Diana Itzel Rosales Vallarta
Expediente 450/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/04/2019
Partes del expediente
- Diana Itzel Rosales Vallarta
- Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veinticinco de abril del año en curso, que establece: Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el quince de abril de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se concedió la protección federal; sin embargo, dicha resolución fue recurrida por la autoridad responsable Comité Interinstitucional para la Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado de Jalisco, habiendo conocido de tal recurso de revisión el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y registrado con el número de amparo en revisión 473/2016, de su índice, respecto del cual determinó confirmar la sentencia recurrida. Ahora bien, tomando en consideración que en el fallo protector se determinó que las autoridades responsables, debían realizar los actos siguientes: [.]lo que procede es conceder el amparo y protección solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora Comité Intermunicipal para la Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado de Jalisco, deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de regularización de predios rústicos tramitado bajo expediente V-059-128/99, a partir del emplazamiento realizado por edictos, y, de insistir en la tramitación del procedimiento administrativo de origen, deberá ordenar emplazar a dicho procedimiento y conforme a derecho a J. Refugio Ceja Chávez. "[.] En congruencia con lo anterior, y dado que los movimientos y cambios realizados por el Director de la Oficina Registral Foránea Número 05 (cinco) correspondiente al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, y Jefe del Departamento de Impuesto Predial y Catastro Municipal, en Mazamitla, Jalisco, respecto del bien inmueble propiedad de J. Refugio Ceja Chávez, afectado por los actos reclamados analizados en la presente sentencia, fueron llevados a cabo como consecuencia de la resolución definitiva de veinticuatro de febrero del año dos mil, dictada en el expediente V-059-128/99, misma que se ordenó dejar insubsistente; los efectos del amparo, también lo son para que las autoridades responsables encargadas de las oficinas aquí referidas, dejen sin efectos las inscripciones y cambios derivados de dicha resolución que hayan realizado en el Registro Público de la Propiedad, así como en el catastro municipal. [.]". Es que mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días, dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el Secretario Ejecutivo del Comité Interinstitucional para la Regularización de Predios Rústicos en Jalisco, mediante acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de regularización de predios rústicos tramitado bajo expediente V-059-128/99, a partir del emplazamiento realizado por edictos, y mediante los oficios 586/2019 y 594/2019, requirió al Director de Catastro Municipal de Mazamitla, y al Jefe de la Oficina de Registro Público de la Propiedad y Comercio, con sede en Ciudad Guzmán, ambos del Estado de Jalisco, para que, a su vez, dejaran sin efectos las inscripciones y cambios derivados de la resolución definitiva de veinticuatro de febrero del año dos mil, dictada en el expediente V-059-128/99, que hayan realizado en el Registro Público de la Propiedad, así como en el catastro municipal. Así, vía oficio A.-41/2019, el Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, informó a este órgano jurisdiccional que en cumplimiento a lo ordenado por este juzgador, fueron canceladas las anotaciones e inscripciones realizadas al bien inmueble propiedad de J. Refugio Ceja Chávez, con motivo de la resolución definitiva de veinticuatro de febrero del año dos mil, dictada en el expediente V-059-128/99, quedando a su favor la totalidad del predio rústico denominado Paso de los Arrieros, ubicado en el municipio de Mazamitla, Jalisco, y al efecto, exhibió copia certificada de la boleta registral de folio real 5802629. Por su parte, mediante el diverso oficio 007/CMM/2019, el Jefe de Recaudación de Impuesto Predial y Catastro Municipal de Mazamitla, Jalisco, demostró que llevó a cabo las cancelaciones y anotaciones correspondientes al predio rústico en comento. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. V. Notificación por lista. Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se hizo efectivo apercibimiento al tercero interesado José Ceja Mendoza, al no haber señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona conurbana de esta ciudad, ordenando realizar las notificaciones por medio de lista, aún las de carácter personal, así como en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario que corresponda, notifique el presente auto por medio de lista.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veinticinco de marzo posterior. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, realice: "De no existir impedimento legal para tal efecto, acredite que dictó laudo en el juicio laboral 552/2015-E2, de su índice, dentro del plazo que establece la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenando hacerlo del conocimiento oportuno de las partes.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, el tribunal responsable dictó laudo en el juicio de origen, ordenado hacerlo del conocimiento oportuno de las partes. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general.
- Principal
Vista cumplimiento. Visto el oficio suscrito por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual, las gestiones realizadas respecto al cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, tres de abril de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, se tuvo al Director General se Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informando que envió por correo certificado las constancias solicitadas el cinco de marzo pasado, encontrándose este juzgado, en espera de las mismas. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido de Luis Fernando Vázquez Michel, Secretario quien da fe. LFVM*seh
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