Diana Huerta Brito
Expediente 1070/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Diana Huerta Brito
Actuaciones
- Principal
El veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, da cuenta al Juez con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 14325. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de conflicto competencial Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado por este Juzgado de Distrito y el homólogo Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, mismo que fue registrado con el número 86/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El trece de septiembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el oficio con anexo, registrado en el libro de correspondencia con el folio 13380. Conste. Apizaco, Tlaxcala, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Juzgado informa, no acepta competencia Visto el oficio con anexo, signado por la Secretaria del Juzgado Tercer de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado Federal; en virtud que la autoridad en cita manifestó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer de dicho asunto. Por tanto, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se plantea conflicto competencial Ahora bien, debe decirse que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto de que se trata, atendiendo a las siguientes consideraciones: "(.) Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Al respecto, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión y su ejecución, por lo que para determinar la competencia debe establecerse en qué lugar tiene ejecución, trata de ejecutarse, se está ejecutando o se ha ejecutado dicha orden. Ahora, del estudio de la demanda de amparo se advierte que la quejosa atribuyen los actos reclamados a autoridades con residencia en el Estado de Puebla, Ciudad de México y Veracruz; esto es, se encuentran fuera del lugar donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, por ello, es evidente que si la orden de aprehensión de la quejosa reclamada constituye actos que por su naturaleza requieren de ejecución material, ésta no se verificará en el Estado de Tlaxcala. En virtud de lo expuesto, y toda vez que se evidencia que el acto reclamado se intenta ejecutar en el Estado de Puebla, Veracruz y Ciudad de México, lo precedente es declinar competencia al Juez de Distrito más cercano a la jurisdicción del circuito al que pertenezca este Juzgado donde se presentó la demanda de amparo, es decir, Puebla. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, el criterio sustentado por el Primer Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, consultable en la página 3375, de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, que señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN EN EL QUE SON SEÑALADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES LA MAYOR PARTE DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DEL PAÍS. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE EN FAVOR DEL JUZGADO QUE NO FUE SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE MÁS CERCANO A LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA AQUEL ANTE QUIEN SE PRESENTÓ LA DEMANDA [APLICACIÓN EXTENSIVA DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 44/2021 (11a.)]. Hechos: Quejosos privados de su libertad promovieron juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito ubicado en una entidad federativa distinta de aquella en la que se encontraban recluidos, contra actos relacionados con condiciones de internamiento que tendrían ejecución en un Circuito distinto. Se señalaron como autoridades responsables a la mayor parte de los Juzgados de Distrito en el país, incluidos el que previno en el conocimiento de la demanda y el de jurisdicción en el lugar de reclusión, exceptuando de ese carácter a otros ubicados en diversos Circuitos del país. El Juzgado de Distrito ante el que se presentó la demanda declinó la competencia en favor del Juzgado de Distrito más cercano al del lugar de ejecución y que no fue señalado como autoridad responsable, el cual no aceptó la competencia por territorio, bajo el argumento de que correspondía conocer del juicio al del lugar de reclusión de los quejosos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra las condiciones de internamiento en un centro de reclusión en el que son señalados como autoridades responsables la mayor parte de los Juzgados de Distrito del país, se surte en favor del juzgado que no fue señalado como autoridad responsable más cercano a la jurisdicción del Circuito al que pertenezca aquel ante quien se presentó la demanda, conforme a la regla especial del artículo 38 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA.", en la que se dispuso que cuando se señala como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de una misma circunscripción, se debe aplicar la regla especial prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, que fija competencia a favor del Juez de Distrito más cercano a la jurisdicción del Circuito al que pertenezca, sin tomar en consideración el artículo 37 de la ley de la materia, que se refiere al lugar de ejecución de los actos reclamados. Entonces, en aplicación extensiva de dicha tesis de jurisprudencia debe considerarse que la ejecución del acto reclamado no tiene injerencia para fijar la competencia prevista en el referido artículo 38. En consecuencia, para fijar la competencia no es dable otorgarla a los Jueces de Distrito no señalados como autoridad responsable más cercanos al lugar de reclusión de los quejosos, ya que en estos casos opera la regla del artículo 38 mencionado y la competencia no se define por el lugar de ejecución; por tanto, será competente el Juez de Distrito no señalado como responsable más cercano a la jurisdicción del Circuito al que pertenezca el juzgador ante el que se presentó la demanda de amparo indirecto." Sobre el tema de competencia se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la competencia penal 6/95, en cuya parte conducente sostuvo: "En efecto, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que la peticionaria del amparo señaló como autoridades al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán y al Comandante de la Policía Judicial del Estado de Puebla del Tercer Subsector, en Tehuacán, ambos con residencia en el Estado de Puebla, a los que les reclamó la orden de aprehensión, que según manifiesta emitieron en su contra y su ejecución que pretende llevar a cabo el Comandante de la Policía citada. Por otra parte, también se desprende del ocurso de referencia que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que su domicilio particular lo es el ubicado en la calle Poniente 5, departamento 1, de la casa número 306, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, y no sólo suscribió el escrito inicial de garantías, sino que además lo presentó ante el juzgado federal de la localidad, por razones de urgencia, lo que expresó para los efectos de la competencia del juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz. Ahora bien, con independencia de lo expresado en el párrafo anterior, en el caso concreto se estima que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla es el competente para conocer y resolver del juicio de amparo, habida cuenta que dentro de su jurisdicción radican las autoridades que, según manifiesta la propia quejosa pretenden ejecutar el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, sin que de la lectura de la demanda de garantías se advierta que hubiese señalado alguna autoridad ejecutora con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que la promovente del amparo haya manifestado bajo la protesta legal, que su domicilio particular lo es en el Estado de Veracruz, toda vez que, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que la agraviada haya signado y presentado su demanda, como lo hizo en Veracruz, Veracruz, ni porque haya manifestado tener su domicilio particular en aquel lugar, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción del juez federal mencionado, no puede estimarse que la orden de aprehensión forzosamente deba ejecutarse en el lugar en donde la quejosa, aparentemente, tiene su domicilio particular, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares. En tal tesitura, sirve de apoyo la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Asimismo, resulta aplicable la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 404, visible a páginas 695, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO.- Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra para que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el juez de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto". Por tanto, si la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo de que se trata emanó, según la quejosa, del Juez de Primera Instancia de Puebla y se pretende ejecutar por la Policía Judicial del mismo Estado, consecuentemente procede decidirse el conflicto competencial en favor del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la misma ciudad." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia por reiteración consultable en la página 97, tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Aunado a lo expuesto, debe puntualizarse que el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció las referidas reglas de competencia, para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, aunado a que si un Juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por su idea jurídica, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil trece, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En conclusión, si la quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, el cual no tendrá posibilidad de ejecución en esta Entidad donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, y de entre las autoridades responsables señalaron a las que tienen su residencia en el Estado de Puebla, es claro que corresponde conocer del presente juicio de amparo a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por ser el órgano que se estima competente para ese efecto, en términos de los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. (.)" Así, visto el oficio de cuenta se advierte que los argumentos que en esencia condujeron al Juzgado Tercer de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, al no aceptar la competencia planteada, esencialmente se hicieron consistir en: "(.) (.)" Sin embargo, a juicio de este juzgado federal lo pertinente es insistir en la competencia planteada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en la fracción II, del punto Quinto, del Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, a fin de que determine a qué órgano constitucional le corresponde substanciar el presente juicio de amparo promovido por ********************. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcada con el número P.J. 31/95, visible en la página 26, del Tomo II, de Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la ley orgánica citada." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, da cuenta a su homologo Encargado del Despacho con el sobre devuelto por estafeta y el estado que guardan los autos del presente expediente. Conste. Apizaco, Tlaxcala, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Sobre devuelto por estafeta Agréguese a los autos el sobre devuelto por estafeta, en el que se hizo constar la imposibilidad para entregar el oficio 27949/2023 dirigido al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en Turno, relativo al auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo anterior, a efecto de evitar dilaciones innecesarias, se ordena remitir de nueva cuenta el oficio con los anexos, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de ese lugar, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargado del Despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para la práctica de diligencias y el dictado de las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, tres de agosto de dos mil veintitrés. Radicación demanda de amparo Vista la demanda de amparo que promueve Diana Huerta Brito, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1070/2023-III. Prevención Ahora, de la demanda de amparo se advierten como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: SIN TEXTO / / / Asimismo, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, que tienen jurisdicción en una Entidad Federativa distinta a la que este Juzgado Federal tiene competencia. En consecuencia, previo a proveer lo relativo a la presente demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído: Manifieste si es su deseo señalar alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; y. En caso afirmativo, precise qué acto le reclaman. Lo anterior, toda vez que del apartado de antecedentes narrados "bajo protesta de decir verdad", se advierte que las personas que la han buscado para privarla de su libertad, se han constituido en su domicilio; sin embargo, no se advierte que el lugar donde reside se encuentra en esta Entidad Federativa, pues señaló como domicilio el ubicado en calle José María González Arratia cuatrocientos seis Norte, Colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México. Ahora, se apercibe a la quejosa que en caso de señalar a las autoridades responsables con residencia en este Estado, únicamente con la finalidad de fincar competencia a este Juzgado de Distrito, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley de Amparo. Ello, aunado a los delitos en que puede incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso o abogado que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita actos que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, Tomo XXII, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Se afirma lo anterior, en virtud que el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Copias de escrito aclaratorio. Además, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento Por tanto, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos antes formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se proverá respecto de la demanda como fue planteada inicialmente. Domicilio Ahora bien, como lo solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal Autorizados Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Israel Colín Villalobos, Leisy Yuselmy Caballero Chuc, Laura Angélica Álvarez Reyes, toda vez que sí cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Martín García Rangel y Sergio Nuñez Vázquez, por no contar con dicho registro. Consulta de expediente electrónico Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "Angelica2021", toda vez que se encuentra registrado. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese al promovente en los términos señalados. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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