Diana Hernández Vanegas
Expediente 301/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diana Hernández Vanegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que en cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos Generales 04/2020, 06/2020, 08/2020, 10/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este último reformado en su vigencia por el diverso 18/2020, se suspendieron las labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación del periodo comprendido del dieciocho de marzo al dos de agosto, de dos mil veinte; motivo por el cual se suspendieron los plazos y términos procesales del presente juicio de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se ordena levantar la suspensión de los términos y plazos en el presente juicio de amparo y continuar con el trámite del mismo. En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, vista una de las certificaciones inicialmente asentadas, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º., se declara que dicha resolución ha causado estado, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el incidente de suspensión. Ahora bien, en virtud a que por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiocho de octubre dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguense los oficios sin número, remitidos vía correo electrónico por el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado. En la inteligencia de que los oficios sin número recibidos vía correo electrónico, previamente han sido certificados por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Por otra parte visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el trece de octubre de dos mil veinte, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco del mes y año en curso, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, remitió las constancias en el mismo solicitadas, de las que se desprende se actualiza una causal de improcedencia. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de lo que se advierte que los quejosos Diana Hernández Vanegas, Diana Sherlyn Alanís Hernández, Leonardo Telles Cortés, Abel Hernández García, Raquel Vanegas Sánchez, Fredi Hernández Vanegas, Maribel Suárez Miranda, Karla Suresbady Hernández Suárez, Dinivi Hernández Suárez y Olinka Hernández Vanegas, por esta vía reclaman: "a). Del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, del C.C. Secretario de Gobierno, del Secretario de Seguridad Pública y de la Secretaria de Salud, todos del Estado de Michoacán, les reclamamos: -- La iniciativa, promulgación expedición, aprobación y publicación del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio y se establecen medidas sanitarias necesarias para el control del contagio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 17 (diecisiete) de abril del año 2020 (dos mil veinte); y, b). Del Ciudadano Director de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán y de la Ciudadana Comisionada Municipal de Seguridad del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, les reclamamos: La ejecución que pretenden llevar a cabo de dicho decreto.". En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este sentido, en la especie, los actos reclamados en el presente asunto se hicieron consistir en la interpretación, aplicación y ejecución del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID19), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veinte de abril de dos mil veinte y su aplicación. Por lo que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar siempre que esas normas afectan, de manera real y actual, la esfera jurídica de quien solicita la protección Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Señalado lo anterior, cabe mencionar que de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama el aludido Decreto como una norma de carácter autoaplicativo, es decir, con motivo de su entrada en vigor, pues desde ese momento se prohibió el tránsito libre de los habitantes del Estado de Michoacán por las vías de uso público. Así, tratándose de amparo contra leyes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que a efecto de verificar si se actualiza la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, es necesario constatar si se trata de normas prohibitivas, o de normas que generan una obligación y, en este último supuesto, verificar si éstas produjeron consecuencias durante su vigencia, dado que las normas prohibitivas prevalecen durante la vigencia de la ley, de manera que al derogarse cesan sus efectos prohibitivos; mientras que en relación a las normas que generan obligaciones de hacer o actuar en determinado sentido, su derogación no siempre libera a sus destinatarios de las consecuencias derivadas de su vigencia, salvo que contengan disposiciones expresas. Ciertamente, en general, una prohibición solo prevalece durante la vigencia de la norma que la establece, y derogada ésta cesa su efecto prohibitivo, pudiendo el gobernado actuar en el sentido prohibido. En ese caso, una eventual sentencia de amparo no tendría efecto práctico alguno, dado que no podría restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos, ante la imposibilidad de surtir efectos hacia el pasado; es decir, volver en el tiempo para reparar la violación causada por su aplicación. En cambio, cuando la ley impone una obligación de hacer, su derogación no libera a sus destinatarios de las consecuencias que pudieran haber derivado de su observancia o inobservancia, ya que esa derogación produce efectos hacia el futuro, pero no abarca los realizados mientras estuvo en vigor; por ello, es necesario analizar si la afectación provocada en la esfera jurídica de los gobernados puede ser subsanada mediante la protección de la Justicia de la Unión. Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 52/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Cuando la norma impugnada, en su carácter de autoaplicativa, no entraña una prohibición sino una obligación de actuar en determinado sentido, es decir, una obligación de hacer o permitir que se haga, su derogación no libera a quienes se ubicaron dentro de sus hipótesis normativas, de las consecuencias que pudieren haber derivado de su cumplimiento por todo el periodo en que estuvieron vigentes, ya que los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma, puesto que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma- la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro. Por consiguiente, mientras subsistan los efectos de la ley respecto del periodo durante el cual rigió, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque las disposiciones legales de naturaleza positiva, como son las que establecen los elementos esenciales de un tributo, obligan a los sujetos a actuar de forma determinada, dejando huella en su esfera jurídica, que sólo puede ser subsanada, en su caso, por la protección de la Justicia de la Unión". Con base en lo anterior, es necesario precisar el contenido y alcance del Decreto reclamado y, precisamente en sus artículos 1º, 5º, y 7º, dispone: "Artículo 1°. Durante la vigencia del presente Decreto, todos los habitantes en el Estado de Michoacán, únicamente podrán transitar por las vías de uso público, de manera individual, para la realización de las siguientes actividades: Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; Asistencia a hospitales, servicios y establecimientos sanitarios; Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, en las áreas declaradas como actividades esenciales por la Federación; Asistencia y cuidado de adultos mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; Desplazamiento a entidades financieras y de seguros; Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad plenamente justificada; Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las anteriores; y En cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias". Adicionalmente, el artículo segundo facultó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cerrar la circulación o fluidez de tráfico, así como la restricción de acceso a determinados vehículos; el artículo quinto establece la limitación o prohibición de reuniones en la vía pública, tanto para eventos públicos como privados que implicaran agrupaciones de personas que impidieran la aplicación de las medidas sanitarias de sana distancia; el artículo sexto estableció el uso de cubrebocas obligatorio, de preferencia casero, para todas las personas que transitaran en vía pública o en cualquier espacio público, así como la aplicación de las demás medidas dictadas por la autoridad sanitaria; por último, el artículo séptimo señalaba las medidas de seguridad sanitaria consistentes en aislamiento obligatorio y cuarentena que se impondrían en caso de inobservancia. Pues bien, a criterio de este juzgador, el Decreto reclamado es una norma de carácter meramente prohibitivo, toda vez que durante su vigencia prohibió el libre tránsito de los habitantes del Estado de Michoacán, por las vías de uso público, lo que la parte quejosa estimó violatorio de sus derechos humanos. De ahí que existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus sarscov2 (covid-19), publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de abril de dos mil veinte, pues como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de dicha norma impugnada, como consecuencia de la conclusión de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el propio decreto reclamado en su artículo primero transitorio, mismo que literalmente señaló: "[.] PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 20 de abril de 2020, una vez publicado el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y estará vigente hasta el día 17 de mayo del año 2020. [.]". Como se observa, los efectos impugnados en la demanda de amparo del decreto señalado dejaron de tener vigor en la data mencionada, sin que al respecto se advierta acto de aplicación alguno con motivo de la vigencia del mencionado decreto por el cual hubiere resultado afectado en sus derechos la parte quejosa, pues de la simple lectura de su demanda se aprecia que únicamente se reclama el decreto por su entrada en vigor, lo que como se apreció definitivamente concluyó en sus efectos dicho decreto como tal, lo cual constituye un impedimento técnico para abordar el estudio de las violaciones que se hacen valer en la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos". Igual criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la ejecutoria emitida el uno de octubre de dos mil veinte, dentro del recurso de queja administrativa número 105/2020 de su índice. Por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (trece horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil veinte). Notifíquese personalmente.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguense los oficios sin número, remitidos vía correo electrónico por el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado. En la inteligencia de que los oficios sin número recibidos vía correo electrónico, previamente han sido certificados por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Por otra parte visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el trece de octubre de dos mil veinte, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco del mes y año en curso, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, remitió las constancias en el mismo solicitadas, de las que se desprende se actualiza una causal de improcedencia. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de lo que se advierte que los quejosos Diana Hernández Vanegas, Diana Sherlyn Alanís Hernández, Leonardo Telles Cortés, Abel Hernández García, Raquel Vanegas Sánchez, Fredi Hernández Vanegas, Maribel Suárez Miranda, Karla Suresbady Hernández Suárez, Dinivi Hernández Suárez y Olinka Hernández Vanegas, por esta vía reclaman: "a). Del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, del C.C. Secretario de Gobierno, del Secretario de Seguridad Pública y de la Secretaria de Salud, todos del Estado de Michoacán, les reclamamos: -- La iniciativa, promulgación expedición, aprobación y publicación del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio y se establecen medidas sanitarias necesarias para el control del contagio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 17 (diecisiete) de abril del año 2020 (dos mil veinte); y, b). Del Ciudadano Director de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán y de la Ciudadana Comisionada Municipal de Seguridad del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, les reclamamos: La ejecución que pretenden llevar a cabo de dicho decreto.". En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este sentido, en la especie, los actos reclamados en el presente asunto se hicieron consistir en la interpretación, aplicación y ejecución del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID19), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veinte de abril de dos mil veinte y su aplicación. Por lo que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar siempre que esas normas afectan, de manera real y actual, la esfera jurídica de quien solicita la protección Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Señalado lo anterior, cabe mencionar que de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama el aludido Decreto como una norma de carácter autoaplicativo, es decir, con motivo de su entrada en vigor, pues desde ese momento se prohibió el tránsito libre de los habitantes del Estado de Michoacán por las vías de uso público. Así, tratándose de amparo contra leyes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que a efecto de verificar si se actualiza la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, es necesario constatar si se trata de normas prohibitivas, o de normas que generan una obligación y, en este último supuesto, verificar si éstas produjeron consecuencias durante su vigencia, dado que las normas prohibitivas prevalecen durante la vigencia de la ley, de manera que al derogarse cesan sus efectos prohibitivos; mientras que en relación a las normas que generan obligaciones de hacer o actuar en determinado sentido, su derogación no siempre libera a sus destinatarios de las consecuencias derivadas de su vigencia, salvo que contengan disposiciones expresas. Ciertamente, en general, una prohibición solo prevalece durante la vigencia de la norma que la establece, y derogada ésta cesa su efecto prohibitivo, pudiendo el gobernado actuar en el sentido prohibido. En ese caso, una eventual sentencia de amparo no tendría efecto práctico alguno, dado que no podría restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos, ante la imposibilidad de surtir efectos hacia el pasado; es decir, volver en el tiempo para reparar la violación causada por su aplicación. En cambio, cuando la ley impone una obligación de hacer, su derogación no libera a sus destinatarios de las consecuencias que pudieran haber derivado de su observancia o inobservancia, ya que esa derogación produce efectos hacia el futuro, pero no abarca los realizados mientras estuvo en vigor; por ello, es necesario analizar si la afectación provocada en la esfera jurídica de los gobernados puede ser subsanada mediante la protección de la Justicia de la Unión. Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 52/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Cuando la norma impugnada, en su carácter de autoaplicativa, no entraña una prohibición sino una obligación de actuar en determinado sentido, es decir, una obligación de hacer o permitir que se haga, su derogación no libera a quienes se ubicaron dentro de sus hipótesis normativas, de las consecuencias que pudieren haber derivado de su cumplimiento por todo el periodo en que estuvieron vigentes, ya que los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma, puesto que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma- la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro. Por consiguiente, mientras subsistan los efectos de la ley respecto del periodo durante el cual rigió, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque las disposiciones legales de naturaleza positiva, como son las que establecen los elementos esenciales de un tributo, obligan a los sujetos a actuar de forma determinada, dejando huella en su esfera jurídica, que sólo puede ser subsanada, en su caso, por la protección de la Justicia de la Unión". Con base en lo anterior, es necesario precisar el contenido y alcance del Decreto reclamado y, precisamente en sus artículos 1º, 5º, y 7º, dispone: "Artículo 1°. Durante la vigencia del presente Decreto, todos los habitantes en el Estado de Michoacán, únicamente podrán transitar por las vías de uso público, de manera individual, para la realización de las siguientes actividades: Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; Asistencia a hospitales, servicios y establecimientos sanitarios; Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, en las áreas declaradas como actividades esenciales por la Federación; Asistencia y cuidado de adultos mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; Desplazamiento a entidades financieras y de seguros; Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad plenamente justificada; Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las anteriores; y En cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias". Adicionalmente, el artículo segundo facultó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cerrar la circulación o fluidez de tráfico, así como la restricción de acceso a determinados vehículos; el artículo quinto establece la limitación o prohibición de reuniones en la vía pública, tanto para eventos públicos como privados que implicaran agrupaciones de personas que impidieran la aplicación de las medidas sanitarias de sana distancia; el artículo sexto estableció el uso de cubrebocas obligatorio, de preferencia casero, para todas las personas que transitaran en vía pública o en cualquier espacio público, así como la aplicación de las demás medidas dictadas por la autoridad sanitaria; por último, el artículo séptimo señalaba las medidas de seguridad sanitaria consistentes en aislamiento obligatorio y cuarentena que se impondrían en caso de inobservancia. Pues bien, a criterio de este juzgador, el Decreto reclamado es una norma de carácter meramente prohibitivo, toda vez que durante su vigencia prohibió el libre tránsito de los habitantes del Estado de Michoacán, por las vías de uso público, lo que la parte quejosa estimó violatorio de sus derechos humanos. De ahí que existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus sarscov2 (covid-19), publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de abril de dos mil veinte, pues como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de dicha norma impugnada, como consecuencia de la conclusión de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el propio decreto reclamado en su artículo primero transitorio, mismo que literalmente señaló: "[.] PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 20 de abril de 2020, una vez publicado el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y estará vigente hasta el día 17 de mayo del año 2020. [.]". Como se observa, los efectos impugnados en la demanda de amparo del decreto señalado dejaron de tener vigor en la data mencionada, sin que al respecto se advierta acto de aplicación alguno con motivo de la vigencia del mencionado decreto por el cual hubiere resultado afectado en sus derechos la parte quejosa, pues de la simple lectura de su demanda se aprecia que únicamente se reclama el decreto por su entrada en vigor, lo que como se apreció definitivamente concluyó en sus efectos dicho decreto como tal, lo cual constituye un impedimento técnico para abordar el estudio de las violaciones que se hacen valer en la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos". Igual criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la ejecutoria emitida el uno de octubre de dos mil veinte, dentro del recurso de queja administrativa número 105/2020 de su índice. Por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (trece horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil veinte). Notifíquese personalmente.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el oficio sin número, signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, con sede en esta ciudad; por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de cinco de octubre del año en curso, adjunta un ejemplar del decreto que contiene el Acuerdo Administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial, con fecha treinta de marzo del año en curso, Décima Primera Sección, Número 78, con lo cual se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, informa que dicho decreto por el que se declaró el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV (COVID-19) estuvo vigente del veinte de abril al diecisiete de mayo del año en curso, lo anterior para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
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