Diana Laura García Basaldúa
Expediente 1225/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/01/2022
Partes del expediente
- Diana Laura García Basaldúa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. I. Estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra del auto de once de enero del año en curso, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino de Expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones Se hace la aclaración, que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento original que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese; y por oficio a la Junta Responsable.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de enero de dos mil veintidós. I. Cumple requerimiento. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro; mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado por auto de tres de enero del año en curso, y al efecto remite las constancias solicitadas, mismas que con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte y serán relacionadas en la audiencia de Ley. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de las constancias que remitió la citada autoridad responsable, como apoyo a su informe justificado y al comunicado que se provee, se advierte que a través del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento laboral .............., la responsable dictó el acuerdo admisorio de pruebas y lo notificó a las partes el siete de enero del año en curso, por lo que se hace patente la actualización de una causal de sobreseimiento del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y como consecuencia, en el caso procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Para dar sustento a lo anterior es necesario señalar que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "LA NORAMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAME: por la naturaleza del acto reclamado, la paralización total del juicio desde el 16 de junio del 2021, y con ello la omisión por parte de la Autoridad Responsable a emitir el Acuerdo Admisorio de Pruebas correspondiente, dentro del juicio laboral ............., no obstante que transcurrió en exceso el término legal para la emisión del mismo y las constantes solicitudes por parte del trabajador actor." En tal virtud, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que el acto de autoridad que motivó la instauración de la demanda de amparo, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de la actuación. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Como se adelantó la parte quejosa reclama esencialmente de la responsable, la paralización del expediente laboral de origen, particularmente, la omisión de emitir el acuerdo admisorio de pruebas. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, se advierte que a través del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable dictó el acuerdo admisorio de pruebas en el procedimiento laboral .............., y notificó a las partes dicho auto el siete de enero del año en curso; de ahí que, con el pronunciamiento del referido auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se hace inconcuso que el acto del cual se dolía (omisión de emitir el acuerdo admisorio de pruebas), ha dejado de afectar la esfera jurídica del particular, puesto que la Junta responsable ya se pronunció sobre la admisión de la pruebas en el expediente origen, además, que dicho actuar fue notificado a las partes el siete de enero del año en curso. De ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia en estudio; y por ende, en el caso ya no existe la omisión que la parte quejosa alegó en su escrito de demanda. Así, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que al ser así, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte peticionaria del amparo, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, se impone necesario sobreseer el presente juicio fuera de audiencia en términos del artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con el acto que atribuye a la Junta Especial 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro. Consecuentemente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con la misma, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Asimismo, es importante señalar, que las causas de improcedencia por las que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo I, página cuatrocientos ochenta y siete, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis I.2°.C.1.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, mayo de dos mil trece, visible en la página mil setecientos setenta y uno, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Robustece a lo determinado, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de enero de dos mil veintidós. I. Estado de Autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las constancias que acompañó el Presidente de la Junta Especial 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, a su informe justificado, devienen insuficientes para resolver el presente sumario. II. Se requiere por constancias. Atento a lo anterior, a fin de estar en condiciones de integrar y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, requiérase la citada Fiscal responsable para que en el término no mayor de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes, que fue ordenada en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, las cuales deberán estar completas y legibles, o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237 y 238 de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con el requerimiento formulado, se le impondrá multa por CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." IV. Diferimiento Constitucional. En consecuencia, para dar lugar a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y por oficio a la Junta Especial 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. I. Informe justificado. Vista la cuenta, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. II. Pruebas. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, se tiene como pruebas de su parte las que acompaña a su informe, mismas que serán relacionadas en la audiencia de Ley. Notifíquese.
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