Diana Karen Pérez Ramirez

Expediente 313/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
313/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Diana Karen Pérez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese recurrido el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata.****************************************Queda firme********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes.****************************************Se ordena archivo************************************************************Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.********************Por consiguiente, de conformidad con el articulo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción.********************Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación.********************Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente.********************Notifíquese personalmente. NOTIF.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Diana Karen Pérez Ramírez, por propio derecho, contra el acto del Juez de Ejecución de Sanciones Penales Número Uno en la Ciudad de México, con sede en Sullivan y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 313/2023-PJ, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, esta sede constitucional procede a realizar la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte promovente, sin cambiar el alcance de su pretensión. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en la jurisprudencia P./J. 40/2000, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de las autoridades responsables la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de ejecución EJEC-SUL/1494/2022, mediante la cual, el juez señalado como responsable calificó de legal su traslado del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", así como sus efectos y consecuencias. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, con apoyo en el numeral 61, fracción XIV, de la ley en consulta, que dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 17 y 18 de la invocada ley. Antes de analizar la citada causal de improcedencia, es pertinente señalar que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece que para la presentación de la demanda de amparo, el término será de quince días, con excepción de aquellas en que se reclamen normas generales o el procedimiento de extradición (treinta días); cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (ocho años); tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal (siete años): y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. Sentado lo anterior, se procede a estudiar la causal de improcedencia que el caso se actualiza, para lo cual es necesario precisar el contenido de los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto, es evidente que el plazo para la presentación de la demanda de amparo en el presente asunto es de quince días, atendiendo al acto que se reclama en esta instancia constitucional, consistente en la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de ejecución EJEC-SUL/1494/2022, mediante la cual, el juez señalado como responsable calificó de legal su traslado del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", así como sus efectos y consecuencias. Lo anterior origina que su demanda resulte extemporánea, pues debe decirse que el cómputo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo (quince días), empezó a contar a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, tal como se advierte de la siguiente representación gráfica: Acto que se reclama Fecha en que se le notifico el acto. Término para promover la demanda de amparo Días inhábiles Resolución reclamada. 7 de enero de 2023. Del 9 al 27 de enero de 2023. 14, 15, 21 y 22 de enero de 2023. Luego entonces, el plazo de quince días para poner válidamente en funcionamiento a este órgano de control constitucional, empezó a correr a partir del día siguiente al en que se le notificó el acto que se pretende impugnar. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". Ahora bien, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el siete de marzo de dos mil veintitrés, (tal y como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa), la misma resulta notoriamente extemporánea, y por ende el acto reclamado debe tenerse por tácitamente consentido para los efectos de este juicio de amparo, lo que hace que se actualice en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Es importante precisar que en el presente caso no se actualiza el plazo excepcional que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo, es decir, que el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, esto es así, debido a que el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece una de las excepciones al traslado voluntario, en el cual no existe una autorización judicial previa, como en el presente caso, para que las autoridades penitenciarias lleven a cabo el traslado de la quejosa. Lo anterior, obedece a la peculiaridad de los supuestos de urgencia en que procede -cuando se ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la salud, la seguridad, etcétera- ya que, tomando en cuenta que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, están bajo el cuidado del Estado, se les debe proteger respecto de conductas o situaciones que las pongan en peligro. Lo que no significa que la autoridad judicial esté excluida de este procedimiento, ya que como se consagra en el mismo precepto, es esta autoridad la que debe determinar su legalidad, calificando las razones que motivaron a la autoridad penitenciaria a llevarlo a cabo, esto es, examinando minuciosamente que el traslado atienda a las causas invocadas; y que con la medida se respeten los derechos humanos de las personas trasladadas (control judicial ex post). En efecto, la Primera Sala, ya ha determinado que el traslado por excepción al involuntario de las personas privadas de su libertad, entraña un procedimiento, que inicia con la determinación de traslado por parte de la autoridad penitenciaria, -primera fase administrativa- y culmina cuando el Juez se pronuncie sobre la legalidad de ésta -segunda fase judicial-; en ese sentido, el acto reclamado fue dictado dentro de un procedimiento, por lo que, no se afecta de la libertad personal de la quejosa de manera indirecta. Máxime, con independencia de que se pueda ejercer hasta la segunda etapa. Además, en la propia norma se prevén dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida la determinación de traslado, ya que una vez que se haga la calificación de legalidad y se notifique a la quejosa, esta tuvo la oportunidad de impugnarla mediante el recurso de apelación. En ese tenor, no es dable sostener que para la interposición de la demanda de amparo, se actualiza el plazo excepcional que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se interpuso fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, por lo que en términos del ordinal 113 de la legislación en consulta, procede DESECHAR POR NOTORIA E INDUDABLEMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. No obstante, en atención a que la directa quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con base en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo en cita, se tiene también como domicilio para recibir y oír notificaciones personales, el lugar donde se encuentra recluida. Por otra parte, y vista la certificación en el proemio del presente auto, se tiene como autorizados con facultades amplias a ******************** y para oír y recibir notificaciones a las demás personas que propone, en razón de que no acreditaron tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo y la naturaleza del acto (materia penal) de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental. Notifíquese personalmente.

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