Diana Karen Pérez Ramirez
Expediente 542/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Diana Karen Pérez Ramirez
- Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CERTIFICACIÓN
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Acapulco del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento efectuado en proveído de catorce de junio actual, y al efecto remite en dos anexos copia certificada de los expedientes a nombre del extinto trabajador Víctor Martínez Ocampo con número de seguridad social 7288652850-3, deducidos de las pensiones solicitadas por la aquí quejosa y por la tercera interesada, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres y diez días concedido a la parte quejosa en auto de seis de junio actual para hacer las manifestaciones que estimara convenientes respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por las autoridades responsables e informara sobre su cobro; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento inserto en el acuerdo de mérito, y al efecto se presume que acepta el pago que el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad le hizo mediante cheque número 0001815, expedido a su favor por la cantidad de $703,711.94 (setecientos tres mil setecientos once pesos 94/100 moneda nacional) y se le tiene por realizado a su entera satisfacción en esos términos. Ahora bien, tomando en consideración los efectos del amparo y lo señalado por la quejosa mediante escrito recibido en auto de diez de mayo pasado, así como lo resuelto en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida la sentencia de mérito. . . . En esas condiciones, si las autoridades responsables de esta ciudad, devolvieron a la parte quejosa las cantidades que se refirieron en las resolución emitidas por el tribunal de alzada, se considera que la restituyeron en el goce del derecho vulnerado, motivo por el cual se aprecia que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso ni defecto. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Diana Karen Pérez Ramírez, por derecho propio, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparo con el número 542/2022, y fórmese expediente. INCOMPETENCIA Del análisis integral de la demanda, se advierte que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio. A fin de evidenciar lo anterior, es menester destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: ... la competencia para conocer de una demanda contra la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, cuando sólo se tiene el dato del lugar donde comenzará a ejecutarse dicho movimiento administrativo. Y al respecto, expuso que cuando en el asunto que se analice, de no contar con la existencia de datos objetivos que permitan establecer que el acto reclamado efectivamente tendrá ejecución en un distrito judicial, la competencia surtirá a favor del Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del transcrito artículo 37. Ello es así, pues estableció que no hay duda de que en ese lugar es donde se comenzará a materializar el acto y no se tiene mayor dato del destino del movimiento administrativo de que será objeto el justiciable, es decir, si será o no a un distinto distrito judicial. Además, se precisó que aun con la afirmación del impetrante de que su traslado se efectuará a un centro de reclusión de un diverso distrito judicial distinto y esa es la génesis de instar la acción constitucional en la demarcación correspondiente y no en el lugar de su reclusión; sin embargo, de no confirmarse ese dato durante el trámite del asunto se podrá declinar la competencia a favor del que se considere legalmente competente, sin que pueda tener aplicación el criterio de la "prevención". ... determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Acotado lo anterior, en el caso, se destaca que la quejosa señala entre otro como acto reclamado el siguiente: "El ataque indirecto a mi libertad personal fuera de procedimiento, consistente en la orden administrativa de traslado y la ejecución del mismo, dictada por autoridades penitenciarias de carácter administrativo, en mi contra, del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, a otro Centro Federal y de Readaptación Social a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México." ... En las anotadas condiciones, se estima que corresponde conocer del presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, se ordena remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, para que la turne a cualquiera de los Juzgados de Distrito con sede en esa ciudad, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no el conocimiento del asunto y acuse el recibo de estilo correspondiente; lo anterior, dejándose la copia respectiva en el cuaderno de antecedentes que para tal efecto se forme en este juzgado. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO SOLICITADA Respecto a la solicitud de la promovente de que conforme al numeral 126 de la Ley de Amparo, se conceda la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, con sustento en el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro intitulado: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". Al respecto el artículo 126 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. (.)." Del análisis del citado precepto, es evidente que el espíritu del legislador invoca el cese de los actos descritos con anterioridad, lo que implica que éstos se están llevando a cabo, supuesto que no es aplicable en el presente caso, toda vez que de la lectura integral de la demanda no se advierte que en este momento se esté ejecutando en perjuicio de la quejosa alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el caso, la justiciable parte de una premisa falta al establecer que el acto que reclama por esta vía biinstancial conlleva ataques a su libertad personal fuera de procedimiento y para ello, sostiene que es aplicable al caso la mencionada jurisprudencia de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País; sin embargo, es incorrecta su apreciación toda vez que tal criterio jurídico fue abandonado por la Sala, y en su lugar adoptó las consideraciones vertidas en la tesis aislada de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]." Bajo esa línea argumentativa, la Primera Sala ha establecido que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, aun cuando se emita sin intervención judicial, es un acto que se dicta dentro de un procedimiento, lo que de suyo implica que su naturaleza no conlleva el ataque de la libertad personal de quien promueve fuera de procedimiento. Por tanto, no procede decretar la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto, ya que el acto que se reclama consiste en la orden de traslado, acto que no encuadra en ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior es así, dado que como se dijo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se colige que no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales o alguno de los actos prohibidos por el citado artículo 22 Constitucional. Resulta aplicable a lo antes expuesto la tesis VI.1o.A.19 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable a página 1458, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 179731, que reza: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el lugar de su reclusión. NOTIFICACIÓN VÍA EXHORTO Ahora bien, al advertir que la quejosa Diana Karen Pérez Ramírez se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, esto es fuera de los límites de la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México en turno, a fin de que en auxilio de las labores este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda para que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique a la quejosa el presente proveído, del cual se le envía copia. En la inteligencia, que el fedatario al momento de realizar la notificación antes referida, lo hagan con apego a los Lineamientos de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo del Propio Consejo. De igual forma, de conformidad con los preceptos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la Ley que nos atañe, desde este momento se faculta al Órgano Jurisdiccional exhortado, para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que, el personal que comisione para el desahogo de la diligencia encomendada la pueda realizar fuera del horario establecido para el efecto. En el entendido de que el exhorto ordenado con anterioridad, se remitirá a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando la firma electrónica que para tal efecto señala el numeral 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hecho lo anterior, de no tener inconveniente alguno, devuelva por la misma vía la totalidad de las constancias que integren el cuadernillo que al efecto radique. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el arábigo 17 Constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los numerales 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. INFORMACIÓN GENERAL. Se informa a la quejosa que de acuerdo al artículo 5, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similares 25/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea propios, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ... se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente vía exhorto.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Diana Iris Olea Ortega626/2023
- Diana Iris Olea Ortega y Otros.640/2020
- Diana Iris Pichardo Betanzos58/2015
- Diana Isabel de Jesús Nogueda Avilés41/2019
- DIANA ITZEL URRUTIA BALBUENA y Otros.639/2018
- Diana Jassiny González Suastegui1180/2021
- Diana Karen Trani Astudillo692/2017
- Diana Laura Suarez Ramos190/2020
- Diana Laura Suárez Ramos785/2023
- Diana Lizeth Quintero Solano628/2019
- Diana Macazaga Aboul Hosn1154/2021
- Diana Martínez Suástegui326/2017