Diana Laura Marroquín Bayardo
Expediente 948/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Diana Laura Marroquín Bayardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible....M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Agréguense el oficio y anexos de cuenta y acúsese recibo. Hágase saber a las partes la recepción del testimonio de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el recurso de queja 235/2022, que en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto". Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponde y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis general de la demanda se advierte que el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se provee. En el caso, la quejosa reclama la omisión y negativa de entregarle el expediente clínico y/o copias certificadas del procedimiento administrativo que solicitó mediante escrito dirigido a la Directora y al Encargado del Departamento Jurídico del área Femenil del Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, el trece de mayo de dos mil veintidós. Respecto de ese acto se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.) La porción normativa contiene el principio de definitividad en materia administrativa, mismo que descansa en que la procedencia de la acción constitucional no es irrestricta, pues al ser el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario, procederá una vez que se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que dicha promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible. Debiendo tener presente que para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que se reclame un acto de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el presente caso, contra el acto del que se duele el quejoso procede la demanda de tal omisión ante el juez de ejecución competente, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En principio, conviene mencionar que los artículos artículo 18, párrafo segundo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución General, prevén las directrices básicas del sistema penitenciario y de la competencia exclusiva de la autoridad jurisdiccional en la ejecución de penas. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un sistema de impugnación conformado por procedimientos administrativos y jurisdiccionales a fin de salvaguardar los derechos de los sujetos relacionados con la etapa de ejecución el procedimiento penal. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces penales de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar a la autoridad jurisdiccional como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. En el caso la aquí quejosa reclama la omisión y negativa de entregarle el expediente clínico y/o copias certificadas del procedimiento administrativo que solicitó mediante escrito dirigido a la Directora y al Encargado del Departamento Jurídico del área Femenil del Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, el trece de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, tales actos son susceptibles de ser modificados, revocado o nulificado por el Juez de Ejecución competente, conforme a los numerales 107 y 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, las porciones normativas en mención refieren: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." De la anterior transcripción, se tiene que las personas privadas de la libertad pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; asimismo, que en caso de que la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. En ese contexto, se estima que el acto aquí reclamado constituye una omisión y negativa de las autoridades penitenciarias responsable, de contestar la petición de la quejosa, quien se encuentra privada de su libertad, relativa a otorgarle copias certificadas del procedimiento administrativo que refiere y/o expediente clínico. Por tanto, es evidente que, ante tal omisión la quejosa debió acudir ante el juez de ejecución competente, quien de conformidad con los numerales invocados puede resolver tal demanda. En consecuencia, si la amparista no acudió a demandar la omisión aquí reclama ante el juez de ejecución competente, resulta patente que se actualiza de forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por **. NOTIFICACIÓN DE LA QUEJOSA. En virtud de que la accionante se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, se faculta al actuario adscrito para que se constituya en el referido centro penitenciario y, una vez que localice a ***le notifique personalmente el presente auto, debiendo correr traslado con copia autorizada....M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de agosto de dos mil veintidós. ADMISIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Agréguese el oficio de cuenta. Se tiene a la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio a través del cual se remitió el recurso de queja interpuesto contra el auto de seis de julio de dos mil veintidós, así como copia certificada del juicio de amparo 948/2022-I-B, e informando que se admitió el medio de impugnación y fue radicado bajo el número 235/2022...M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de julio de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Vista la razón actuarial de cuenta, se tiene a la quejosa Diana Laura Marroquín Bayardo interponiendo recurso de queja contra el auto de seis de julio de dos mil veintidós. 2. Una vez que se notifique a la recurrente el presente auto, sin necesidad de acuerdo previo, envíense al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, (i) el informe sobre la materia de la queja; (ii) el original del escrito de agravios; y, (iii) copia certificada del expediente en que se actúa. NOTIFICACIÓN DE LA QUEJOSA. En virtud de que la accionante se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, se faculta al actuario adscrito para que se constituya en el referido centro penitenciario y, una vez que localice a Diana Laura Marroquín Bayardo le notifique personalmente el presente auto, debiendo correr traslado con copia autorizada..M-I
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