Diana Karen Pérez Ramírez
Expediente 536/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Diana Karen Pérez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el auto de diez de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo 21, inciso "d", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución sin decidir en lo principal al haberse desechado la demanda, por lo que carece de relevancia documental, se establece como fecha probable el veintiocho de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese por lista en términos de lo ordenado en auto de veintitrés de junio del presente año.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, con anexo, para que surtan sus efectos legales procedentes. Con los mismos, se tiene al juzgado de referencia devolviendo diligenciado el exhorto 361/2022, orden 744/2022, librado en auto de diez de junio de dos mil veintidós, con el que se le solicitó notificar a la promovente Diana Karen Pérez Ramírez, lo que realizó personalmente el actuario judicial adscrito al juzgado exhortado, el diecisiete de junio del presente año, en el que se advierte la firma de la promovente. Sin que haya lugar a girar el oficio de acuse de recibo, toda vez que el mismo sistema lo genera. Háganse las anotaciones respectivas y dese de baja el exhorto relativo como diligenciado en el libro de gobierno. Déjense a vista de dicha parte tercero interesada las actuaciones del presente juicio para que manifieste lo que a su derecho convenga. Finalmente se tiene a la promovente Diana Karen Pérez Ramírez señalando para oir y recibir notificaciones, las listas que se publican en los estrados de este juzgado, por tanto, háganse las subsecuentes notificaciones por lista de acuerdos. Notifíquese por lista.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 536/2022-3, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO De la demanda de protección de derechos fundamentales promovida a nombre de Diana Karen Pérez Ramírez, por propio derecho, se desprende que reclama la orden de traslado por parte de las autoridades administrativas y legislativas, todas residentes en Ciudad de México, en razón a que se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México. Ahora bien, se advierte que la demanda carece de firmas autógrafa y electrónica de la promovente, por tanto, se estima jurídicamente que en ese escrito no existe voluntad expresa de ejercitar la acción constitucional y, por ello, no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I del Pacto Federal, disponen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada [.]". Asimismo, los numerales 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo, 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 3o. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales [...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese tenor, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando el quejoso no se encuentra identificado, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando la solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente (evidencia criptográfica) en la demanda presentada vía electrónica, pues si éstos, en el caso, son la expresión de voluntad de la gobernada para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de derechos fundamentales en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, se tiene que en el escrito de demanda presentado vía electrónica no se presentó mediante la firma electrónica vigente correspondiente de la parte quejosa Diana Karen Pérez Ramírez, pues la misma no fue firmada en forma electrónica ni autógrafa; por tanto, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada; de ahí que no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de la quejosa de instar el juicio constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018943, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, por tanto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio, SE DESECHA la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo I, Libro 65, abril de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que en el caso, nos encontremos en el caso de excepción previsto por el citado criterio jurisprudencial, pues se insiste, la parte quejosa reclama la orden de traslado, pero no se trata de alguno de los actos referidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES En razón a que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y únicamente menciona que se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en Ciudad de México, dado que el domicilio de la referida responsable se encuentra fuera de la sede territorial de este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 de la Ley de Amparo, y 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por imperativo del precepto segundo de esta última, gírese atento exhorto en línea al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien notificar a la promovente Diana Karen Pérez Ramírez, solicitando al juez de referencia que la requiera a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le practicarán por lista de acuerdos. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso...
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