Diana Karen Garcia Higuera

Expediente 1532/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 12 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1532/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
12/09/2016

Partes del expediente

  • Diana Karen Garcia Higuera

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de las derterminaciones que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito le reconoce el carácter de tercero interesado a Wilberth Iovanni Ramírez Tevillo; en tales circunstancias, por conducto de uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, se ordena emplazarlo en el domicilio ubicado en Calle Francisco Leyva, número cuarenta y dos, Colonia Centro, de Cuernavaca, Morelos, corriéndole traslado con una copia simple de la demanda de amparo , haciéndole saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; requiriéndole para que al momento de la notificación, o bien, dentro de los tres días siguientes a dicha formalidad procesal, señale domicilio en esta ciudad, para el efecto de oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento para el caso de no hacerlo así, con hacerle las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos de este Juzgado Federal; se habilita al Actuario para que realice tal formalidad procesal inclusive en días y horas inhábiles, como lo establece el ordinal 21 de la ley de la materia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Cuernavaca, Morelos, a trece de junio de dos mil dieciséis. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo que antecede, fórmese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 994/2016-D, promovido por Enrique Alonso Plascencia, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal de Tlalquiltenango, Morelos, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y otras autoridades. Requerimiento de los informes previos. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, las cuales deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándoseles para tal efecto copia de la demanda, con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. De igual forma, de actualizarse dicho supuesto omisivo, se hará acreedora a una una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desintexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Asimismo, se apercibe que en caso de que al rendir su informe previo expresen un hecho falso o niegue la verdad de los hechos, incurren en un delito que se puede sancionar con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley en cita. En otro sentido, se hace saber que de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de la materia, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, por tanto, de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De la audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, de conformidad con el artículo 128, de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El acto reclamado consiste en el acuerdo emitido el trece de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos dentro del juicio laboral 01/1029/13, en el que se apercibió con la destitución del cargo con que se ostenta la parte quejosa, si no da cumplimiento a diversos requerimientos de pago dentro del citado juicio laboral. El quejoso, en su demanda de amparo, solicitó se le concediera la suspensión provisional y en su momento la definitiva del acto reclamado. La suspensión de los actos reclamados, es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, que tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo y, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional. En este sentido, el contenido de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, es el que a continuación se transcribe: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "... "X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: "I. Que la solicite el quejoso; y "II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. "La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De esos artículos se concluye lo siguiente: a) La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que surge como un incidente en el procedimiento relativo al juicio de amparo, se lleva por cuerda separada, y se traduce en un mandato que tiende a preservar el cumplimiento y ejecución de la sentencia protectora que pudiere llegar a dictarse en el juicio de garantías. b) La suspensión del acto reclamado tiene por objeto conservar la materia del juicio de amparo. c) Los efectos de la suspensión, consisten en mantener las cosas en el estado en que se encuentran al otorgarse la providencia, haciendo cesar temporalmente las medidas tendentes a ponerlo en ejecución y que, por tanto, la materia de la suspensión en el juicio de garantías propiamente la constituye esa ejecución y no el acto en sí mismo considerado. En relación con los requisitos de procedencia, debe decirse que la intención del legislador federal es que, a través de la suspensión se detenga, paralice o mantengan las cosas en el estado que guardan a fin de evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consuman destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso, siempre que la naturaleza del acto lo permita, lo que implica que la procedencia de la suspensión del acto reclamado, debe estudiarse a partir de los siguientes requisitos: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa); 2. Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales); 3. Si se satisfacen las condiciones exigidas por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y, 4. Si ante la existencia de terceros perjudicados, es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad). Por otra parte, la suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto evitar la ejecución de ciertos actos y, lógicamente, puede evitarse lo que aún no sucede, de ahí que, por regla general obre hacia el futuro y excepcionalmente sobre el pasado (distinción fundamental entre la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la realización de los actos que los causarían, y la concesión del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron) y que, al resolverse sobre ella, no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto y sus efectos por regla general no puedan coincidir con los propios de la sentencia, salvo que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora lo justifiquen. En congruencia con el artículo 107 constitucional, en los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo se establecen los requisitos mínimos para conceder la suspensión del acto reclamado en una demanda de amparo, los cuales se relacionan con lo dispuesto en el artículo 131 de la ley de la materia. El texto del referido artículo 131 es el que a continuación se transcribe: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. "En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." En este sentido, para resolver sobre la suspensión, el juzgador debe analizar primero, si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos; segundo, si la naturaleza de esos actos permite su paralización; tercero, si se satisfacen las exigencias previstas por los numerales 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, ponderando la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, por último, determinar si procede exigir alguna garantía para que surta efectos la medida cautelar. Sin embargo, cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. Pero, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Bajo tales ideas, se provee sobre la suspensión del acto reclamado, de la siguiente forma: Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo emitido el trece de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos dentro del juicio laboral 01/1029/13, en el que se apercibe con la destitución del quejoso como Presidente Municipal de Tlalquiltenango, Morelos, si no da cumplimiento a diversos requerimientos de pago dentro del citado juicio laboral, pues, se trata de un acto en ejecución de laudo, donde la sociedad está interesada en que tales resoluciones se acaten por las autoridades involucradas en su cumplimiento, que es de orden público, y por encima del interés que puedan tener los particulares. Así, a pesar de que no se ha definido lo que debe entenderse por interés social y orden público, aunado a que el propio artículo solo señala alguno de los casos, esto es, no es limitativa, sino por el contrario es enunciativa, lo cierto es que la apreciación de dichos preceptos debe atenderse al caso concreto; y en caso de que surja una colisión de principios, debe atenderse a la teoría de ponderación de principios, pues se advierten que existen dos derechos fundamentales que se enfrentan; por una parte el derecho del quejoso para que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no sea destituido definitivamente del cargo de Presidente del Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, y por otra parte el interés de la sociedad para que se lleve una buena administración de las dependencias públicas, que como en el caso están involucradas en la ejecución de un laudo. ....

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