Diana Gonzalez Ortiz

Expediente 905/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
905/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Diana Gonzalez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos del juicio de amparo, tomando en cuenta que transcurrió el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Cuarto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción I; por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículo 25, concerniente a la digitalización de expedientes. Se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Supervisión de registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.Nmtg.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la autoridad responsable, mediante el cual pretende rendir informe justificado, el que se ordena agregar a sus autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el veintiocho de julio del año en curso, tuvo verificativo la audiencia constitucional y además se dictó sentencia correspondiente en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Nmtg.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 905/2023-II-B, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada recibida el veintinueve siguiente en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de junio pasado, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece, en lo conducente, los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse la conducta omisiva de autoridad que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de desahogar la prueba pericial tercero en discordia en materia de medicina del trabajo dentro del juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable, pues no obstante de encontrarse notificada del auto por el cual se le requirió el informe justificado, fue omisa en rendirlo. Sin que pase desapercibido para el suscrito que mediante oficio recibido y registrado con el número de folio 11924 del libro de correspondencia de este órgano jurisdiccional, la junta responsable comunicó su periodo vacacional comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintitrés; lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". No obstante, la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares y, si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. De ahí que no puede justificarse el periodo vacacional de la autoridad responsable al no encontrarse previstos expresamente en la Ley de Amparo, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, estableció plazos para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional- dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 1/2022 (10a.), de la Undécima Época, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de una junta laboral, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1, fracción I y 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora, si bien es cierto que con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumió cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal en el Estado de Morelos, al haber sido omisa en rendir su informe justificado; también lo es, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido vía jurisprudencia, que para los efectos del juicio de amparo, cuando se reclame una omisión -como en el caso de desahogar una prueba- y se presuma por cierto el mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponderá al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la máxima ley del país, pues su inconstitucionalidad dependerá de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el solicitante de amparo, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Así lo definió la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 50/97, de rubro: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juzgado de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia del informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 117 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al promovente de amparo, cuando no sea violatorio de derechos y sus garantías en sí mismo. En ese orden de ideas, si bien la falta de informe justificado conduce a presumir cierta la existencia del acto reclamado, en este caso, la omisión de desahogar un medio probatorio en el juicio laboral de origen, ello no implica que sea así respecto de los hechos afirmados en la demanda de amparo, tales como: a) La existencia de un juicio en el que haya sido parte el quejoso; b) Que se hubiera cerrado la instrucción; y, c) Que hubiese transcurrido el plazo que tenía la autoridad laboral para emitir el fallo definitivo. Ya que tales cuestiones indefectiblemente toca demostrarlas al quejoso de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que en el presente caso no ocurre, en virtud de que la parte quejosa no allegó a este juicio de amparo medio de convicción alguno para demostrar su dicho. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.6o.T.299 L, de rubro: "LAUDO. SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU DICTADO Y SE TIENE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTO EL ACTO POR NO HABER RENDIDO LA RESPONSABLE SU INFORME JUSTIFICADO, ELLO NO EXIME AL QUEJOSO DE DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, Y SI NO LO HACE NO ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO.". Consecuentemente, si la parte agraviada no aportó elementos de convicción tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de sus aseveraciones, es evidente que no existe una afectación directa en su esfera jurídica y, por ende, no acredita su interés jurídico para promover el juicio constitucional. Sin que se inadvierta la protesta de decir verdad contenida en el escrito de demanda, sin embargo, dicha manifestación no es suficiente para acreditar el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que como se ha dicho, es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Por similitud, tiene aplicación, la jurisprudencia del índice de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." Por lo anterior, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró fehacientemente la afectación al interés jurídico. Es aplicable en este punto, la jurisprudencia con número de registro 206338, con rubro: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, decretándose, por ende, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/3965/2023 de tres de julio de dos mil veintitrés, asistido de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de veintitrés de junio del dos mil veintitrés, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de siete de junio de dos mil veintitrés (notificado el quince de junio del año en curso), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que está notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna. Por ende, procede resolver conforme a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia engrosada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Trigésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México; para el efecto siguiente: "(.) Deje insubsistente jurídicamente lo actuado en el exhorto ********************del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en el Estado de Morelos, así como todo lo actuado con posterioridad a éste en el juicio especial hipotecario ********************de su índice, y, hecho lo anterior, ordene a quien corresponda el emplazamiento legal de la parte demandada, aquí quejosa. (.)" Inconforme con tal fallo, la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión. Por razón de turno, correspondió conocer del medio de impugnación al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, bajo el toca 2/2023; el cual, mediante ejecutoria emitida en sesión de trece de abril de dos mil veintitrés, resolvió en los siguientes términos: "(.) PRIMERO. Se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO. Se declara fundado el incidente de objeción de falsedad de documentos interpuesto por la quejosa ********************y/o ********************de Mondragón, para las razones expuestas en el considerando cuarto de la sentencia impugnada. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************y/o ********************de Mondragón, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo de la sentencia sujeta a revisión" (.)" En consecuencia, el veintiuno de abril del presente año, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. El siete de junio de dos mil veintitrés, por oficio recibido el seis de junio del año en curso, la responsable manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector (promoción con folio 9671); para lo cual remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2. De la citada documental, se desprende que la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitió un acuerdo mediante el cual dejó insubsistente jurídicamente lo actuado en el exhorto ********************del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en el Estado de Morelos, así como todo lo actuado con posterioridad a éste en el juicio especial hipotecario ********************de su índice, asimismo ordenó el emplazamiento a ********************y/o ********************de Mondragón, parte demandada, -aquí quejosa-; por consiguiente, se restituyó a la parte quejosa el goce del derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, que se tildó como vulnerado en su perjuicio en la sentencia amparadora. Por la razón antedicha, es procedente declarar cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la ley de la materia. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Folio 11012. Visto el escrito con evidencia criptográfica, suscrito por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual autoriza a ********************, para la recepción de las copias autorizadas mediante proveído de dieciséis de junio del año en curso; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior; se tiene por autorizada únicamente para recoger la copia solicitada a la persona propuesta para ello. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Mario Andrés Lesher González, secretario en funciones de Juez, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el siete de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 175, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con el artículo 44, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

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