Diana Estefanía Kú Chan

Expediente 2646/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2646/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Diana Estefanía Kú Chan
  • Secretario de Seguridad Pública del Estado Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 2646/2022-III-B, promovido en favor de ********************; y Resultando PRIMERO. Recepción de la demanda. Por escrito recibido el once de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado el mismo día a este Juzgado compareció ********************a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal en favor de ********************, contra los actos reclamados del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previa ratificación de la demanda, a la que le correspondió el número 2646/2022-III-B, por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Consideraciones PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir, fundamentalmente en: 1. La incomunicación y, 2. La detención de la directa quejosa. TERCERA. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto atribuido al Secretario de Seguridad Pública, consistente en la incomunicación de la aquí quejosa, según se advierte del informe con justificación que rindió por conducto del Director Jurídico de la misma corporación (promoción 27301); sin que la quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Consecuentemente, ante la inexistencia del indicado acto reclamado, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por identidad de criterio, se cita la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que se hizo consistir en la detención de la quejosa, pues así lo reconoció el Director Jurídico de dicha dependencia al rendir en su representación el informe con justificación (promoción 27301); lo que se corrobora con las constancias que fueron remitidas en apoyo a dicho informe. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTA. Análisis de las causas de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, del contenido del informe justificado rendido por las responsables y las constancias que remitieron con éste, las que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se advierte: 1. Que mediante informe policial homologado de diez de noviembre de dos mil veintidós, se hizo constar la detención de la aquí quejosa, por los motivos ahí indicados, por lo cual fue remitida a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 2. En la misma fecha (diez de noviembre de dos mil veintidós), la Secretaría de Seguridad Pública calificó la sanción de la quejosa, por lo cual le impuso un arresto administrativo de treinta y seis horas. 3. Que a las trece horas del diez de noviembre de dos mil veintidós, la responsable dio salida a dicha quejosa con motivo de la suspensión de plano concedida por este juzgador federal e hizo constar que le restaban por compurgar diez horas. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues si el acto reclamado se hizo consistir en la detención, y con motivo de la medida cautelar dictada por este órgano federal se le dejó en libertad, es innegable que al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma las autoridades responsables el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que obste a lo anterior que al rendir su informe la autoridad responsable, haya señalado que a la quejosa le restan veintitrés horas con treinta minutos por cumplir de las treinta y seis que se le impusieron con motivo de la infracción administrativa que cometió. Esto, ya que al respecto mediante determinación de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se le dio vista a la quejosa por el término de quince días para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda señalando como nuevo acto reclamado las horas que se encuentran pendientes por compurgar, sin que haya desahogado dicha prevención como se hizo constar en diversa providencia de veintitrés de enero del año en curso, por lo que se decretó que este juicio se resolvería únicamente respecto de los actos inicialmente señalados. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido en favor de ********************, en contra del acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos señalados en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido en favor de ********************, en contra del acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones precisadas en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, dentro del término concedido, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo y señalar como nuevo acto reclamado las horas pendientes por compurgar. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en dicho proveído y se tiene por no ampliada la demanda de amparo; por lo que el presente juicio se resolverá únicamente por los actos reclamados a las autoridades señaladas el escrito inicial de demanda. Con relación a lo anterior, toda vez que a partir de la notificación que se efectúe del presente proveído, comenzará a transcurrir el plazo al que hace referencia el artículo 98 de la Ley de Amparo, con relación a lo aquí proveído, respecto a que se tuvo por no ampliada la demanda de amparo por la parte quejosa. En tal virtud, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para tener verificativo este propio día, por lo que, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se impone su diferimiento y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese, haciéndolo vía electrónica a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe con relación a la suspensión de plano rendido por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del titular de dicha corporación, y anexo que acompañó. Ahora bien, de las constancias remitidas por la referida autoridad, se desprende que la directa quejosa Diana Estefanía Ku Chan, fue detenida el diez de noviembre del año en curso y recluida en la cárcel pública de dicha Secretaría, con relación al arresto administrativo por treinta y seis horas que le fuera impuesto. Posteriormente, fue puesta en libertad el mismo día de su ingreso, en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en los presentes autos, habiendo cumplido un total de doce horas de las treinta y seis horas de arresto impuestas, quedando pendientes por cumplir veinticuatro horas. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en la fracción II, del artículo 111 de la Ley de Amparo, prevéngansele para que dentro del término de quince días hábiles, previsto en el numeral 17 de la ley de la materia, manifieste si amplía su demanda señalando como nuevo acto reclamado las horas pendientes por compurgar; debiendo invariablemente cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, este juicio se resolverá únicamente respecto de los actos inicialmente señalados. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que debería tener verificativo en esta propia fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha y hora para su celebración. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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