existen bases para el libramiento de la orden de aprehensión, la que invada la esfera jurídica del gobernado, momento en el cual éste queda legitimado para acudir de inmediato a la instancia constitucional, para que, de existir las violaciones que se hayan cometido en la averiguación previa, se tutelen sus derechos. De puntual aplicación resulta la tesis aislada 1a. CXXXV/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En ese sentido, la determinación o pliego de consignación mediante el cual la Representación Social de la Federación ejerció acción penal en contra de la quejosa, por sí mismo no pueden causar perjuicio a la quejosa, ya que no se le priva de ningún derecho fundamental; por lo que habrá que esperar hasta que la autoridad judicial determine si existen o no bases para ordenar la captura de la indiciada, momento en el cual podrán ocurrir dos hipótesis: que se niegue la orden de aprehensión y por ende la esfera jurídica de la quejosa permanezca indemne; o bien, que se obsequie el mandato de captura, lo que generará la procedencia inmediata del juicio de amparo, por estimarse que ya existe una inminente afectación a derechos fundamentales que requieren ser protegidos. En conclusión, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda que se provee, al no ser posible que las circunstancias que la generan desaparezcan o se desvirtúen aun cuando se permita a la inconforme la oportunidad de aportar pruebas en el juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo establecido en su escrito de cuenta y por autorizados para tales fines a las personas que refiere. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido de la licenciada Ofelia Pérez Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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