Diana Karen Pérez Ramírez
Expediente 549/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2022
Partes del expediente
- Diana Karen Pérez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo; en atención a su contenido, comuníquese al juzgado declínate, que este juzgado se avoco al conocimiento del juicio de amparo 759/2022, de su índice, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el consecutivo 549/2022.
- Principal
El presente asunto ha causado estado, archívese; consecuentemente es susceptible de destrucción.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, mediante el cual remite el juicio de ampro 759/2022, aparentemente promovido por ***, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y otras autoridades, toda vez que por acuerdo de veintiuno de junio de este año, se declaró incompetente en razón de territorio. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la ley reglamentaria este juzgado se avoca al conocimiento del asunto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 549/2022. Comuníquese esta determinación al juzgado declinante, para los efectos legales correspondientes. DESECHAMIENTO En el caso, el escrito de demanda aparentemente promovido por **** carece de firma autógrafa, huella digital o firma electrónica; es indudable que, no contiene la voluntad de ésta en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Consecuentemente, al no satisfacerse el principio de instancia de la parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, SE DESECHA la demanda en estudio por lo que a ella respecta y en RELACIÓN A LOS ACTOS RECLAMADOS QUE FUERON MATERIA DE LA DECLINACIÓN DE COMPETENCIA, con fundamento en el dispositivo 113, en relación con los arábigos 6° y 15 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, en el caso que la demanda tuviera firma autógrafa o electrónica podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la peticionaria no observo el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra del traslado y su ejecución el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga a los justiciables a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. En esencia la quejosa se duele de la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, emitido por autoridades administrativas; así como de su ejecución. De ahí que, en tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. Entonces, cuando las peticiones realizadas sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento quedaran sin materia, por no atenderse de inmediato, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, al constituir un caso urgente. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que los actos que pretenden combatir en esta instancia consistentes en el traslado y su ejecución, son susceptibles de ser combatidos a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. EXHORTO A PRIVILEGIAR LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la referida contingencia sanitaria, se exhorta a las partes y sus autorizados, a que de ser posible, privilegien la presentación de promociones vía electrónica a través del esquema de "juicio en línea", para lo cual, podrán solicitar el acceso al expediente electrónico de este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea, bajo la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; o bien, al correo electrónico 14jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. EXHORTO A SEÑALAR FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes.
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