Diana Evelyn Olivo Galarza
Expediente 1236/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Diana Evelyn Olivo Galarza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
"...Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior el hecho de que se encuentre transcurriendo el término a las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, Central de Actuarios Adscritos a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira y Actuario Adscrito a la Central de Actuarios Adscritos a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, con los que les fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería a la parte quejosa, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. [...] Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como depurable, pues se negó la protección constitucional y dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notificaciones vía interconexión a las autoridades responsables dependientes del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas..."
- Incidental
"...Visto el estado procesal y, atendiendo a lo ordenado en el auto del expediente principal, se ordena el archivo de este incidente; lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se clasifica como susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, pues se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. También, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración, conservando únicamente las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión o su violación, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del cuaderno incidental, este se clasifica como destruible, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula de cada uno de los expedientes mencionados..."
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa Diana Evelyn Olivo Galarza, contra actos de la Coordinadora de la Central de Actuarios del Segundo Distrito Judicial, con sede en Altamira, Tamaulipas, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa Diana Evelyn Olivo Galarza contra los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil y Actuario adscrito a la Central de Actuarios, ambos del Segundo Distrito Judicial, con sede en Altamira, Tamaulipas; por las razones expuestas en el séptimo considerando de esta sentencia.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental que la responsable acompaña a su misiva, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Asimismo, con dicho anexo fórmese por cuerda separada el tomo I de constancias, para el mejor manejo del presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el [los] informe[s] rendido[s] no fue[ron] conocido[s] por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y un minuto del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, bajo la voz: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
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