Diana Katherine Díaz Morantes

Expediente 861/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
861/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Diana Katherine Díaz Morantes

Actuaciones

  1. Principal

    "Mesa 1" "Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil veintidós. -SE REMITEN PROMOCIONES A HOMÓLOGO- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, intégrese a los autos los oficios procedentes del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Sin embargo, atendiendo a que en proveído de cinco de septiembre pasado no se aceptó la competencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo génesis del presente asunto, en obvio de mayores dilaciones, previa copia que se deje en autos, remítanse los comunicados de cuenta a dicho órgano, a fin de que provea lo que en derecho corresponda. -NO INSISTEN EN COMPETENCIA- Por otro lado, glósese a los autos el comunicado procedente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México por medio del cual informa que no insiste en declinar competencia e n favor de este órgano de control constitucional para conocer del juicio de amparo 1494/2022-II de su estadística; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. -ARCHIVO- De conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.****************Notifíquese

  2. Principal

    MESA "1" Ciudad de México, cinco de septiembre de dos mil veintidós. -Se reciben constancias- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, intégrese a los autos el oficio 64114/2022, procedente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que se adjunta el juicio de amparo 1494/2022, de ese índice; en virtud de la competencia declinada en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por -------------------, en favor de ----------------------------------. Atento a lo anterior, acúsese recibo electrónicamente, fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno con el número -----------. -No se acepta competencia- Previo a realizar pronunciamiento alguno en relación a la competencia planteada en favor de este órgano de control constitucional, conviene destacar que la remisión de las constancias descritas obedece a que el Juzgado en cita declinó competencia (por razón de materia) bajo el siguiente argumento: ".carece de comtencia legal por materia para conocer de la demanda de ampao, de los actos consistentes en: la inminente deportación o expulsión, detención, presentación y aseguramiento de la quejosa, sin haberse seguido un procedimiento; ya que conforme a la disposición legal transcrita los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que provengan de cualquier autoridad que afecten la libertad personal de los agraviados y que, en su caso, impliquen hasta su expulsión del territorio nacional o deportación a su país de origen, además, del escrito de demanda se aprecia que los actos reclamados se encuentran relacionados con actos de naturaleza penal al hacerse derivar de una inminente orden de deportación emitida por la autoridad migratoria." Para sustentar la incompetencia planteada, se tiene en consideración el contenido 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la interpretación de la disposición transcrita, se aprecia como regla general, la competencia de los jueces de Distrito en Materia Penal, para conocer de los actos de autoridad que impliquen una afectación a la libertad personal del gobernado, así como, de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, excepción hecha de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Asimismo, contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. En términos generales, cuando se promueve el juicio de control constitucional contra actos de autoridad desplegados con la finalidad de ejercer la facultad "sancionadora" del estado, también conocida como "ius puniendi". Expuesto lo anterior, una vez analizados los argumentos vertidos por la juzgadora declinante, debe señalarse que -de manera respetuosa- no se comulga con su postura en atención a lo siguiente. Como cuestión inicial, cabe señalar que-----------------------------, accionó la justicia constitucional a nombre de ----------------------- por estimar que los siguientes actos son violatorios de derechos: 1. La apertura y substanciación del procedimiento administrativo migratorio en perjuicio de la directa quejosa. 2. La Determinación de alojamiento de la quejosa en el lugar en el que se encuentre. 3. La emisión y ejecución del acuerdo de presentación del cual derivó al alojamiento o detención en Estación Migratoria. 4. La orden de deportación, devolución, retorno asistido o expulsión en contra de la quejosa, derivada del procedimiento administrativo de migración iniciado. 5. Violación al derecho de libre circulación en territorio mexicano, conforme al artículo 11 Constitucional. 6. Violación al derecho de libertad. 7. La desaparición forzada de la quejosa, derivado de la incomunicación a la que es sometida. Por su parte, la exégesis del segundo de los numerales transcritos revela que corresponde al juez de Distrito en Materia Administrativa conocer de las demandas de amparo que, se promuevan, entre otras, contra los actos provenientes de una autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales, o de aquellos derivados de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de éste o después de concluido; contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa; o de autoridad distinta a la judicial; o contra de los emitidos por tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido. Establecido lo anterior y con base en los antecedentes narrados, este Juzgado de Distrito estima que los actos reclamados constituyen propiamente actos meramente administrativos, ello, debido a que de la lectura de los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que los actos que se reclaman derivan propiamente del apertura y substanciación del procedimiento administrativo migratorio en perjuicio de la directa quejosa. En atención a lo anterior, se invoca el numeral 222 del Reglamento de la Ley de Migración, el cual señala: "Artículo 222. En todos los casos en que una persona extranjera sea puesta a disposición de la autoridad migratoria deberá iniciarse el procedimiento administrativo migratorio. Dicho procedimiento se regirá conforme a la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas extranjeras tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español, y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas." Como puede observarse de las manifestaciones plasmadas en la demanda de amparo, la parte quejosa se encuentra sujeta a un Procedimiento Administrativo Migratorio, por lo que para determinar la competencia se tiene que atender a la naturaleza del acto que se reclama, ya que tal acto no tiene como finalidad principal la privación de la quejosa, sino el ejercicio de control derivado de las disposiciones migratorias en tanto se resuelve su situación dentro del país, de ahí que el acto sea eminentemente administrativo. En virtud de lo anterior, los Delegados Locales tienen facultades para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley de Migración y su reglamento, entre éstas, la presentación de extranjeros a las estaciones migratorias a efecto de que se inicie el respectivo procedimiento administrativo migratorio, de conformidad con los artículos 11 y 14 apartado B, fracciones XIII y XVII, del acuerdo por el que se delegan atribuciones para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley de Migración y su Reglamento a los Servidores Públicos adscritos a las Delegaciones Federales del Instituto Nacional de Migración. En tanto corresponde a los Directores de Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración iniciar, desahogar y resolver los procedimientos administrativos migratorios de personas extranjeras presentadas, de conformidad con los artículos 11 y 17, fracción IV , del Acuerdo por el que se Delegan Atribuciones para Autorizar Trámites Migratorios y Ejercer Diversas Atribuciones previstas en la Ley de Migración y su Reglamento a los Servidores Públicos adscritos a las Delegaciones Federales del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, se destaca que los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, regulan la competencia de los jueces de Distrito especializados en la materia penal y administrativa, mismos que establecen: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia". De igual forma, contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. En términos generales, cuando se promueve el juicio de control constitucional contra actos de autoridad desplegados con la finalidad de ejercer la facultad "sancionadora" del estado, también conocida como "ius puniendi". Por su parte, la exégesis del segundo de los numerales transcritos revela que corresponde al juez de Distrito en Materia Administrativa conocer de las demandas de amparo que, se promuevan, entre otras, contra los actos provenientes de una autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales, o de aquellos derivados de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio fuera de éste o después de concluido; contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa; o de autoridad distinta a la judicial; o contra de los emitidos por tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido. Establecido lo anterior y con base en los antecedentes narrados, este Juzgado de Distrito estima que, si bien algunos de los actos reclamados se encuentran relacionados con la materia penal (deportación), otros los están con un procedimiento migratorio de naturaleza meramente administrativa ya que, en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo, el promovente señaló como actos el aseguramiento, alojamiento y/o detención de la quejosa -entre otros-. Además, por el momento no se cuenta con alguna constancia o informe justificado de las autoridades responsables, que al menos haga presumir que su estancia en las instalaciones de la autoridad migratoria se encuentre directamente relacionada con algún acto de naturaleza penal. Cabe precisar que los actos de naturaleza administrativa como son el alojamiento y la presentación derivan directamente de la aplicación y ejecución de los artículos 68, 77, 86, 99 y 111 de la Ley de Migración, por parte de la autoridad Migratoria, como lo es el Instituto Nacional de ------------------------------------------------------------------------ Por ende, se concluye que las facultades ejercidas por las autoridades responsables -respecto de dichos actos- son de carácter administrativo, no sólo por tratarse de autoridades del Instituto Nacional de Migración, sino porque su actuación tiene lugar en la situación migratoria del agraviado que, dadas las circunstancias del caso, se ubicó en el marco del ejercicio de la legal estancia en el país, y no en el contexto de una carpeta de investigación o en el seguimiento de asuntos ante los tribunales jurisdiccionales correspondientes. Mientras que los actos que pudieran actualizar la competencia de este juzgado de amparo en materia penal, se encuentran contemplados en el artículo 15 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Los cuales no se surten, toda vez, que como ya quedó establecido, de la demanda de amparo se desprende que los actos que se reclaman son en vía de consecuencia con motivo de la apertura y substanciación del procedimiento administrativo migratorio en perjuicio de la directa quejosa. Aunado a lo anterior, cabe apuntar que en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles.--- Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." Como se desprende del artículo 2, inciso C, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Conforme lo disponen los artículos 3 fracción I y 4 de la Ley de Migración irregular en una estación migratoria, o posibles agresiones realizadas por elementos de personas morales que actúan en auxilio del Instituto Nacional de Migración, es inconcuso que corresponde al ámbito competencial de las autoridades migratorias de naturaleza administrativa, diversas al ministerio público, ya que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la aplicación de las leyes de la materia en tratándose de irregularidades en el ingreso y estancia en el territorio nacional. Razón por la cual el "alojamiento" administrativo, es considerado como un acto meramente administrativo emitido por autoridades administrativas que de ninguna manera implican competencia para un juez de Distrito en Materia Penal. Lo anterior es así, porque conforme a la propia naturaleza de dicho acto, la competencia se ve respaldada en el artículo 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los juzgados en materia administrativa conocerán -entre otros- de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial (con sus excepciones, como el caso de los procedimientos de extradición). Máxime que, la acción que regula el procedimiento migratorio implica atribuciones del Estado diversas a las de "ius puniendi", encaminadas principalmente a regular la estancia - legal-en el país de las personas extranjeras. Por tanto, para que este Juzgado pudiera analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, el juzgado declinante - previo a plantear la competencia- debió realizar la separación del juicio de amparo que remite, para que los actos por los que por su naturaleza debe conocer la oficiante, quedaran debidamente desvinculados. Aspecto que debe ser tomado en consideración de manera preponderante ya que, al existir actuaciones de diversa naturaleza, éstos deben ser analizados de manera independiente. Establecido lo anterior, en atención a la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para fijar la competencia debido a la materia hay que atender a la naturaleza del acto; al resolver la contradicción de tesis 81/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que al no contar con claridad la naturaleza del acto debe atenderse a la de la autoridad responsable. De modo que a efecto de verificar si en el caso se trata de un asunto de naturaleza penal, han de analizarse los actos que reclaman. No obstante, como ya quedó expuesto en los párrafos que anteceden, de las constancias que integran el sumario en que se actúa, no se puede desprender que - hasta este momento mediante datos objetivos, se pueda presumir la naturaleza penal de los actos. Aun cuando la promovente menciona una posible deportación, cierto es, que de modo alguno refiere algún dato o circunstancia que permita afirmar que su ejecución está latente, más bien refiere que la directa agraviada se encontraba detenido por autoridades administrativas. De modo tal, que la forma en que fue planteada la demanda, hasta este momento, no se cuentan con elementos suficientes para considerar que se trata de actos de naturaleza penal, esto es, en específico que actuaciones que ataquen la libertad de la persona; sin que se inadvierta que tratándose de una persona migrante convergen autoridades de naturaleza dual, administrativa y penal, empero, no debe dejarse al arbitrio cuál de ellas ha de conocer el asunto, sino este conocimiento ha de basarse en datos objetivos y precisos, los cuales aún no se tienen. Establecido lo anterior y con base en los antecedentes narrados, este Juzgado de Distrito estima que los actos reclamados se encuentran relacionados con un procedimiento migratorio de naturaleza meramente administrativa, por lo que su participación no guarda relación con el ejercicio del "ius puniendi", dado que no se desprende que se reclame algún acto de autoridad cuya finalidad sea ejerce la facultad sancionadora del estado. Por tanto, debe decirse que no se cuenta con los elementos suficientes -hasta este momento-, para aceptar la competencia planteada, pues tampoco se puede afirmar que se actualice alguna hipótesis prevista en el artículo 56 de la Ley Orgánica antes invocada. De ahí que ante la poca información con la que se cuenta hasta este momento, así como en los términos en que se plantea el conocimiento del asunto, no se acepta la competencia declinada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo 1494/2022, promovido por ---------------------------, en favor de ------------------------------. -Suspensión de plano respecto al acto reclamado consistente en la desaparición forzada- Cabe destacar que de una revisión a las constancias que en esta oportunidad se reciben, se desprende que la promovente del amparo señaló como actos reclamados los siguientes: 1. La apertura y substanciación del procedimiento administrativo migratorio en perjuicio de la directa quejosa. 2. La Determinación de alojamiento de la quejosa en el lugar en el que se encuentre. 3. La emisión y ejecución del acuerdo de presentación del cual derivó al alojamiento o detención en Estación Migratoria. 4. La orden de deportación, devolución, retorno asistido o expulsión en contra de la quejosa, derivada del procedimiento administrativo de migración iniciado. 5. Violación al derecho de libre circulación en territorio mexicano, conforme al artículo 11 Constitucional. 6. Violación al derecho de libertad. 7. La desaparición forzada de la quejosa, derivado de la incomunicación a la que es sometida. Actos de los que la promovente solicitó la suspensión de plano. Sin embargo, de las constancias que integran el sumario, se desprende que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, únicamente se pronunció respecto a la suspensión de plano de los actos consistentes en la deportación o expulsión, traslado de la quejosa a diversa Estación Migratoria, ilegal detención y privación de su libertad e incomunicación, asó como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución General. No así del diverso acto reclamado consistente en la desaparición forzada de la directa agraviada ------------------------------. -Suspensión de plano- Por tanto, con independencia de que este órgano de control constitucional no aceptó la competencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo 1494/2022, promovido por ------------------------ en favor de -----------------------; a fin de evitar una vulneración de los derechos humanos de los que goza la quejosa en mención, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE OFICIO a ------------------------------LA SUSPENSIÓN DE PLANO respecto del acto de DESAPARICIÓN FORZADA. Para el efecto de que CESEN de inmediato el acto referido, así como cualquier otro acto de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución o 15 de la Ley de Amparo, del que sea objeto la directa quejosa. En la inteligencia de que la seguridad y custodia de la parte quejosa queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad ante quien, en su caso, se encuentre a disposición, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a la autoridad a un "hacer", éstas deben de informar en el término de veinticuatro horas, las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional; o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para no hacerlo; de igual manera remitan toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. En la inteligencia de que la violación a esta suspensión entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En razón de que la promovente del amparo aduce que la directa quejosa fue privada de su libertad y que no se tiene conocimiento de su paradero, y toda vez que este órgano de control constitucional, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados y en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 1º Constitucional, se debe avocar a la búsqueda, localización y liberación de la víctima por todos los medios que estén a su disposición, según las facultades que las leyes le confieran, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo. Al respecto, se destaca que de una lectura al escrito de demanda, se desprende que los actos reclamados derivan de un procedimiento meramente administrativo, en virtud que las conductas fueron perpetradas por dependencias de esta naturaleza, como lo es el Instituto Nacional de Migración. Ello, pues la promovente hizo mención que la directa agraviada fue detenida por personal de ese instituto, el veintisiete de agosto del año en curso, y que sería trasladada como destino final, a la Estación Migratoria "Las Agujas", de esta ciudad. No obstante, comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos, a fin de que se constituya en el domicilio de las autoridades que señaló la promovente del amparo con residencia en esta ciudad, así como en las siguientes dependencias a fin de que realice lo siguiente: Por lo tanto, se le requiere a Instituto Nacional de Migración efecto de que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, informen si existe dato alguno de la persona buscada, que responde al nombre de ---------------------------, toda vez que en alguna de sus dependencias fue la última vez que se tuvo noticia de ella. A). Por lo que hace a los Hospitales y Centros de Atención Administrados de los Estados o por organismos descentralizados: 1) Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 2) Hospital General de la Cruz Roja Mexicana en la Ciudad de México. 3) Instituto Mexicano del Seguro Social. 4) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 5) Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. 6) Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se les requiere a efecto de que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, informen si existe dato alguno de la persona buscada, que responde al nombre de ------------------------------------. B) Se deberá de generar razón de búsqueda en el servicio LOCATEL. -Requerimiento a autoridades- Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ordénese atento oficio al Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República y Sistema para Control de Detenidos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que conmine a personal bajo su mando a realizar minuciosa investigación tendiente a la localización de la quejosa --------------------------------, e informe el resultado dentro del término de tres días, apercibidos en términos de lo señalado en el párrafo anterior. Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades, la integridad física y salud de la quejosa, a fin de que no sufra ningún atentado contra su salud, tortura psicológica o de cualquier tipo, así como actos que pongan en peligro su vida. Lo anterior, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades que al rendir sus informes respectivos en torno a la suspensión de plano concedida a favor de ------------------------------, deberán observar los elementos relevantes del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en que se fijan las reglas mínimas de procedimiento a aplicar en la búsqueda, localización y resguardo inmediato de la personas desaparecidas. Apercibidas de que en caso de desobedecer la suspensión de plano e insistir en los actos que se les atribuye, podrían ser consignadas ante las autoridades correspondientes. En la inteligencia de que la información relativa a los antecedentes de la desaparición de la directa quejosa se encuentran descritos en la demanda de amparo indirecto de la cual se les anexan copias simples. Se hace saber a las autoridades que para el caso de que se considere que no realizaron las diligencias necesarias para la localización de la quejosa, podrá constituirse el delito de desaparición forzada, en términos de los artículos 2, 3 y 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II, y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; así como el 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Mediante oficio que derive del presente acuerdo, se conmina a las citadas dependencias a efecto de que otorguen al fedatario adscrito las facilidades de acceso a sus instalaciones y la información que les solicite; apercibidos que de no hacerlo se procederá en su contra por el delito de desacato a un mandato judicial, en términos del artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual forma, remítase oficio a los titulares de las dependencias antes mencionadas, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS informen a este juzgado federal si en alguna de sus instituciones tanto administrativas como policiales tienen conocimiento del lugar o centro de reclusión y a disposición de qué autoridad se encuentra la justiciable -----------------------------, por habérsele relacionado con algún asunto de su competencia y la situación jurídica que prevalece en torno a su libertad. Asimismo, se requiere para que de inmediato, es decir desde el momento mismo en que reciban este oficio, remitan toda la información con que cuenten, previa consulta de sus libros, libretas, registros electrónicos o similares a estos con que cuenten en sus respectivas dependencias, relativa a la quejosa --------------------------------------. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. -Requerimiento para eficientar la búsqueda- Por otra parte, toda vez que la promovente aduce que la directa quejosa posiblemente fue detenido en Mexicali, Baja Califormia y trasladado a la Estación Migratoria "Las Agujas" de esta ciudad; requiérase mediante oficio al encargado de la referida estación migratoria, a fin de que informe si se encuentra a su disposición -------------------------, en caso de ser afirmativa su respuesta, proporcione la información respecto de los motivos que originaron su privación de la libertad. Domicilio del quejoso y autorizados. Se reserva proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a los autorizados, hasta en tanto al directo quejoso desahogue el requerimiento formulado en líneas que anteceden. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales ---------. Notifíquese

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