Diana Guadalupe Ronces Ortiz

Expediente 346/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
346/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
23/06/2017

Partes del expediente

  • Diana Guadalupe Ronces Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Juez de Paz en Materia Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, con motivo de su informe justificado remitió copias certificadas de las causas penales 001/2017-I y 069/2016-I, que constituyen los tomos de prueba I y II, devuélvanse a la referida autoridad, dado que resulta innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 346/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Diana Guadalupe Ronces Ortiz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades en su denominación correcta y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 2. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 3. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 4. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 5. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. 6.- Juez de Paz en Materia Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. (En su denominación correcta) EJECUTORA: 7. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Mozimba. (En su denominación correcta) Residentes en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La orden de aprehensión y/o presentación dictada en mi contra". SEGUNDO.- Mediante proveído de siete de abril de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 346/2017 y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama un acto restrictivo de la libertad considerado de imposible reparación, atribuible a una autoridad de naturaleza judicial con residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien esto resuelve procede a precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se tiene que la parte quejosa reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, y del Juez de Paz en Materia Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, lo siguiente:  La orden de aprehensión emitida en contra de la quejosa Diana Guadalupe Ronces Ortiz. Asimismo, se aprecia que respecto del Juez de Paz en Materia Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclama: a).- La resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 001/2017-I, en la que se libró orden de comparecencia en contra de la quejosa. b) El auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 69/2016-I, instruida en contra de Christopher Radilla Valdovinos, por el delito de lesiones en agravio de la quejosa Diana Guadalupe Ronces Ortiz, por el cual se ordena su comparecencia, para el desahogo de la diligencia de careos procesales a su cargo. TERCERO.- Certeza del acto reclamado.- Los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, todos con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente la existencia del acto que se les atribuye; sin que la parte quejosa aportara dentro del procedimiento prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En tal virtud, si la quejosa no demostró con medio de convicción alguno la existencia del acto reclamado, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo, respecto de dichas autoridades. No pasa desapercibido que el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, haya manifestado como autoridad sustituta del extinto Juzgado Décimo de ese grado y materia, que dicha autoridad mediante resolución de once de enero del año en curso, negó la orden de aprehensión en contra de la quejosa Diana Guadalupe Ronces Ortiz por el delito de lesiones en agravio de Efigenia Valdovinos Ibarra, misma que fue recurrida mediante por el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado, encontrándose pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto en contra de esta. CUARTO.- Son ciertos los actos reclamados al Juez de Paz en Materia Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, residente en esta ciudad, pues si bien es cierto, que al rendir su informe justificado manifestó que el catorce de enero del presente año, mediante resolución emitida dentro de la causa penal 001/2017-I, negó la orden de aprehensión en contra de la quejosa Diana Guadalupe Ronces Ortiz por los delitos de daño a la propiedad y allanamiento de morada en agravio de Efigenia Valdovinos Ibarra, también lo es, que con esa misma fecha libró orden de comparecencia en contra de la quejosa de mérito por el ilícito citado en primer término. Asimismo, mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 069/2016-I, se ordenó la presentación de la quejosa Diana Guadalupe Ronces Ortiz, para el desahogo de la diligencia de careos procesales a su cargo. Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas de las aludidas causa penales, que acompañó a su informe justificado el juez responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Determinación que se hace extensiva al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Mozimba, con residencia en esta ciudad, pues si bien negó la existencia del acto reclamado, dado el carácter de ejecutora que le reviste y las consecuencias que trae aparejada la ejecución de la resolución reclamada, cuya certeza aceptó el juez responsable, es inconcuso que se encuentran en aptitud de darle cumplimiento, de ahí que deba tener por cierta la conducta que se le reprocha. QUINTO. Causales de improcedencia. Ahora bien, una vez verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado consistente en la orden de comparecencia de catorce de febrero del presente año, emitida por el Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en contra de la quejosa Diana Guadalupe Ronces Ortiz dentro de la causa penal 001/2017-I, por el delito de daño a la propiedad en agravio de Efigenia Valdovinos Ibarra, así como el auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 069/2016-I, por el cual se ordena la presentación de la quejosa Diana Guadalupe Ronces Ortiz, para el desahogo de la diligencia de careos procesales a su cargo, se actualiza la causal de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa por analogía la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, de las constancias remitidas por la juez responsable en esta fecha, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que efectivamente, las ordenes de comparecencia reclamadas fueron libradas en su contra el catorce de febrero del presente año y el uno de mayo pasado, sin embargo en la diversas causas penales de las que deriva el acto reclamado, el Juez responsable, informó lo siguiente: a) Mediante resolución de uno de mayo de dos mil diecisiete, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, en favor de la quejosa Diana Guadalupe Ronces Ortiz, en la causa penal 001/2017 instruida en contra de la aquí quejosa, por el delito de daño a la propiedad cometido en agravio de Efigenia Valdovinos Ibarra. b) Por resolución de uno de junio de dos mil diecisiete, la quejosa otorgó el perdón al inculpado en la causa penal 69/2016-I, instaurada en contra de Christopher Radilla Valdovinos, por el delito de lesiones en agravio de la quejosa, declarando el juez responsable por extinguida la acción penal. Luego, al haber reclamado la quejosa en esta vía constitucional las órdenes de comparecencia de catorce de febrero y diecinueve de mayo de dos mil diecisiete emitidas en las causas penales 001/2017 y 69/2016-I; y con posterioridad, haberse, respecto de la primera, dictado auto de libertad por falta de elementos para procesa en favor de la quejosa; y, declararse prescrita la acción penal en la causa penal mencionada en segundo término, lo que se corrobora con las documentales que remitió al efecto el juez responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2; se estima que han cesado los efectos de los actos reclamados, en virtud de que han dejado de existir, reponiendo a la quejosa, en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara, quedando ésta en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Mozimba, con residencia en esta ciudad, al no haberle sido reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE el juicio de amparo número 346/2017, promovido por Diana Guadalupe Ronces Ortiz, por las razones contenidas en los considerados tercero y último de esta resolución.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez de Paz en Materia Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele por desahogando el requerimiento formulado en proveído inmediato anterior y como complemento de su informe justificado las constancias que anexa con su ocurso de mérito, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la notificación del inicio del presente juicio a los terceros interesados Efigenia Valdovinos Ibarra y Cristopher Radilla Valdovinos, se efectuó el cuatro y diez de mayo del presente año, de ahí que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Paz en Materia Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Ahora bien, tomando en consideración que en proveído de veintiocho de abril del año en curso, se tuvo al citado juez responsable, por remitiendo copias certificadas de la causa penal 069/2016-I, de las que se advierte que en acuerdo de cuatro de dicho mes, se tuvo al Coordinador de Zona de Policía de la Ministerial del Estado adscrito al Sector Barrios Históricos, por informando su imposibilidad para presentar a la testigo Diana Guadalupe Ronces Ortiz, a la diligencia de careos procesales a su cargo, sin que se advierta actuaciones posteriores; por lo tanto, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del oficio en que se derive este proveído, remita copia certificada completa de las actuaciones posteriores al acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 069/2016-I, toda vez que son necesarias para resolver el presente juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos y plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo; con independencia de aquélla que prevé el arábigo 260, fracción II, de la citada legislación.

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