Diana Laura Lestrade Rodriguez

Expediente 1248/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1248/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
23/12/2020

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco
  • Diana Laura Lestrade Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre del año en curso, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la notificación del presente proveído remita copia certificada y legible de las constancias de notificación ordenadas en auto de nueve de septiembre del año en curso, asimismo, informe los actos realizados para dar impulso al cumplimiento del fallo protector, remitiendo constancia fehaciente. Ello para estar en posibilidad de dar seguimiento a los actos realizados, tendentes al cumplimiento de la sentencia de amparo.

  3. Principal

    Por este medio notifico a la parte quejosa las resoluciones de trece y veintinueve de octubre de dos mil veinte, toda vez que no acudió a notificarse personalmente de las mismas, no obstante de habérsele dejado citatorio para tal efecto. La resolución de trece de octubre de dos mil veinte, a la letra dice: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en tres de octubre de dos mil diecinueve, se reservó proveer respecto de las pruebas pericial en materia de topografía, testimonial e inspección judicial anunciadas por la parte quejosa, hasta en tanto se encontraran emplazadas la totalidad de las partes, y toda vez que dicha circunstancia ya aconteció, se levanta dicha reserva y se provee: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciado en tiempo y forma las pruebas pericial en materia de topografía y testimonial. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 120 de le Ley de Amparo, se tiene como perito de la parte quejosa de mérito al diestro ***, quien deberá ser citado por conducto del Actuario Judicial de este órgano jurisdiccional, para efectos de que acuda a este juzgado de Distrito a las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, sito en la Ciudad Judicial Federal localizada en Periférico Poniente Manuel Gómez Morín número 7727, Edificio X1, segundo piso, Zapopan, Jalisco, a aceptar y protestar el cargo conferido, de acuerdo a lo previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se integrará la prueba únicamente con los peritos que emitan dictamen. En ese sentido, atento a lo preceptuado en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en la notificación que se practique de la presente determinación a las partes, hágase entrega del Código QR, respectivo, para el ingreso al edificio a las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Con motivo de ello, gírese oficio, a la Administración Regional en Jalisco del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de correo electrónico, a efecto de notificarle la aludida cita a fin de coordinar con el área de seguridad de este inmueble, para facilitar los accesos en la fecha y hora de la diligencia. Por tanto, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no cuenta con diestro en la materia topográfica con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese oficios correspondiente al Coordinador General Interinstitucional y de Dictaminación Pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y Delegado de la Fiscalía General de la República del Estado de Jalisco, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, dentro del término de tres días, proporcionen el nombre del funcionario que pueda fungir como perito en materia topográfica en el presente juicio de garantías, el que deberá presentarse ante la presencia judicial a efectos de la aceptación del cargo conferido, en ese mismo término, lo anterior en atención a lo que dispone el artículo 50, fracción XV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establece como obligación del Ejecutivo Estatal, entre otras: "Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite para el ejercicio de sus funciones. (.)"; aunado a que el numeral 90 del referido Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales, en las averiguaciones de la verdad; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase del conocimiento del Coordinador General Interinstitucional y de Dictaminación Pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y del Delegado de la Fiscalía General de la República del Estado de Jalisco, que el auxilio que se solicita es de carácter excepcional; por lo que, como se señaló, en aras de una impartición de justicia federal rápida y expedita, tal y como lo dispone el numeral 17 constitucional, es por ello que resulta necesario brinden su apoyo a este juzgado de Distrito. Asimismo, a fin de dar oportunidad a que el resto de las partes estén en posibilidades de designar perito que los asista en el desahogo de la prueba antes referida, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, designen experto para que se asocie al nombrado por este tribunal, o rinda dictamen por separado, apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que les es concedido, perderán su derecho a realizar tal designación y la referida prueba se integrará tan sólo con los dictámenes que obren en autos. De igual forma en el acto de la notificación que se practique a las partes, se ordena correrles traslado con copia del cuestionario correspondiente a la prueba pericial mencionada para que puedan formular por escrito las adiciones que estimen pertinentes, apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que se les otorga para designar perito, la prueba se desahogará conforme al cuestionario propuesto inicialmente. Ahora bien, respecto a la prueba de inspección judicial ofrecida, este juzgador considera que se debe desechar por inconducente de acuerdo a las razones que enseguida se exponen: Al respecto, el más alto tribunal de la República, ha señalado que el Juez de Distrito está facultado para desechar las pruebas, cuando considere que no tienen relación con el objeto por demostrar, esto es, cuando no son congruentes o no resultan idóneas. Por otra parte, los artículos 79, 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. ...". "Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.". "Artículo 85. Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son renunciables.". "Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho.". Del contenido de los preceptos legales transcritos, se desprende que para conocer la verdad, el Juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley, y que tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que las pruebas ofrecidas tengan relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo. Luego, resulta inconcuso que la referida probanza que se desecha, no es conducente teniendo en cuenta el acto reclamado y la finalidad que persiguen. A lo anterior, Hernando Devis Echandia, dice: "Principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba. Puede decirse que éste representa una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o inidóneos. De esta manera se contribuye a la concentración y a la eficacia procesal de la prueba.". (Teoría General de la Prueba, 5a. ed., tomo I, página 133). Pues bien, este principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el ya transcrito artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta supletoriamente aplicable en este examen. Por tanto, debe considerarse que las pruebas, de las permitidas por el artículo 143 de la Ley de Amparo, para ser admitidas, deben tener relación inmediata con los hechos controvertidos", como establece el artículo 79 del código invocado, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como, en este caso, las ofrecidas por la promovente, cuando se advierte de sus pretensiones que con su desahogo se advierte que son inconducentes y/o incongruentes, con los actos reclamados. Al tema, cabe invocar la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 81, tomo 18, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "PRUEBAS INCONGRUENTES.- Es cierto que el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley, según lo establece en su primera parte el artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles; pero también lo es que sólo deberán de recibirse aquellas que conforme a la ley tengan tal carácter, es decir, procedentes para el objeto que se propusieron y no las que sean incongruentes con los hechos que se controvierten o se promuevan de modo indebido.". Por tanto, es cierto que de acuerdo a las disposiciones transcritas, en el presente juicio de garantías deben admitirse las pruebas de marras, sin embargo, también es verdad que esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es ilimitada, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que los medios de convicción ofrecidos necesariamente tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes transcrito, de tal manera que si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla. Se cita al respecto por las razones que la integran, la jurisprudencia 41/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, consultable en la página 157, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y texto rezan: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez.". De igual manera es sustentable lo anterior en la tesis que se lee en la página seiscientos veintiuno del Tomo III, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que señala: "PRUEBAS INCONDUCENTES. DEBEN DESECHARSE POR SER CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL. En materia procesal destaca el empleo por parte del juzgador de diversos principios generales del derecho, entre los cuales se hallan lo de preclusión, exhaustividad, buena fe, congruencia, eventualidad y el de economía procesal. Precisamente por efecto de este último, es deber del órgano jurisdiccional asegurarse de la celeridad de los procedimientos y de la pronta decisión de los pleitos ante él ventilados. Y resulta evidente que dichos propósitos no se cumplirían si durante el juicio de amparo se admitieran pruebas ofrecidas por las partes que no condujeran a acreditar los extremos de la acción y excepciones deducidas en el proceso, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final, por lo cual, resulta ajustado a derecho el desechamiento que de estas pruebas se decrete por razones de economía procesal." Ello es así, si se toma en consideración que el acto reclamado consiste en la omisión de emitir el decreto expropiatorio consistente en el tramo ***, específicamente a la altura donde se ubican las tierras sujetas al régimen ejidal del nucleo agrario demandante; en ese orden, se considera que la prueba de inspección judicial consistente en la fe que habrá de dar el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional de las superficies afectadas al ejido quejoso, con motivo de la construcción de la carretea federal MEX-35, resulta inconducente, pues dicha información será corroborada con la prueba pericial en materia de topografía admitida en este mismo auto; es decir, no es necesario que el actuario judicial acuda a dicho predio, pues el objeto de este medio de convicción alude a conocimientos técnicos, propios de la prueba en materia topográfica, ofrecida en autos. En consecuencia, se desecha la prueba de inspección judicial anunciada por el quejoso Por otra parte, en cuanto a la PRUEBA TESTIMONIAL que ofrece, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se requiere la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione los nombres de los atestes que deberán declarar al tenor del cuestionario que propone, a fin de que las demás partes en el presente sumario, así como el suscrito Juzgador, tengan conocimiento preciso de las personas que prestarán testimonio, para que de esta manera se esté en aptitud de determinar su idoneidad y permitir en su caso que se formulen y preparen con la debida oportunidad las repreguntas, ya sea por escrito o de manera verbal, o en su caso, preparar la impugnación de dicha idoneidad, lo que se traducirá en otorgar a cada una de las partes la misma igualdad procesal para hacer valer sus derechos y ejercer sus defensas, brindándoles así certeza jurídica; se le apercibe que en caso de no cumplir con el anterior requerimiento, dentro del lapso que para tal efecto se le otorga, se le tendrá por desinteresado de dichos medios de convicción y por perdido el derecho a su desahogo. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia número P./75/2001, que se lee en la página 47, tomo XIII, Junio del 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES REQUISITO DE FORMA QUE AL OFRECERSE, SE PROPORCIONE EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS.- Una correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, inspirada en los principios de seguridad, igualdad y certeza jurídica, en relación con lo previsto en los artículos 165, 167, 174, 176, 179 y 182 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella ley, en términos de su artículo 2º, conduce a evidenciar que si bien dichos preceptos no establecen la obligación de dar el nombre de los testigos, de su análisis se infiere que el Juez deberá conocer el nombre de aquéllos, a efecto de llevar a cabo la preparación de dicha prueba, ya sea a virtud de los que deba citar, de sustanciar un exhorto, o bien, al protestarlos, por lo que el oferente de la prueba testimonial deberá, previamente a la celebración de la audiencia constitucional, proporcionar el nombre de las personas que rendirán su testimonio, a fin de que las partes en litigio constitucional, así como el Juez Federal, tenga conocimiento, con precisión, de las personas que lo prestarán y de esta manera estén en aptitud de determinar su idoneidad, permitiendo que se formulen y preparen oportunamente, por escrito o verbalmente, las repreguntas y, en su caso, la posible impugnación de dicha idoneidad, lo que se traducirá en otorgar a las partes la misma igualdad procesal para hacer valer sus derechos y ejercer sus defensas, brindándoles así certeza jurídicas, circunstancia esta que no puede tenerse por satisfecha si la probanza se ofrece sin la indicación de los nombres de los testigos, por lo que en este supuesto deberá requerirse al oferente a efecto de que subsane tal omisión". Finalmente, para dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, la continuación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y para su verificativo se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.". El acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil viene, dice: "Visto el oficio de cuenta signado por el Director General del Centro SCT Jalisco, mediante el cual en atención al proveído de trece de octubre de este año, realiza adiciones al cuestionario formulado por la parte quejosa y se adhiere al dictamen pericial que en su momento realice el perito oficial designado por este juzgado; al respecto, se provee: agréguese a los autos el escrito de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar; y, tomando en consideración que el referido escrito se presentó dentro del término de tres días previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo; téngase por hechas en tiempo y forma las adiciones para el desahogo de la prueba pericial ofrecida en el juicio de amparo en el que se actúa. Por tanto, córrase traslado a las partes con copia del escrito que contiene las adiciones al cuestionario respectivo, para los efectos legales conducentes.".

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, Ahora bien, asimismo atento a la circular DGGJ/0012/2020, signada por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de diez de julio de dos mil veinte, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los cuales se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas en aras de preservar la salud e integridad del personal evitando el contacto físico entre los servidores públicos; y con fundamento en el artículo 3 del Acuerdo emitido por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal el doce de junio del año en curso que habilita el uso de la FIREL en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que emitan, y el uso del correo institucional como comunicación oficial, remítase vía electrónica el oficio correspondiente con los datos necesarios para el registro y turno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunal Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través del correo electrónico siguiente: guadalupe.solorzano.aguayo@correo.cjf.gob.mx; a fin de que lo turne conforme a la normatividad vigente (de manera aleatoria o relacionada) y remita a este órgano jurisdiccional la boleta de turno por correo electrónico a este órgano jurisdiccional, para identificar el Órgano Colegiado al que le fue turnado el asunto. Y, una vez que se cuente con la información respecto del Tribunal Colegiado que le tocará conocer del recurso, sin previo acuerdo se le dará acceso al presente juicio de amparo, a efecto de estar en posibilidad de resolver el referido recurso de inconformidad. Se instruye al secretario adscrito para que integre al expediente físico el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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