Diana Gabriela Alvarado Gómez

Expediente 603/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
603/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Diana Gabriela Alvarado Gómez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el escrito firmado por la quejosa Diana Gabriela Alvarado Gómez, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que fueron anexados a la demanda. En atención a su contenido, dígase a la ocursante que se esté a lo acordado en proveído de veintidós de febrero pasado, en el que fueron puestos a su disposición dichos documentos. Notifíquese

  2. Principal

    Principal 603/2022-I El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de dos de febrero del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo, le transcurrió del ocho al veintiuno de febrero actual, sin contar los días once, doce, dieciocho y diecinueve, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho; 2. No se solicitó la suspensión del acto reclamado; y 3. Sí obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. La secretaria María Chávez Valencia CUENTA. En esta misma fecha, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guarda este sumario. Conste. La secretaria María Chávez Valencia Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria, para MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, se determina que el EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??A???????????? Se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Finalmente, dado que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recojan los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ. Principal 603/2022-I El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de dos de febrero del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo, le transcurrió del ocho al veintiuno de febrero actual, sin contar los días once, doce, dieciocho y diecinueve, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho; 2. No se solicitó la suspensión del acto reclamado; y 3. Sí obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. La secretaria María Chávez Valencia CUENTA. En esta misma fecha, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guarda este sumario. Conste. La secretaria María Chávez Valencia Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria, para MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, se determina que el EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??A???????????? Se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Finalmente, dado que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recojan los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SENTENCIA QUE RESUELVE: SEXTO. Causal de improcedencia. Una vez que ha sido demostrada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de la materia de fondo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 222780, cuyo rubro y texto, indican: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, la suscrita juzgadora advierte de manera oficiosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que en su orden literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El numeral 1, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en dicho ordenamiento legal. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El referido precepto legal indica también que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, debe precisarse que el máximo Tribunal del país determinó que los rasgos que diferencian a una autoridad para efectos del juicio de amparo son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, para considerar que el acto realizado proviene de una autoridad y, por ende, sea reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que exista una relación de supra a subordinación, que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, quien actúa en su carácter de autoridad responsable, se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado, por lo que ejerce una "fuerza pública", entendida ésta en el sentido de "imperio" y no poder coactivo material, cubriéndose de un ropaje estatal y actuando como si fuera una entidad pública; y sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado a través de una ley en sentido amplio. Así, puede advertirse con facilidad que la finalidad de ampliar el concepto de "acto de autoridad" que contiene la actual Ley de Amparo, fue dar prioridad a la naturaleza propia del acto por encima del carácter de quien lo emite. En consecuencia, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de coordinación, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Respecto del concepto de autoridad responsable, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Dicho lo anterior, en el caso concreto tenemos que la quejosa ostenta el cargo de HM. Mecanógrafa del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, y reclama la suspensión del pago de su salario. Por su parte, al rendir su informe justificado las autoridades responsables Director General, Director de Planeación y Jefe del Departamento de Recursos Humanos, todos del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, manifestaron que en la primera sesión extraordinaria 2022 de la Junta Directiva del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, celebrada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la quejosa fue rescindida como empleada de dicha dependencia. Rescisión que se informó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante escrito de dos de junio de dos mil veintidós, con el que se formó el expediente A.P.P. 032/2022. Por lo que es evidente que a través de la promoción del presente juicio de amparo se intentan combatir actos que surgen de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables y la impetrante, en la que las primeras hacen las veces de patrón y la quejosa se erige como empleada, por lo que esta instancia constitucional es improcedente, en virtud de que los actos reclamados dadas las características del caso, no provienen de entes de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, a las autoridades que la peticionaria señala como responsables, no les reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que se entiende por ésta, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de igual forma, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no acontece, tal y como enseguida se explicará con base en los siguientes razonamientos. En primer término, se insiste, "autoridad responsable" es quien emitió o ejecutó el acto reclamado a través de este medio de control constitucional; es decir, se connota como todo aquél órgano del estado o particular dotado de facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares e impone a estos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. Los órganos del Estado pueden actuar en dos tipos de relaciones de supra a subordinación y en relaciones de coordinación, en las primeras actúan como autoridad frente a particulares y sus actos contienen entonces, las características de unilaterales, coercitivos e imperativos, y en las últimas se despojan de ese poder de mando y realizan actividades como cualquier particular. De tal suerte que, para identificar si un ente actuó en uso de sus atribuciones públicas es indispensable realizar un análisis casuístico. Cabe señalar que la relación Estado-empleado se representa por dos características que no deben perderse de vista al analizar su esencia y que se refieren, en principio, a la naturaleza soberana del Estado, uno de los sujetos de esa relación, cuya voluntad orgánica se integra con la de los empleados, en contraste con la relación existente entre el patrón y el obrero, donde ambos sujetos son particulares; y en segundo, la naturaleza del servicio prestado, que es el desenvolvimiento y ejecución de las atribuciones encomendadas al Estado por el régimen jurídico, lo que no existe en la relación laboral ordinaria. Lo anterior lleva a considerar que si la relación entre el Estado y el empleado se inserta en la estructura, organización y funcionamiento de aquél, su naturaleza jurídica debía estimarse como administrativa, pero la fuerza del derecho positivo ha dado a dicha relación un tratamiento peculiar que ha transformado su índole en la generalidad de los casos, aunque respetando a manera de excepción, algunos supuestos bien determinados en los cuales se conserva la naturaleza administrativa original de la relación. Luego, toda vez que del contenido de la demanda de amparo, se obtiene que la ahora quejosa era trabajadora del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, lo que se corrobora con los recibos de pago que se adjuntaron a la demanda de amparo; se concluye que en el caso, se está ante una relación de coordinación de tipo laboral entre la quejosa y quienes señala como autoridades responsables, en torno a la cual no concurren los citados elementos ya enunciados, los cuales únicamente surgen en las relaciones de supra a subordinación, porque en este supuesto las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso de la afectada, es decir, se ejercen facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de tal potestad, lo que revela que tal ente es una autoridad para los efectos del amparo. Hipótesis que no se demuestra, al tratarse de una cuestión eminentemente laboral, (la que en todo caso podría dilucidar ante la autoridad que resulta competente), porque aquí se les atribuyen actos que ejercen en calidad de patrón, como lo es la rescisión de la relación laboral y en consecuencia, la suspensión del pago de su salario. De ahí que, a tales funcionarios no les resulta el carácter de autoridad para los efectos de la instancia constitucional, de modo que su proceder queda fuera de los supuestos que permitirían combatirlo por esta vía, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva. Es importante señalar que lo anterior no comprende a todos los trabajadores al servicio de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, pues la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, excluye a cinco grupos: 1. Militares; 2. Marinos; 3. Personal del Servicio Exterior; 4. Agentes del Ministerio Público, y 5. Miembros de instituciones policiales. Como se ve, los cinco grupos indicados, constituyen la excepción que efectúa el artículo 123 constitucional en el Apartado B, fracción XIII, respecto de la regla general consistente en que la relación Estadoempleado se asimila a una relación laboral y que aquél debe considerarse como si fuera patrón, excepción aceptada en el consenso internacional, porque las atribuciones encomendadas por las leyes a esos grupos son de tal manera substanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, o para su imagen externa, que su control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo. En efecto, en la jurisprudencia P./J. 10/90, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, equiparó la relación Estado y empleado, en vínculo laboral similar a la de un patrón exceptuando las hipótesis de los militares, marinos, miembros de seguridad pública y personal de servicio exterior, y que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias entre el Estado como patrón y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, concluyendo que cualquier decisión que adoptara como empleador, respecto de alguno de sus empleados en sus labores, no constituyen un acto de autoridad sino de la relación laboral existente, tesis que a letra dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Sin embargo, en el caso concreto la quejosa no se ubica dentro de alguna de las citadas excepciones, según sus propias manifestaciones, las documentales que anexó a la demanda de amparo y las diversas exhibidas por las autoridades responsables, como enseguida se explicará. En lo que atañe a las relaciones laborales del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, el artículo 42 de su Reglamento Interior establece: "Artículo 42. Las relaciones laborales del Colegio de Bachilleres con el personal académico y administrativo, se regirán por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las demás disposiciones administrativas internas del Colegio de Bachilleres." Del citado precepto legal, se desprende que las relaciones laborales del Colegio de Bachilleres con el personal académico y administrativo, se regirán por la Ley Federal del Trabajo, por lo que es inconcuso que se regulan conforme a lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 Constitucional. En consecuencia, al configurarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la misma legislación. Al haberse decretado el sobreseimiento, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, motivado, fundado y, además, con fundamento en los artículos 61, 62, 73, 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio, promovido por ***por derecho propio, en contra de las autoridades y por los actos reclamados precisados en el resultando primero, en términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese.

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