Diana Karen Carbajal Castro

Expediente 182/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
182/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Diana Karen Carbajal Castro
  • Junta Espewcial 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Acapulco, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que obre como corresponda, el oficio enviado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual fue firmado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco de Juárez, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 90/2022; por tanto, dese de baja del libro de comunicaciones oficiales enviadas que se lleva en este juzgado federal; sin que haya lugar a realizar un mayor pronunciamiento, en razón de que en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio. De igual forma, no se considera necesario a acusar de recibo, en virtud de que el mismo se genera automáticamente al momento del envío de la presente comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente de origen, remítanse a su lugar de procedencia, esto es, a la Junta Especial 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Acapulco. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Junta Especial 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Acapulco, Guerrero, desahogando el requerimiento de diez de noviembre de dos mil veintiuno, para lo cual remitió las constancias que integran el expediente laboral 566/2016, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el once de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Diana Karen Carbajal Castro, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la Junta Especial 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Acapulco, Guerrero, que hizo consistir en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: - - - la omisión de proseguir con la integración del Juicio Laboral 566/2016 y emitir el laudo correspondiente..." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Diana Karen Carbajal Castro, reclama de la Junta Especial 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Acapulco, Guerrero: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 566/2016. Además, de las constancias que remitió la autoridad responsable del juicio laboral 566/2016, a las cuales se le confirió valor probatorio pleno, se advierte en lo que interesa lo siguiente: Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto respectivo. Por auto de catorce de febrero de dos mil veinte, se proveyó acerca de la razón de trece de noviembre de dos diecinueve, realizada por el Funcionario Conciliador, por medio de la cual hizo constar la imposibilidad que tenía para la elaboración del proyecto del laudo, en razón de que de autos se desprendía la existencia de un posible beneficiario del extinto trabajador de nombre María Carbajal Damián, así como del expediente 439/2008, se desprende que esa Junta Local declaró como beneficiaria del extinto trabajador a María Lourdes Damián Vázquez; por tanto, señaló las once horas del nueve de junio de dos mil veinte, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de llamamiento a juicio, donde María Carbajal Damián y María Lourdes Damián Vázquez, tendrían que manifestar lo que a su derecho e interés conviniera. De lo anterior, se tiene que el acto reclamado es inexistente. Ello, dado que debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En ese orden, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, y." En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales previamente se les concedió valor probatorio pleno, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (once de febrero de dos mil veinte), si bien la autoridad responsable ya había cerrado instrucción, lo cierto es que no se encontraba en condiciones de dictar el laudo respectivo, dado que por auto de catorce de febrero de dos mil veinte, se proveyó acerca de la razón de trece de noviembre de dos diecinueve, realizada por el Funcionario Conciliador, por medio de la cual hizo constar la imposibilidad que tenía para la elaboración del proyecto del laudo, en razón de que de autos se desprendía la existencia de un posible beneficiario del extinto trabajador de nombre María Carbajal Damián, así como del expediente 439/2008, se desprende que esa Junta Local declaró como beneficiaria del extinto trabajador a María Lourdes Damián Vázquez; por tanto, señaló las once horas del nueve de junio de dos mil veinte, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de llamamiento a juicio, donde María Carbajal Damián y María Lourdes Damián Vázquez, tendrían que manifestar lo que a su derecho e interés conviniera. Con lo anterior, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable laboral no se encontraba en condiciones de dictar el laudo respectivo, al encontrarse pendiente el llamamiento a juicio de un posible beneficiario. En esas condiciones, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de febrero de dos mil veintidós. A sus autos el oficio firmado por la Auxiliar de Trámite en Funciones de Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Acapulco, Guerrero, por medio del cual remite las constancias que integran el expediente laboral 566/2016; por tanto, téngasele desahogando el requerimiento de diez de noviembre de dos mil veintiuno. En razón del volumen de las constancias que remite la responsable de mérito y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio, entresello y rúbrica correspondientes. Ahora bien, como dichas constancias forman parte del informe justificado rendido por la responsable de referencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables de referencia, se advierte que de acuerdo al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de terceros interesados a: Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.; con domicilio en Calle Diego Hurtado de Mendoza s/n, Colonia Centro, Acapulco, Guerrero. Instituto Mexicano del Seguro Social; con domicilio en Avenida Cuauhtémoc, Número 95, Colonia Centro, Acapulco, Guerrero. Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores; con domicilio en Avenida Costera Miguel Alemán, Número 123, Fraccionamiento Magallanes, Acapulco, Guerrero. Por ser la contraparte de la quejosa en el juicio laboral 566/2016, del índice de la Junta Especial 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Acapulco, Guerrero; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 27, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del artículo 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Acapulco de Juárez, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en los domicilios de los terceros interesados Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.; con domicilio en Calle Diego Hurtado de Mendoza s/n, Colonia Centro; Instituto Mexicano del Seguro Social; con domicilio en Avenida Cuauhtémoc, Número 95, Colonia Centro; e Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores; con domicilio en Avenida Costera Miguel Alemán, Número 123, Fraccionamiento Magallanes, todos con residencia en la cuidad de Acapulco, Guerrero; y los emplace a juicio, corriéndoles traslado con copia del escrito de demanda a fin de que se encuentren en aptitud de deducir sus derechos, asimismo, los requiera en el acto de la diligencia para que señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, o bien lo haga en el término de tres días, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído y los aperciba que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les efectuarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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