Diana González Salgado

Expediente 1040/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1040/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Diana González Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se negó el amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución en un cuaderno, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de Erika Ivonne Carballal López, secretaria que da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1040/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, Diana González Salgado, por conducto de su apoderada jurídica María Celia Hernández Sosa, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de autoridad (fojas 2 a 8). En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 3, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, previa prevención, registrándola con el número 1040/2018 (fojas 9 a 11 y 21 a 22). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, y 103 fracción I, de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, y modificaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado es una resolución emitida por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, lugar donde este juzgado ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La sentencia de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca I-334/2018, que modifica la interlocutoria que resolvió la ampliación de inventario en la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario 999/2011. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, porque así lo reconoció al rendir informe justificado (foja 24). Lo que se corrobora con las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado (tomo I de pruebas), las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º. CUARTO. Improcedencia. Ninguna de las partes invocó causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede a examinar la legalidad de la resolución reclamada a la luz de los conceptos de violación que enseguida se expresan. QUINTO. Estudio constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación son inoperantes de acuerdo con las siguientes consideraciones. La parte quejosa reclama de la Sala responsable la resolución de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación I-334/2018, que modificó la interlocutoria de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, para declarar parcialmente procedente la ampliación de la segunda sección denominada "De inventario" del juicio sucesorio intestamentario de origen; aprobándose la cantidad de $10,029.83 (diez mil veintinueve pesos 83/100 moneda nacional), que equivale al 50% del dinero que se encontraba depositado previo al fallecimiento del esposo de la titular, por lo que forma parte del fondo social. Aduce que el acto reclamado viola los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 3, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como los numerales 166, 167, 190 y 191 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, vigente en la época, por las razones siguientes: 1. Que en la resolución de apelación la Sala aprobó como bienes de la sucesión, únicamente el 50% que obraba en la cuenta bancaria 1111464043 a nombre de la cónyuge supérstite Adelina Salgado Vargas, antes de la muerte del autor de la sucesión, esto es, la cantidad de $10,029.83 (diez mil veintinueve pesos 83/100 moneda nacional). 2. Que la responsable viola el artículo 166 del Código Familiar del Estado vigente en la época, en razón de que al autor de la sucesión le corresponde el 50% de la cuenta bancaria, pues no existe prueba de que el dinero que ingresó con fecha posterior al fallecimiento del autor de la sucesión sólo pertenece a la cuenta habiente, ni que ese dinero ingresó como utilidades obtenidas sólo por la cónyuge Adelina Salgado Vargas. 3. Que en términos del artículo 167 del Código Familiar del Estado vigente en la época, se presume que dichas utilidades o bienes que han ingresado a la cuenta bancaria con posterioridad al fallecimiento del actor de la sucesión forman parte de la sociedad conyugal; por consiguiente, considera que el 50% de la cuenta bancaria le corresponde a la sucesión hasta que se realice la liquidación de esa sociedad. 4. Que además, la resolución reclamada es violatoria de los artículos 190 y 191 del Código Familiar del Estado vigente en la época, en razón de que el que sobreviva continuará con la administración del fondo social, hasta en tanto se verifique la partición; por lo que, considera que, sin lugar a duda, los bienes que se adquieran en la sociedad conyugal, seguirán siendo de los socios en caso de muerte. 5. Que todo lo que se produzca en la cuenta bancaria forma parte de la sociedad conyugal, mientras no se lleve a cabo la liquidación, lo cual no fue respetado por la responsable, al decir que sólo forma parte de los bienes de la sucesión lo que estaba en esa cuenta bancaria antes de que falleciera el autor de la sucesión. Son inoperantes los motivos de disenso esgrimidos, según se expone a continuación. Lo anterior, porque en sus conceptos de violación la impetrante de amparo, esencialmente, reitera los agravios que esgrimió en el escrito de interposición del recurso de apelación, omitiendo considerar que estos ya fueron objeto de análisis por la Sala responsable, cuyas consideraciones fueron las que debió combatir en la presente vía de control constitucional. Ello se concluye, porque de las constancias remitidas por la Magistrada responsable como apoyo a su informe con justificación, específicamente del escrito de interposición del recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de primera instancia (fojas 1409 a 1418), se advierte que esgrimió como agravios, en lo que aquí interesa: a) Que el Juez de Primera Instancia viola los artículos 166, 167, 190 y 191 del Código Familiar del Estado vigente en la época, en razón de que los cónyuges que se casen bajo el régimen de sociedad conyugal y no haya capitulaciones matrimoniales, omisión o imprecisión en éstas, se sujetará a dichas disposiciones; por lo que, mientras no se pruebe que los bienes o utilidades obtenidos por alguno de los cónyuges socios, pertenece a uno de ellos, se presume que forman parte de la sociedad conyugal; además, cuando uno de los cónyuges socios fallece, el que sobreviva continuará en la posesión y administración del fondo social con intervención del albacea hasta que se verifique esa partición. b) Que está probado en la sucesión que la cuenta bancaria número 1111464043 a nombre de Adelina Salgado Vargas, fue adquirida desde que se encontraba vigente el matrimonio con el autor de la sucesión y al no existir prueba en contrario, la cuenta bancaria y las utilidades que de ella se produzcan, forma parte de la sociedad conyugal y, por tanto, del caudal hereditario. c) Que infundadamente fue reprobado el inventario y avalúo por el juez de primera instancia, ya que la cuenta bancaria fue adquirida por la socia conyugal durante el matrimonio y ésta no termina con la muerte de uno de los cónyuges, pues así lo establece el artículo 190 del Código Familiar del Estado vigente en la época, muerto uno de los cónyuges continuará el que sobreviva en la posesión y administración del fondo social con intervención del albacea de la sucesión, mientras no se verifique la partición, rigiéndose por lo que disponga el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles en materia de sucesiones, de conformidad con lo que señala el artículo 191 del Código Familiar del Estado vigente en la época. d) Que el juez de primera instancia viola los artículos 166, 167, 190 y 191, pues resulta falso que la cuenta bancaria no forma parte de la sociedad conyugal, pues al haber sido adquirida por la socia conyugal durante el matrimonio celebrado con el actor de la sucesión, para poder terminar esa sociedad se requiere de la partición o liquidación de la misma, mientras eso suceda el cónyuge que sobreviva continuará en la posesión y administración del fondo social, con intervención del albacea de la sucesión. De la comparación que antecede, se revela que la inconforme se limitó a insistir en los motivos de agravio formulados ante el órgano de alzada, aquí responsable, quien, una vez analizados, en esencia consideró lo siguiente: Que si bien en la ampliación al inventario y avalúo, se acreditó que Adelina Salgado Vargas, aperturó la cuenta número 1111464043, en vida de Joel González Jiménez, autor de la sucesión, y que por ende, formó parte de la sociedad conyugal el 50% del numerario que tenía esa cuenta y forma parte del caudal hereditario; sin embargo, corresponde a la sucesión dicho porcentaje, únicamente del dinero que se encontraba depositado en dicha cuenta, hasta antes del fallecimiento del autor de la herencia acaecido el veintiséis de noviembre de dos mil once, ya que de acuerdo a los numerales 186 y 218 del Código Familiar aplicables al asunto, la sociedad conformada por la cuentahabiente y Joel González Jiménez, terminó con el fallecimiento de este, motivo por el que no es factible legalmente considerar como parte del fondo social, las cantidades depositadas con posterioridad a que falleció el autor de la herencia, porque no se puede derivar la presunción de que era dinero suyo, sino que debió así probarse plenamente. Que la cantidad de $20,059.66 (veinte mil cincuenta y nueve pesos 66/100 moneda nacional), que de acuerdo a los estados de cuenta remitidos por la institución bancaría, existía al catorce de noviembre de dos mil once, cuando aún subsistía la sociedad conyugal y, por tanto, corresponde un 50% a la sucesión del socio, sin que opuesto a lo considerado por el resolutor primario se requiera de información alguna en torno a qué persona era la beneficiaria de la misma, porque Adelina Salgado Vargas, durante la vigencia del matrimonio con el autor de la herencia, abrió dicha cuenta, debiéndose, por ende, aprobar la cantidad de $10,029.83 (diez mil veintinueve pesos 83/100 moneda nacional), que equivale al 50% del dinero que se encontraba depositado antes de que falleciera el cónyuge de la titular y, por tanto, formó parte del fondo social. Así las cosas, es inconcuso que correspondía a la impetrante de garantías controvertir las consideraciones y fundamentos de la Sala responsable al contestar los agravios que ante ella se esgrimieron, y no, como ocurrió en la especie, hacerlos valer nuevamente ante esta Potestad Federal. De ahí que devengan inoperantes los motivos de disenso, toda vez que constituyen sustancialmente una repetición de los agravios formulados ante la Sala responsable, con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que decidió la ampliación del inventario, además, de que ninguna manera controvierten las consideraciones en que se sustenta la resolución que constituye lo reclamado en este juicio. Esto es así, porque la promovente de amparo no señala por qué no resultan aplicables los preceptos 186 y 218 del Código Familiar vigente en la época, que invocó la Sala responsable para considerar que la sociedad conformada por la cuentahabiente y el autor de la sucesión, terminó con el fallecimiento de éste; además, no evidencia con qué se acreditó que las cantidades depositadas con posterioridad al fallecimiento del autor de la herencia, era dinero que a éste le correspondía. No se soslayan el resto de las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, sin embargo, resultan inatendibles en la medida de que no combaten las consideraciones sustentadas en el acto reclamado, pues únicamente expresan argumentos genéricos y subjetivos, que indican en forma dogmática aspectos que nada tienen que ver con lo expuesto por el tribunal civil responsable, y tampoco menciona cómo es que esas afirmaciones de la autoridad transgreden sus derechos fundamentales. Apoyan lo dicho, las jurisprudencias siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." "CONCEPTOS DE VIOLACION, SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada el Tribunal Colegiado no está en condiciones de estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis contrario sensu de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en jurisprudencia firme, que para que proceda el estudio de los conceptos de violación, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, pues ello no liberaba a la parte quejosa de indicar, cuando menos, cómo y por qué la resolución de mérito no corresponde a la realidad de los hechos. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Por tanto, ante la imposibilidad jurídica de abordar el estudio del acto reclamado manera oficiosa, pues no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis de suplencia de la queja deficiente, previstas en el artículo 79 de la ley de Amparo, por imperar el principio de estricto derecho en términos del numeral 107, fracción II, de nuestra Carta Magna y lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra el acto reclamado. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Diana González Salgado contra la autoridad responsable, por las razones precisadas en el considerando quinto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCÍA ARMAS, hoy veinticinco de abril de dos mil diecinueve, ante la secretaria Erika Ivonne Carballal López, con quien actúa y da fe.

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