Diana Eugenia Maria Lopez Mezquita
Expediente 684/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Diana Eugenia Maria Lopez Mezquita
Actuaciones
- Principal
MESA VI.- Visto el estado de los autos y toda vez que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplido el plazo al que se refiere el citado numeral, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de garantías en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. DOCUMENTOS: Ahora bien, toda vez que obran glosados en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de NOVENTA DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo en hora hábil ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, seguirá la misma suerte que el expediente principal. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Finalmente, agréguese a estos autos el escrito de ..., mediante el cual solicita copias certificadas y la devolución de los documentos anexados a su escrito inicial de demanda; y como lo solicita la ocursante, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, y toda vez que no existe impedimento legal alguno, expídanse sin contribución alguna para este Juzgado, las copias certificadas que solicita. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y no existiendo impedimento legal alguno para ello, se ordena la devolución de los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda. En consecuencia, entréguensele las copias y los documentos de mérito por el conducto que indica, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI.- Vista la demanda de amparo promovida ..., contra actos de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, H. Congreso Constitucional del Estado de Yucatán y al Gobernador Constitucional del Estado, todos con sede en esta ciudad. En consecuencia, fórmese expediente, tanto físico como electrónico (el cual deberá integrarse conforme a lo estipulado en el acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal); regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa en contra del acto que reclama la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, H. Congreso Constitucional del Estado de Yucatán y al Gobernador Constitucional del Estado, todos sede en esta ciudad., ambos con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo indirecto de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. A juicio de la suscrita, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que tales actos no se encuentran dentro de los que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución correspondiente. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De dicho precepto se desprenden dos hipótesis para la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio: 1. Aquellos que no se dicten en ejecución de sentencia, es decir, que gocen de autonomía en relación con dicha ejecución; y, 2. Los dictados en ejecución de sentencia, contra la resolución final dictada en el procedimiento respectivo. Es decir, en el caso de la segunda clase, la procedencia del amparo se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento de ejecución de sentencia. Ahora bien, para entender por qué se actualiza la causal de improcedencia invocada, debe tenerse en cuenta, que la parte quejosa reclama la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente 799/2010, relativo al juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria, promovido contra la quejosa, donde se condenó a la ahora quejosa a desocupar el Tablaje 287, lo cual bajo protesta manifiesta haber realizado, quedando por ejecutar el pago de frutos civiles generados a partir del mes de mayo de dos mil diez, y al respecto el acto reclamado lo constituye la determinación del Juzgador adoptar el avalúo comercial vertido por el perito tercero. En ese sentido, resulta evidente que éste fue emitido en un procedimiento de ejecución de sentencia, el cual no constituye la última actuación dentro del procedimiento relativo, pues sólo podrán reclamarse las violaciones procesales que se cometieron durante el mismo al combatir el auto en el que en forma definitiva se determina la cantidad líquida para el pago de los frutos civiles a los que se condenó. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P./J. 32/2001, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Así como en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En otras palabras, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente 799/2010, que se dictó dentro del procedimiento de ejecución de sentencia; pues no constituye el último acto dictado en etapa de ejecución ya que únicamente se determinó adherirse a lo señalado en el avalúo del perito tercero y en base a ello poder determinar la cantidad liquida, a la que fue condenada la aquí quejosa. Sin que sea óbice a lo anterior que entre sus actos reclamados también señale la promulgación del decreto 373, ya que no hace referencia a ningún año o fecha específica de publicación de lo que podría desprenderse que se trató de un error de formato o bien, que se refiere en general al decreto publicado el veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno en el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado, que por tratarse de un ordenamiento procesal no podría reclamarse como norma de individualización incondicionada sino por acto de aplicación, que en el caso lo sería el acuerdo combatido y al ser éste improcedente, también lo es el amparo por las normas aplicadas. Por lo tanto, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR la demanda de amparo por lo que al acto reclamado se refiere. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito. También se tiene como autorizados de la parte quejosa, a ..., en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a ..., con las limitaciones que se establecen en el numeral 12 de la ley de la materia, en virtud de que este último no acreditó encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ni estar inscritos en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en virtud de que el presente asunto versa en materia materia Civil. No obstante, cabe señalar que la autorización para imponerse de autos, implica la posibilidad de realizarlo mediante la utilización de medios electrónicos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Hágase saber a las partes que pueden oponerse a la publicación de sus datos y que, mientras esto no acontezca, este órgano jurisdiccional, en aras de una protección a su intimidad, determina suprimirlos de las versiones públicas de las resoluciones que se dicten en este asunto. Finalmente, tomando en consideración el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); por ese motivo, se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En el caso de las autoridades responsables, aunque se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, se les requiere para que proporcionen a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional (4jdo14cto@correo.cjf.gob.mx). Lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de solictar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. A que en su primera comparecencia luego de la reactivación de este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o moviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 4. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese personalmente.
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