Diana Laura Calleja Segura
Expediente 1567/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1567/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Diana Laura Calleja Segura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, remite copia certificada del oficio 4005/2023 recordatorio dirigido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, a fin de que devuelva el exhorto marcado con número 15506/2022 de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. En tales condiciones, ténganse a la citada autoridad informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se le reitera su obligación de tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos de la sentencia proteccionista, máxime que nos encontramos en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, dicte de inmediato las medidas necesarias tendientes a lograr que se emplace al demandado en el juicio laboral Instituto de Salud de Bienestar con sede en la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente laboral 830/E/2021; lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa mediante el cual solicita se requiera el cumplimiento a la sentencia de amparo, en atención a lo peticionado por el referido profesionista dígasele se esté a lo acordado en la presente determinación. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1567/2022, promovido por Diana Laura Calleja Segura; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado en la misma fecha, compareció Diana Laura Calleja Segura, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de emplazar al demandado Instituto de Salud de Bienestar, en su domicilio ubicado en la Ciudad de México, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de septiembre del presente año, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo el número 1567/2022, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias allegadas por la responsable, se obtiene que lo que se le reclama es lo siguiente: La omisión de emplazar al demandado Instituto de Salud de Bienestar con domicilio en la Ciudad de México por parte de la responsable. TERCERO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede abordar el estudio de fondo del asunto. CUARTO. Conceptos de violación. Los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, son los que se contienen en la demanda, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. QUINTO. Estudio. No existiendo diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes o que el suscrito advierta, se procede a examinar el fondo del presente asunto, estimando este Juzgado que los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa resultan fundados por cuanto hace a la omisión de emplazar al demandado Instituto de Salud de Bienestar con sede en la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente laboral 830/E/2021, puesto que con lo anterior, la autoridad responsable viola el derecho fundamental de administración de justicia pronta; y en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución. En relación a ese derecho fundamental, el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional, que contiene el derecho humano de seguridad jurídica, dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, el numeral antes transcrito establece como derecho humano, que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Y, respecto a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro siguiente: En otras palabras, el derecho fundamental en estudio, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, una vez establecido que el Alto Tribunal ya definió con precisión el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos, se efectúen en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En ese orden de ideas, son fundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. En efecto, el impetrante se duele de la omisión de la autoridad responsable de emplazar al demandado en el juicio laboral Instituto de Salud de Bienestar con sede en la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente laboral 830/E/2021. Entonces, si en el presente caso la autoridad responsable el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, ordenó emplazarse al demandado en el juicio laboral por conducto del Actuario Adscrito al Tribunal responsable, pero omitió acreditar que ya emplazó a dicha parte, dentro de los términos de ley, -que de acuerdo al artículo 111 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, la autoridad responsable cuenta con el término de tres días hábiles para realizar dicho acto procesal-, de ahí que se vulnera el derecho humano de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 constitucional, y su actuar resulta contrario a las obligaciones que le impone la disposición constitucional invocada, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia Artículo que se transcribe para una mayor comprensión: "Artículo 111.- La demanda, la citación para absolver posiciones, de declaratoria de caducidad, el laudo y acuerdos con apercibimiento, se harán personalmente a las partes; las demás notificaciones se harán por estrados. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen, se realizarán por los Actuarios del Tribunal o mediante oficios enviados con acuse de recibo. Todos los términos correrán en días hábiles a partir del siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento, cuando la realización o práctica de un acto procesal o el ejercicio de un derecho no tenga fijado término, éste será el de tres días hábiles. Cuando el domicilio del demandado se encuentre fuera del lugar de residencia del Tribunal, éste podrá ampliar el término de que se trate en función de la distancia a razón de un día por cada cuarenta kilómetros o fracción que exceda de la mitad." Pues no pasa desapercibido para este juzgador que si bien, la responsable allega el oficio donde se ordena girar exhorto a fin de emplazar al demandado en el juicio laboral Instituto de Salud de Bienestar con sede en la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente laboral 830/E/2021, lo cierto es que dicha actuación no basta para colmar la omisión que reclama la parte quejosa, pues no existe constancia en autos con la que se acredite que dicho demandado se encuentre notificado del exhorto que le fue remitido por parte de la autoridad responsable. Por consiguiente, al estar demostrada la omisión combatida en los términos aducidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita para el efecto siguiente: El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, dicte de inmediato las medidas necesarias tendientes a lograr que se emplace al demandado en el juicio laboral Instituto de Salud de Bienestar con sede en la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente laboral 830/E/2021; lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Diana Laura Calleja Segura, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y Actuario Adscrito, con sede en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los razonamientos expuestos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; consecuentemente, con su oficio y anexos que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Finalmente, se agrega la intervención ministerial signada electrónicamente por el licenciado Rafael De Santillana Gómez, Agente del Ministerio Público de la Federación Revisor, Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en materia de amparo adscrita a este juzgado; y en atención a su contenido, ténganse por formulados los alegatos a que se refiere en el escrito que se provee y con los mismos dese nueva cuenta en la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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