Diana Karen PèRez RamìRez
Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2022
Partes del expediente
- Diana Karen PèRez RamìRez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el que se advierte que dicho Juzgado de Distrito aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, registrándolo en su índice bajo el número ********************. Ahora, tomando en consideración de que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el citado expediente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En términos del artículo vigésimo primero, inciso j), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención a lo solicitado mediante oficio 25925/2022 de diecisiete de octubre del año en curso, informa que el juicio de amparo 419/2022 fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con número de registro 20220810034503040, asimismo, para acreditar lo anterior remite copia de la boleta de turno; lo que se te toma en consideración para los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, solicítese al Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que, de no tener inconveniente alguno, remita a este órgano jurisdiccional el acuse de recibo correspondiente al oficio 15375/2022, al que se anexó el original del juicio de amparo 419/2022, promovido Diana Karen Pérez Ramírez, asimismo, informe si se avocó al conocimiento de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional en proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, o bien informe la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de acordar lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por la Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en Ciudad de México, mismo que fue recibido a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 117/2022 con número de orden 121/2022, del índice de este juzgado. Por consiguiente, háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y acúsese el recibo de estilo correspondiente, como lo solicita la autoridad oficiante. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el expediente original del juicio de amparo 419/2022 del índice de este Juzgado, y transcribe el proveído de diecisiete de junio del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo 961/2022 de su índice -y en lo que aquí interesa-, dicho órgano jurisdiccional determinó que no es procedente aceptar la competencia declinada por cuestión de materia, toda vez que el estudio de los actos reclamados compete a un Juez de Distrito Especializado en Materia Penal, en la Ciudad de México. Asimismo, como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente vía interconexión y háganse las anotaciones en el libro de Juzgado respectivo. Incompetencia Precisado lo anterior, del contenido del oficio de cuenta se obtiene que los motivos establecidos por la autoridad oficiante para no aceptar la competencia planteada por este Juzgado de Distrito no van encaminados a controvertir las consideraciones expuestas en proveído de nueve de junio del año en curso -que en lo que aquí interesa- quien suscribe se declaró legalmente incompetente para conocer de la demandad de amparo "en razón de territorio" (pues el motivo para no aceptar la competencia planteada lo hace valer la oficiante en relación con la materia -administrativa- en la que se encuentra especializado dicho Juzgado de Distrito), refiriendo que con base en el estudio de los actos reclamados compete a un Juez de Distrito Especializado en Materia Penal, en la Ciudad de México, conocer de dicha demanda de amparo. Por tanto, este juzgado federal reitera que carece de competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, por las siguientes consideraciones. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De este dispositivo legal se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la hipótesis precisada en el inciso a). En efecto, del escrito de demanda se advierte que la quejosa actualmente está interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, pues así se advierte del capítulo denominado "nombre y domicilio del quejoso.", en el cual, bajo protesta de decir verdad se precisó. Aunado que de la lectura del escrito de cuenta, la quejosa señaló como autoridad responsable -entre otras- al Titular del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, y señaló como acto reclamado: "El ataque indirecto a mi libertad personal fuera de procedimiento, consistente en la orden administrativa de traslado y la ejecución del mismo, dictada por autoridades penitenciarias de carácter administrativo, en mi contra, del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, a otro Centro Federal y de Readaptación Social a cardo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México. La inconstitucionalidad del artículo 52 del artículo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que viola mi derecho a la seguridad jurídica así como mi derecho a una tutela judicial efectiva." En consecuencia; si bien es cierto que trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, resulta evidente que iniciara su ejecución en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, lugar donde se encuentra recluida la quejosa, pues como se anticipó, el acto reclamado destacado consiste en la "posible orden de traslado" de la aquí quejosa en dicho centro de reinserción social, por ende resulta competente para conocer del juicio de amparo relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario de su reclusión, pues de la lectura de demanda de cuenta no se advierte con certeza a qué lugar podría ser trasladada, de ahí que se estime que este juzgado federal carezca de competencia para conocer el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2019, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo en consonancia con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se estima que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer y resolver sobre el presente juicio de amparo y se declina la competencia para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se ordena remitir la demanda original, ordenándose formar cuaderno de antecedentes respectivo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en dicha residencia, para que lo remita al órgano judicial que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2001982 de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada." Asimismo, se solicita el acuse recibo de correspondiente y comunique a este juzgado federal, lo que tenga a bien determinar. Notifíquese.
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