Diana Laura Marroquín Bayardo
Expediente 1029/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Diana Laura Marroquín Bayardo
Actuaciones
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible..-. M-I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. CUMPLE ACLARACIÓN. Agréguese el escrito de cuenta. Se tiene a las quejosas Diana Laura y Claudia Marlene, ambas de apellidos Marroquín Bayardo, dando cumplimiento a la prevención formulada. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. En efecto, al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el acto reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). Es importante mencionar que, a partir de la publicación de la Ley de Amparo en vigor, la fracción V del artículo 107, establece un concepto más preciso para comprender de manera clara el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al señalar que por dichos actos se entienden "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De suerte tal, que con esa aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación de la que se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo, lo que ocurriría por ejemplo si quien tiene interés en una controversia no es llamada a juicio, pues de facto se negaría su derecho fundamental de audiencia y, por consiguiente, se vería imposibilitada a ejercer su derecho a defenderse. La segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El anterior criterio lo encontramos en la jurisprudencia P./J. 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede estimarse que contra el acto reclamado, consistente en la resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno dictada en la causa penal 183/2020, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dos de agosto del presente año, que negó la solicitud de las quejosas de suspender el termino de diez días para dar contestación a la acusación del agente del ministerio público hasta en tanto se hiciera el descubrimiento probatorio a las procesadas y sus defensores, proceda el juicio de amparo. Conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la posibilidad de impugnar vía juicio de amparo directo las violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral. Ha concluido que el tribunal de amparo uniinstancial debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de la sentencia definitiva sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. El Máximo Tribunal ha destacado las siguientes peculiaridades del procedimiento penal acusatorio: Las etapas se van sucediendo de forma irreversible; es decir, una vez que se supera una etapa no existe posibilidad de reabrirla; ello, atendiendo al principio de continuidad que rige esos procedimientos. Que expresados los argumentos por las partes durante la etapa que se trate, el juez de control emitirá el pronunciamiento que corresponda; y en caso de inconformidad, el imputado deberá acudir a los medios de defensa a su alcance, sin que este debate pueda ser retomado o reabierto posteriormente en otra etapa del procedimiento; pues ello trastocaría los principios fundamentales del procedimiento penal acusatorio, habida cuenta de que implicaría complicaciones y costos, tanto para las partes involucradas como para la operatividad del sistema de justicia penal. Que en el sistema tradicional era factible la reposición del procedimiento, debido a que el juez penal que recibía las constancias (consignación de la averiguación previa) era el mismo que dictaba sentencia; es decir, sin la intervención de una autoridad jurisdiccional intermedia y de enjuiciamiento, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento penal acusatorio. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. LI/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2017072, de rubro y texto: PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE. El procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en el principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. En efecto, el principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. Además, emitió, por reiteración, la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2018868, de rubro y texto: VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Indicó la Primera Sala del Máximo Tribunal que el hecho de que en el amparo directo no se pueda analizar la constitucionalidad de violaciones ocurridas en etapas previas no supone de ninguna manera que las cuestiones de ilicitud probatoria queden exentas de revisión; pues el criterio que ha sustentado simplemente consiste en que dichas cuestiones deberán ser debatidas e impugnadas durante las etapas correspondientes del procedimiento acusatorio. Lo anterior, con la finalidad de que los problemas de ilicitud probatoria sean atendidos sin comprometer la operatividad del sistema de justicia penal y sus principios fundamentales. En el asunto que nos ocupa el acto reclamado fue emitido en la etapa intermedia. Por tanto, se estima que la resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno dictada en la causa penal 183/2020, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dos de agosto del presente año, que negó la solicitud de las quejosas de suspender el término de diez días para dar contestación a la acusación del agente del ministerio público hasta en tanto se hiciera el descubrimiento probatorio a las procesadas y sus defensores, no es acto de imposible reparación. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, consiste exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Por tanto, las cuestiones que se susciten deberán ser debatidas e impugnadas durante las etapas correspondientes del procedimiento penal acusatorio. Sin embargo, ello no significa que contra todas las actuaciones que acontezcan en etapas anteriores a la de juicio y que tengan que ver con cuestiones adjetivas proceda el amparo, sino que ello ocurrirá cuando los actos produzcan una afectación material e inmediata de derechos del justiciable. En ese sentido, las decisiones tomadas por el juez de control respecto de la negativa de suspender el término otorgado para dar contestación a la acusación del agente del ministerio público serán susceptibles de combatirse hasta que trasciendan a los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo que ocurrirá una vez que se dicte el auto de apertura a juicio oral. En el caso, las quejosas solicitaron al juez de control, dentro de la causa penal 183/2020, la suspensión del término de diez días concedido para dar contestación a la acusación del agente del ministerio público hasta en tanto se hiciera el descubrimiento probatorio a las procesadas y sus defensores, solicitud que les fue negada mediante auto de dos de agosto del presente año. Contra esa determinación las quejosas interpusieron recurso de revocación; tal medio de defensa fue declarado improcedente mediante resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, confirmando el auto recurrido. Como se advierte, el acto reclamado fue dictado por el juez de control durante la etapa intermedia, motivo por el cual se considera que en su contra es improcedente el juicio de amparo, ya que no se afectan los derechos sustantivos de las quejosas. En el entendido de que las quejosas podrán reclamar el acto que estima vulnera sus derechos fundamentales a través del amparo indirecto que se promueva en contra del auto de apertura a juicio oral, pues será hasta ese momento en que el juez de control podrá analizar las violaciones procesales cometidas durante la etapa intermedia. En efecto, la resolución reclamada, en este momento, no ha producido una afectación personal y directa a la esfera de derechos de las quejosas. Será hasta que el juez de control dicte el auto de apertura a juicio cuando proceda el amparo indirecto en contra de esa determinación, en la que deberán impugnarse todas las violaciones cometidas en la etapa intermedia. Apoya lo anterior, la tesis aislada XXIV.1o.3 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2529, registro 2021020, de rubro y texto siguientes: VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL. Conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."; estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Diana Laura y Claudia Marlene, ambas de apellidos Marroquín Bayardo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA A LAS QUEJOSAS. Se tiene a la quejosa Diana Laura Marroquín Bayardo reiterando y a la diversa accionante Claudia Marlene Marroquín Bayardo señalando el usuario DianaLaura para recibir notificaciones. Con fundamento en los preceptos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese de alta el usuario de referencia a fin de que la quejosa Claudia Marlene Marroquín Bayardo pueda consultar el expediente electrónico y se le efectúen las notificaciones a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación....I
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