Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa (REPRESENTANTE COMÚN)
Expediente 1219/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 76 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 76
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa (REPRESENTANTE COMÚN)
- Jorge Ignacio Botas Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 76.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por visto el oficio 2453/2023 signado con firma electrónica por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la Superioridad de mérito informando en sesión ordinaria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por la parte quejosa en este asunto en contra del auto de treinta de marzo del año en curso, dentro de los autos del recurso de reclamación 5/2023 -relativo a la queja 74/2023- de la estadística del Tribunal referido en el párrafo anterior; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo vía interconexión. Finalmente, hágase del conocimiento lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a las partes quejosa y tercero interesado, el proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercera interesada mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés (fojas 835 y 836), para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que únicamente realizaron los quejosos Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez -por conducto de su autorizada- mediante su escrito electrónico con registro 6369. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (fojas 247 a 272), por una parte se sobreseyó y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos. Inconformes con dicha resolución, los quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión 236/2022 de su estadística, revocó la sentencia recurrida (fojas 622 a 628), y en su lugar concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, en los siguientes términos: "[.] De acuerdo con lo anteriormente reseñado, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí inconformes, al considerar que existía la probabilidad de que participaron en la comisión del hecho tipificado como delito de feminicidio, previsto en el cardinal 367 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en perjuicio de Monserrat Bendimes Roldán, porque -afirmó el juez responsable- prestaron ayuda en su ejecución, por conducta simultánea, en términos del cardinal 38, fracción I, ibídem, "al hacer acto de presencia en el domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la pasivo". Sin embargo, dicha autoridad omitió explicar en qué consistió, específicamente, la ayuda que proporcionaron los quejosos en la ejecución del hecho previsto por el código punitivo local como feminicidio, previsto en el numeral en comento, que dice: "Artículo 367 Bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;" En efecto, como se ha visto, la responsable se limitó a mencionar, en forma dogmática, que los actores constitucionales prestaron ayuda, por conducta simultánea en la ejecución de ese delito, ya que hicieron acto de presencia en el lugar donde previamente fue agredida la víctima físicamente; empero dejó de explicar por qué la sola circunstancia de haberse constituido en el lugar ayudó en la realización del delito [.] Además, existió una indebida motivación en esos argumentos expuestos por parte la autoridad responsable, pues de acuerdo con la jurisprudencia reproducida, no sólo deben expresarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sino también es menester que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo que en el particular tampoco acontece. Ello, tomando en cuenta que a los peticionarios el amparo se les atribuye el grado de participación establecido en el numeral 38, fracción I, ibídem, que dice: "Artículo 38. Son partícipes del delito quienes: Presten ayuda, cooperación o auxilio en la ejecución del delito, por conducta anterior o simultánea;" De acuerdo con ese dispositivo, resultan partícipes del delito quienes presten ayuda en la realización de un antisocial, por conducta simultánea (hipótesis en que se ubicó a los quejosos), es decir, quienes colaboren en la ejecución del delito en el momento preciso en que éste se comete, pues el vocablo "simultáneo" significa, conforme al diccionario de la Real Academia Española, aquello que "se hace u ocurre al mismo tiempo que otra". Por lo tanto, si la autoridad responsable ordenadora estimó que los imputados se ubicaron en esa hipótesis legal porque hicieron acto de presencia en un domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la víctima, resulta claro que sus argumentos tampoco se adecuaron a la citada disposición normativa, ya que ésta alude, se insiste, a una colaboración en la ejecución del delito en el momento en que éste se lleva a cabo, y el juez de control incluso señaló que la agresión física en contra de la pasiva, fue previa a la llegada de los amparistas. En consecuencia, procede en la materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora: a) Deje insubsistente la parte relativa a la audiencia inicial, en lo concerniente al dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. b) Señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que, con asistencia de las partes, pero sin intervención de las mismas, con libertad de jurisdicción, resuelva lo procedente sobre la solicitud de vinculación a proceso realizada por el fiscal, de manera fundada y motivada. (.)" En consecuencia mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (fojas 629 y 630), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, en los términos precisados en párrafo que anteceden. Seguidamente, mediante proveído de diecisiete de abril del actual (fojas 835 y 836), se ordenó dar vista a los justiciables y tercero interesado, con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez mediante oficio 597/2023/lcg, el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", en Veracruz, remitió a este juzgado un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio STI2114023 correspondiente a la audiencia de fecha catorce de abril del año en curso, así como el índice cronológico de la misma, en relación al proceso penal 387/2021, que se instruye en contra de Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio, cometido en agravio de Monserrat Bendimes Roldán. En primer término, el Juez responsable procedió a dejar insubsistente la resolución de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno y diversa de seis de marzo de dos mil veintitrés, en las que se había decretado auto de vinculación a proceso a Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez. Por otra parte, el Juez responsable señaló los requisitos de forma y fondo que ese órgano jurisdiccional debe cubrir para el dictado de un auto de vinculación a proceso, conforme lo dispuesto por los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; a saber: I. Que se haya formulado imputación. II. Que se le haya otorgado la oportunidad de declarar al imputado. III. Que, de los datos expuestos por la fiscalía, se desprendan datos de prueba que establezcan: a) - Que se haya cometido un hecho que la ley señale como delito b).- Que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV.-El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa. V. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Una vez establecidos los requisitos mínimos necesarios, con plenitud de jurisdicción, el juez procedió al análisis de los requisitos anteriormente señalados. Posteriormente, marcó que a fin de analizare lo relativo a la probable intervención o participación de los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez en la comisión del hecho delictivo que se les imputa, planteó literalmente lo siguiente: ".Ahora bien, este órgano Jurisdiccional a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal, procede analizar lo relativo a la PROBABLE INTERVENCIÓN O PARTICIPACIÓN de los imputados DIANA ELIZABETH FUENTES DE LA ROSA y JORGE IGNACIO BOTAS JIMÉNEZ en la comisión del hecho delictivo que les imputa, y para mejor comprensión del asunto, conviene señalar que en la audiencia inicial, al momento de formular imputación la fiscalía, primero resumió el contenido de diversos datos de prueba, para concluir de manera textual lo siguiente: ". la víctima era novia de Marlon Botas Fuentes, quien había estado en el interior del domicilio ya mencionado que es de la víctima, por eso es importante concatenar la relación que existe entre ustedes y la víctima, así como el hecho de que ustedes estuvieran presentes en el domicilio, donde sucedieron los hechos, misma situación que los pone a ustedes de alguna manera en una intervención simultánea, respecto a lo acontecido a la víctima, pues cuando ustedes ingresan a dicho domicilio, la víctima se encontraba en el interior del mismo, y ustedes llegan a ese domicilio, y salen posteriormente cargando a la víctima para trasladarse a un lugar diferente del hospital Millenium, en donde ingresaron a la víctima, quien se encontraba lesionada de gravedad, también dentro del mismo hospital Millenium existen también las testimoniales del personal que recibe a la víctima en donde señalan que en todo momento la víctima dijo que la persona que la había agredido era Marlon, y también dijo que era su novio, ante esta situación, esta es la situación que acontece, así también es importante mencionar que el teléfono hasta este momento, el teléfono de la víctima, no se encuentra, todavía no ha sido recuperado, siendo que dicho teléfono y dicha conexión de dicho teléfono, se ubicó en el mismo lugar que los números telefónicos de ustedes Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y José Ignacio Botas Jiménez, por tal situación el teléfono en el momento que ustedes sacan a la víctima del domicilio se encontraba todavía en posesión de ustedes o de la víctima, mismo teléfono que hasta este momento no ha sido recuperado, ni por parte de las autoridades, ni por parte de la familia, es cuanto, perdón, debemos considerar que la acción delictiva de ustedes es de carácter dolosa, en términos de lo que dispone el párrafo segundo del artículo 21 del Código Penal para el Estado de Veracruz, en virtud de que ustedes conocen las circunstancias de su actuar y asumen la realización de su conducta, toda vez que el hecho de haber encontrado a la víctima con heridas de gravedad, la obligación de ustedes no, era haber, haber, de alguna manera haberse reunido simultáneamente para no atender a la víctima en ese momento, sino para trasladarla a un lugar diferente, la obligación de ustedes era haberle en ese momento, inmediatamente proporcionado la atención médica que la víctima necesitaba, toda vez que las lesiones que la misma presentó, a la larga, el día veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, le causaron la muerte a la misma, la calificación jurídica preliminar es por el delito de feminicidio, previsto y sancionado por r artículo 367 bis fracción I, esto relacionado con el artículo 38, ambos del Código Penal para el Estado de Veracruz, hechos cometidos en agravio de la víctima Monserrat Bendimes Roldán, el nombre de la persona que los denuncia, tal y como ya se ha señalado es el señor Víctor Manuel Bendimes García, quien resulta ser padre de la hoy occisa, es importante señalar tal y como se dijo al inicio de esta formulación de imputación que la paridad (sic) de ustedes es de partícipes según lo señala el artículo 38, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, asimismo también reitero que la hora de los hechos es a las quince horas aproximadamente, señalan las víctimas (sic) que ustedes llegaron al domicilio de la víctima aproximadamente entre pasadas las siete de la noche y antes de ser, antes de las ocho de la noche, aproximadamente a las ocho de la noche, en el domicilio previamente ya mencionado que es Alfonsina Corro número 262 esquina Marcial Morales de la Colonia Tamsa, en Boca de Río, Veracruz; es cuánto." Luego, la fiscalía aclara el tipo de participación que atribuía a los quejosos, y dijo: ".la hipótesis del numeral primero de la fracción I, del 38, se puede quedar cualquiera de las hipótesis su señoría, en ese caso sería, pudiera ser que prestaran ayuda, también que cooperara y auxiliaran en la ejecución del delito señoría, conductas simultáneas su señoría, esto es en razón de que los hechos se realizaron dentro del domicilio su señoría, de la víctima, y los testigos señalan que ellos se encontraban dentro de ese mismo, que ingresaron a ese mismo domicilio, para posteriormente sacar a la víctima del mismo señoría. es cuanto" Asimismo, al solicitar la vinculación a proceso, la Fiscal reseñó el contenido de diversos datos de prueba para concluir: ". los datos de prueba ya mencionados han sido idóneos, pertinentes y suficientes para tener por acreditado; su señoría, que los hoy imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, se constituyeron en el domicilio de los hechos, mismo que se encuentra ubicado en Alfonsina Corro 262, en Boca del Río, Veracruz, y que del mismo punto Marlon Botas Fuentes sacaron de dicho domicilio a la víctima, su señoría, para efecto de trasladarla a un punto que dé, inicio, no era el hospital a donde la llevaron por última ocasión, su señoría, era un punto en donde se encontraron relacionados o concatenadas las señales de los celulares, el mismo punto con el de la víctima su señoría, mismo aparato telefónico señoría, que hasta este momento todavía no aparece, y del cual también son responsables los hoy imputados, su señoría, toda vez que los mismos se encontraban presentes cuando dicho aparato telefónico tenía la recepción tal y como lo señala el informe proporcionado por la unidad de análisis de la inteligencia, su señoría; en razón de esa situación, su señoría, esta fiscalía solicita respetuosamente, toda vez que los datos de prueba son idóneos y pertinentes y suficientes, solicita respetuosamente se vincule a proceso a los señores Jorge Ignacio Botas Jiménez y Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa por el delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 367 bis, fracción I, en calidad de partícipes que señala el artículo 38, fracción I del mismo ordenamiento penal, toda vez que éstos son responsables de los hechos acontecidos el día diecisiete de abril del año dos mil veintiuno, su señoría, aproximadamente a las veinte horas, su señoría, es cuanto." Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte de lo anterior que la Representación Social omitió explicar en qué consistió, específicamente, la ayuda que proporcionaron los hoy imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez en la ejecución del hecho previsto por el código punitivo local como feminicidio, previsto en el numeral en comento, que dice: Artículo 367 Bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;" En efecto, a través de lo expuesto por los testigos Jesús Manuel Rivera Roldán, Alfredo Tepole Tepepa, y de las personas identificadas con identidad resguardada K.S.T.M. y P.S.T.B., fueron coincidentes en referir haber visto llegar en un coche rojo Honda Fit, a la sujeto pasivo junto con su novio MARLON BOTAS, quienes descendieron de un vehículo e ingresaron a la casa de MONSERRAT, domicilio ubicado en la calle Alfonsina Corro número 262, esquina Marcial Morales de la colonia Casas Tamsa en el Municipio de Boca del Río, Veracruz, así como aproximadamente a las veinte horas observaron llegar una camioneta blanca de batea, de cuatro puertas, en color blanca, la cual conducía un masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión delgada, cabello entrecano, quien venía acompañado de dos mujeres, una de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, estatura media y color de piel morena clara, cabello entintado en rayos dorados, y otra mujer joven de aproximadamente veinticinco a treinta años, de estatura baja, complexión delgada, la cual vestía uniforme de tipo enfermera. En ese entendido, como se ha visto, la Representación Social se limitó a mencionar, en forma dogmática, que los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez prestaron ayuda, por conducta simultánea, en la ejecución de ese delito, ya que hicieron acto de presencia en el lugar donde previamente fue agredida la víctima físicamente; empero, dejó explicar por qué la sola circunstancia de haberse constituido en dicho lugar ayudó en la realización del delito. Lo anterior, vulnera lo dispuesto en el numeral 14 de la Constitución Federal, pues con ello me encuentro impedido para resolver de manera fundada y motivada, respecto de la solicitud planteada por la Fiscalía, al desconocer los imputados las razones que tomó la Fiscalía para imputarlos y solicitar la vinculación a proceso, a efecto de que dispongan de los elementos necesarios para su oportuna defensa; ello, en aras de respetar, a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídica, consagrados en el arábigo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se sustenta lo anterior, con la jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyos rubro y texto son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". De igual forma, se advierte que existió una indebida argumentación por parte de la Fiscalía, pues de acuerdo con la jurisprudencia reproducida, este Tribunal no tal solo deberá expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sino también es menester que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo que en el particular tampoco acontece. Ello, tomando en cuenta que a los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez se les atribuye el grado de participación establecido en el numeral 38, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, que dice: "Artículo 38. Son partícipes del delito quienes: I. Presten ayuda, cooperación o auxilio en la ejecución del delito, por conducta anterior o simultánea;" De acuerdo con ese dispositivo, resultan partícipes del delito quienes presten ayuda en la realización de un antisocial, por conducta simultánea (hipótesis en que se ubicó a los imputados), es decir, quienes colaboren en la ejecución del delito en el momento preciso en que éste se comete, pues el vocablo "simultáneo" significa, conforme al diccionario de la Real Academia Española, aquello que "se hace u ocurre al mismo tiempo que otra". Por lo tanto, si la Fiscalía estimó que los imputados se ubicaron en esa hipótesis legal porque hicieron acto de presencia en un domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la víctima, resulta claro que sus argumentos tampoco se adecuaron a la citada disposición normativa, ya que ésta alude, se insiste, a una colaboración en la ejecución del delito en el momento en que éste se lleva a cabo, e incluso señaló que la agresión física en contra de la pasiva, fue previa a la llegada de los imputados. En consecuencia, resulta evidente que en la especie no se acredita la probable intervención o participación de los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez en la comisión del hecho que la ley señala como delito de Feminicidio, como lo imputa la Fiscalía, pues en efecto, a través de los datos de prueba expuestos por la Representación Social en audiencia inicial, no existe dato alguno que sea idóneo, pertinente y suficiente para determinar la probable participación o intervención de los imputados en ese hecho, y que la misma haya sido en términos de lo establecido por el numeral 38, fracción I, del Código Penal vigente para el estado de Veracruz, pues en efecto la Fiscalía no justificó con dato de prueba idóneo y pertinente que los imputados hayan participado de forma simultánea en la comisión de un hecho con apariencia de delito, si no como se expuso en audiencia, los ahora imputados participaron en dicho ilícito. En esa secuencia lógica, resulta evidente que no existe dato de prueba contundente y veraz que haga probable la participación o intervención de los aquí imputados en la comisión del hecho con apariencia de delito de Feminicidio ejecutado el día diecisiete de abril de dos mil veintiuno, en el interior del domicilio ubicado en la calle Alfonsina Corro número 262 esquina Marcial Morales de la colonia Casas Tamsa del Municipio de Boca del Río, Veracruz, lugar donde la víctima fue agredida por un sujeto diverso a los aquí imputados, causándole lesiones que con posterioridad causaron la muerte a la víctima, toda vez que a través del dictamen de necrocirugía se logró establecer que fueron fractura cerebral y edema cerebral severo, que trajo consecuencia fallas orgánicas múltiples, provocando la muerte cerebral a la pasivo. (.)" Por tanto, de esas narrativas, el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz consideró que no se acredita la probable participación de Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio, en términos de artículo 38 fracción I del Código Penal para el Estado de Veracruz, y por tanto emitió el auto de no vinculación a proceso, toda vez que determinó que no existió dato de prueba contundente que haga probable su intervención. En ese contexto, se tiene que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de fecha de once de noviembre de dos mil veintiuno y la diversa de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitida en los autos del proceso penal 387/2021 instruido en contra de Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, por la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio, previsto por el numeral 367 BIS, fracción I del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz, cometido en agravio de Monserrat Bendimes Roldán, Finalmente, determinó con plenitud de jurisdicción emitir auto de no vinculación a proceso en favor de Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez dentro del proceso penal 387/2021, sustentando su decisión en que los elementos aportados por la Fiscalía no se adecuaban al hecho que prende imputar a los inculpados previsto en el dispositivo 367 Bis del citado código punitivo local, previsto como feminicidio, cometido en perjuicio Monserrat Bendimes Roldán al prestar ayuda en su ejecución, por conducta simultánea, en términos del cardinal 38, fracción I ibídem, al hacer acto de presencia en el domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la pasivo, por lo que determinó que no se encontraba acreditada la probable intervención de los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio, pues a su consideración no existe dato alguno que sea idóneo, pertinente y suficiente para determinar la probable participación e intervención de los imputados por ese hecho y que la misma haya sido en términos del artículo 38 fracción I, Código Penal para el Estado de Veracruz, pues la fiscalía no demostró que la participación haya sido de forma simultánea en el hecho que se les atribuye, por lo que determinó no vincular a proceso a los imputados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la autorizada de los quejosos, mediante escrito presentado de manera electrónica ante este Juzgado el veinticinco del actual, en el que hace referencia que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, toda vez que lo hizo con excesos y defectos por que simuló ordenar la libertad física de los suscritos al dictar un auto de no vinculación a proceso, siendo instantes posteriores detenidos de nueva cuenta al momento de estar saliendo de los sitios de reclusión, esto toda vez que se les libró una diversa orden de aprensión en el cual hace referencia se les imputa la misma conducta dentro el nuevo proceso penal 289/2023; sin embargo, dígase que dicha imputación es un nuevo acto que no es materia de concesión del presente fallo amparador, y por tanto, el suscrito se encuentra impedido a pronunciarse respecto al mismo. Así mismo, es importante señalar que la concesión del presente juicio de amparo no implicaba que la autoridad responsable debía resolver en determinado sentido, sino que el objetivo de la concesión radicaba en que se subsanaran las deficiencias advertidas en esta resolución y se atendieran de manera fundada y motivada respecto a lo procedente sobre la solicitud de vinculación a proceso realizada por el fiscal. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en data de nueve y veintiocho de diciembre dos mil veintiuno (fojas 30 a la 33 y 46 a la 49 respectivamente, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1219/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercera interesada mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés (fojas 835 y 836), para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que únicamente realizaron los quejosos Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez -por conducto de su autorizada- mediante su escrito electrónico con registro 6369. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (fojas 247 a 272), por una parte se sobreseyó y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos. Inconformes con dicha resolución, los quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión 236/2022 de su estadística, revocó la sentencia recurrida (fojas 622 a 628), y en su lugar concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, en los siguientes términos: "[.] De acuerdo con lo anteriormente reseñado, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí inconformes, al considerar que existía la probabilidad de que participaron en la comisión del hecho tipificado como delito de feminicidio, previsto en el cardinal 367 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en perjuicio de Monserrat Bendimes Roldán, porque -afirmó el juez responsable- prestaron ayuda en su ejecución, por conducta simultánea, en términos del cardinal 38, fracción I, ibídem, "al hacer acto de presencia en el domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la pasivo". Sin embargo, dicha autoridad omitió explicar en qué consistió, específicamente, la ayuda que proporcionaron los quejosos en la ejecución del hecho previsto por el código punitivo local como feminicidio, previsto en el numeral en comento, que dice: "Artículo 367 Bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;" En efecto, como se ha visto, la responsable se limitó a mencionar, en forma dogmática, que los actores constitucionales prestaron ayuda, por conducta simultánea en la ejecución de ese delito, ya que hicieron acto de presencia en el lugar donde previamente fue agredida la víctima físicamente; empero dejó de explicar por qué la sola circunstancia de haberse constituido en el lugar ayudó en la realización del delito [.] Además, existió una indebida motivación en esos argumentos expuestos por parte la autoridad responsable, pues de acuerdo con la jurisprudencia reproducida, no sólo deben expresarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sino también es menester que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo que en el particular tampoco acontece. Ello, tomando en cuenta que a los peticionarios el amparo se les atribuye el grado de participación establecido en el numeral 38, fracción I, ibídem, que dice: "Artículo 38. Son partícipes del delito quienes: Presten ayuda, cooperación o auxilio en la ejecución del delito, por conducta anterior o simultánea;" De acuerdo con ese dispositivo, resultan partícipes del delito quienes presten ayuda en la realización de un antisocial, por conducta simultánea (hipótesis en que se ubicó a los quejosos), es decir, quienes colaboren en la ejecución del delito en el momento preciso en que éste se comete, pues el vocablo "simultáneo" significa, conforme al diccionario de la Real Academia Española, aquello que "se hace u ocurre al mismo tiempo que otra". Por lo tanto, si la autoridad responsable ordenadora estimó que los imputados se ubicaron en esa hipótesis legal porque hicieron acto de presencia en un domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la víctima, resulta claro que sus argumentos tampoco se adecuaron a la citada disposición normativa, ya que ésta alude, se insiste, a una colaboración en la ejecución del delito en el momento en que éste se lleva a cabo, y el juez de control incluso señaló que la agresión física en contra de la pasiva, fue previa a la llegada de los amparistas. En consecuencia, procede en la materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora: a) Deje insubsistente la parte relativa a la audiencia inicial, en lo concerniente al dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. b) Señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que, con asistencia de las partes, pero sin intervención de las mismas, con libertad de jurisdicción, resuelva lo procedente sobre la solicitud de vinculación a proceso realizada por el fiscal, de manera fundada y motivada. (.)" En consecuencia mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (fojas 629 y 630), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz, en los términos precisados en párrafo que anteceden. Seguidamente, mediante proveído de diecisiete de abril del actual (fojas 835 y 836), se ordenó dar vista a los justiciables y tercero interesado, con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez mediante oficio 597/2023/lcg, el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", en Veracruz, remitió a este juzgado un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio STI2114023 correspondiente a la audiencia de fecha catorce de abril del año en curso, así como el índice cronológico de la misma, en relación al proceso penal 387/2021, que se instruye en contra de Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio, cometido en agravio de Monserrat Bendimes Roldán. En primer término, el Juez responsable procedió a dejar insubsistente la resolución de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno y diversa de seis de marzo de dos mil veintitrés, en las que se había decretado auto de vinculación a proceso a Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez. Por otra parte, el Juez responsable señaló los requisitos de forma y fondo que ese órgano jurisdiccional debe cubrir para el dictado de un auto de vinculación a proceso, conforme lo dispuesto por los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; a saber: I. Que se haya formulado imputación. II. Que se le haya otorgado la oportunidad de declarar al imputado. III. Que, de los datos expuestos por la fiscalía, se desprendan datos de prueba que establezcan: a) - Que se haya cometido un hecho que la ley señale como delito b).- Que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV.-El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa. V. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Una vez establecidos los requisitos mínimos necesarios, con plenitud de jurisdicción, el juez procedió al análisis de los requisitos anteriormente señalados. Posteriormente, marcó que a fin de analizare lo relativo a la probable intervención o participación de los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez en la comisión del hecho delictivo que se les imputa, planteó literalmente lo siguiente: ".Ahora bien, este órgano Jurisdiccional a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal, procede analizar lo relativo a la PROBABLE INTERVENCIÓN O PARTICIPACIÓN de los imputados DIANA ELIZABETH FUENTES DE LA ROSA y JORGE IGNACIO BOTAS JIMÉNEZ en la comisión del hecho delictivo que les imputa, y para mejor comprensión del asunto, conviene señalar que en la audiencia inicial, al momento de formular imputación la fiscalía, primero resumió el contenido de diversos datos de prueba, para concluir de manera textual lo siguiente: ". la víctima era novia de Marlon Botas Fuentes, quien había estado en el interior del domicilio ya mencionado que es de la víctima, por eso es importante concatenar la relación que existe entre ustedes y la víctima, así como el hecho de que ustedes estuvieran presentes en el domicilio, donde sucedieron los hechos, misma situación que los pone a ustedes de alguna manera en una intervención simultánea, respecto a lo acontecido a la víctima, pues cuando ustedes ingresan a dicho domicilio, la víctima se encontraba en el interior del mismo, y ustedes llegan a ese domicilio, y salen posteriormente cargando a la víctima para trasladarse a un lugar diferente del hospital Millenium, en donde ingresaron a la víctima, quien se encontraba lesionada de gravedad, también dentro del mismo hospital Millenium existen también las testimoniales del personal que recibe a la víctima en donde señalan que en todo momento la víctima dijo que la persona que la había agredido era Marlon, y también dijo que era su novio, ante esta situación, esta es la situación que acontece, así también es importante mencionar que el teléfono hasta este momento, el teléfono de la víctima, no se encuentra, todavía no ha sido recuperado, siendo que dicho teléfono y dicha conexión de dicho teléfono, se ubicó en el mismo lugar que los números telefónicos de ustedes Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y José Ignacio Botas Jiménez, por tal situación el teléfono en el momento que ustedes sacan a la víctima del domicilio se encontraba todavía en posesión de ustedes o de la víctima, mismo teléfono que hasta este momento no ha sido recuperado, ni por parte de las autoridades, ni por parte de la familia, es cuanto, perdón, debemos considerar que la acción delictiva de ustedes es de carácter dolosa, en términos de lo que dispone el párrafo segundo del artículo 21 del Código Penal para el Estado de Veracruz, en virtud de que ustedes conocen las circunstancias de su actuar y asumen la realización de su conducta, toda vez que el hecho de haber encontrado a la víctima con heridas de gravedad, la obligación de ustedes no, era haber, haber, de alguna manera haberse reunido simultáneamente para no atender a la víctima en ese momento, sino para trasladarla a un lugar diferente, la obligación de ustedes era haberle en ese momento, inmediatamente proporcionado la atención médica que la víctima necesitaba, toda vez que las lesiones que la misma presentó, a la larga, el día veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, le causaron la muerte a la misma, la calificación jurídica preliminar es por el delito de feminicidio, previsto y sancionado por r artículo 367 bis fracción I, esto relacionado con el artículo 38, ambos del Código Penal para el Estado de Veracruz, hechos cometidos en agravio de la víctima Monserrat Bendimes Roldán, el nombre de la persona que los denuncia, tal y como ya se ha señalado es el señor Víctor Manuel Bendimes García, quien resulta ser padre de la hoy occisa, es importante señalar tal y como se dijo al inicio de esta formulación de imputación que la paridad (sic) de ustedes es de partícipes según lo señala el artículo 38, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, asimismo también reitero que la hora de los hechos es a las quince horas aproximadamente, señalan las víctimas (sic) que ustedes llegaron al domicilio de la víctima aproximadamente entre pasadas las siete de la noche y antes de ser, antes de las ocho de la noche, aproximadamente a las ocho de la noche, en el domicilio previamente ya mencionado que es Alfonsina Corro número 262 esquina Marcial Morales de la Colonia Tamsa, en Boca de Río, Veracruz; es cuánto." Luego, la fiscalía aclara el tipo de participación que atribuía a los quejosos, y dijo: ".la hipótesis del numeral primero de la fracción I, del 38, se puede quedar cualquiera de las hipótesis su señoría, en ese caso sería, pudiera ser que prestaran ayuda, también que cooperara y auxiliaran en la ejecución del delito señoría, conductas simultáneas su señoría, esto es en razón de que los hechos se realizaron dentro del domicilio su señoría, de la víctima, y los testigos señalan que ellos se encontraban dentro de ese mismo, que ingresaron a ese mismo domicilio, para posteriormente sacar a la víctima del mismo señoría. es cuanto" Asimismo, al solicitar la vinculación a proceso, la Fiscal reseñó el contenido de diversos datos de prueba para concluir: ". los datos de prueba ya mencionados han sido idóneos, pertinentes y suficientes para tener por acreditado; su señoría, que los hoy imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, se constituyeron en el domicilio de los hechos, mismo que se encuentra ubicado en Alfonsina Corro 262, en Boca del Río, Veracruz, y que del mismo punto Marlon Botas Fuentes sacaron de dicho domicilio a la víctima, su señoría, para efecto de trasladarla a un punto que dé, inicio, no era el hospital a donde la llevaron por última ocasión, su señoría, era un punto en donde se encontraron relacionados o concatenadas las señales de los celulares, el mismo punto con el de la víctima su señoría, mismo aparato telefónico señoría, que hasta este momento todavía no aparece, y del cual también son responsables los hoy imputados, su señoría, toda vez que los mismos se encontraban presentes cuando dicho aparato telefónico tenía la recepción tal y como lo señala el informe proporcionado por la unidad de análisis de la inteligencia, su señoría; en razón de esa situación, su señoría, esta fiscalía solicita respetuosamente, toda vez que los datos de prueba son idóneos y pertinentes y suficientes, solicita respetuosamente se vincule a proceso a los señores Jorge Ignacio Botas Jiménez y Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa por el delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 367 bis, fracción I, en calidad de partícipes que señala el artículo 38, fracción I del mismo ordenamiento penal, toda vez que éstos son responsables de los hechos acontecidos el día diecisiete de abril del año dos mil veintiuno, su señoría, aproximadamente a las veinte horas, su señoría, es cuanto." Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte de lo anterior que la Representación Social omitió explicar en qué consistió, específicamente, la ayuda que proporcionaron los hoy imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez en la ejecución del hecho previsto por el código punitivo local como feminicidio, previsto en el numeral en comento, que dice: Artículo 367 Bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;" En efecto, a través de lo expuesto por los testigos Jesús Manuel Rivera Roldán, Alfredo Tepole Tepepa, y de las personas identificadas con identidad resguardada K.S.T.M. y P.S.T.B., fueron coincidentes en referir haber visto llegar en un coche rojo Honda Fit, a la sujeto pasivo junto con su novio MARLON BOTAS, quienes descendieron de un vehículo e ingresaron a la casa de MONSERRAT, domicilio ubicado en la calle Alfonsina Corro número 262, esquina Marcial Morales de la colonia Casas Tamsa en el Municipio de Boca del Río, Veracruz, así como aproximadamente a las veinte horas observaron llegar una camioneta blanca de batea, de cuatro puertas, en color blanca, la cual conducía un masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión delgada, cabello entrecano, quien venía acompañado de dos mujeres, una de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, estatura media y color de piel morena clara, cabello entintado en rayos dorados, y otra mujer joven de aproximadamente veinticinco a treinta años, de estatura baja, complexión delgada, la cual vestía uniforme de tipo enfermera. En ese entendido, como se ha visto, la Representación Social se limitó a mencionar, en forma dogmática, que los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez prestaron ayuda, por conducta simultánea, en la ejecución de ese delito, ya que hicieron acto de presencia en el lugar donde previamente fue agredida la víctima físicamente; empero, dejó explicar por qué la sola circunstancia de haberse constituido en dicho lugar ayudó en la realización del delito. Lo anterior, vulnera lo dispuesto en el numeral 14 de la Constitución Federal, pues con ello me encuentro impedido para resolver de manera fundada y motivada, respecto de la solicitud planteada por la Fiscalía, al desconocer los imputados las razones que tomó la Fiscalía para imputarlos y solicitar la vinculación a proceso, a efecto de que dispongan de los elementos necesarios para su oportuna defensa; ello, en aras de respetar, a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídica, consagrados en el arábigo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se sustenta lo anterior, con la jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyos rubro y texto son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". De igual forma, se advierte que existió una indebida argumentación por parte de la Fiscalía, pues de acuerdo con la jurisprudencia reproducida, este Tribunal no tal solo deberá expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sino también es menester que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo que en el particular tampoco acontece. Ello, tomando en cuenta que a los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez se les atribuye el grado de participación establecido en el numeral 38, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, que dice: "Artículo 38. Son partícipes del delito quienes: I. Presten ayuda, cooperación o auxilio en la ejecución del delito, por conducta anterior o simultánea;" De acuerdo con ese dispositivo, resultan partícipes del delito quienes presten ayuda en la realización de un antisocial, por conducta simultánea (hipótesis en que se ubicó a los imputados), es decir, quienes colaboren en la ejecución del delito en el momento preciso en que éste se comete, pues el vocablo "simultáneo" significa, conforme al diccionario de la Real Academia Española, aquello que "se hace u ocurre al mismo tiempo que otra". Por lo tanto, si la Fiscalía estimó que los imputados se ubicaron en esa hipótesis legal porque hicieron acto de presencia en un domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la víctima, resulta claro que sus argumentos tampoco se adecuaron a la citada disposición normativa, ya que ésta alude, se insiste, a una colaboración en la ejecución del delito en el momento en que éste se lleva a cabo, e incluso señaló que la agresión física en contra de la pasiva, fue previa a la llegada de los imputados. En consecuencia, resulta evidente que en la especie no se acredita la probable intervención o participación de los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez en la comisión del hecho que la ley señala como delito de Feminicidio, como lo imputa la Fiscalía, pues en efecto, a través de los datos de prueba expuestos por la Representación Social en audiencia inicial, no existe dato alguno que sea idóneo, pertinente y suficiente para determinar la probable participación o intervención de los imputados en ese hecho, y que la misma haya sido en términos de lo establecido por el numeral 38, fracción I, del Código Penal vigente para el estado de Veracruz, pues en efecto la Fiscalía no justificó con dato de prueba idóneo y pertinente que los imputados hayan participado de forma simultánea en la comisión de un hecho con apariencia de delito, si no como se expuso en audiencia, los ahora imputados participaron en dicho ilícito. En esa secuencia lógica, resulta evidente que no existe dato de prueba contundente y veraz que haga probable la participación o intervención de los aquí imputados en la comisión del hecho con apariencia de delito de Feminicidio ejecutado el día diecisiete de abril de dos mil veintiuno, en el interior del domicilio ubicado en la calle Alfonsina Corro número 262 esquina Marcial Morales de la colonia Casas Tamsa del Municipio de Boca del Río, Veracruz, lugar donde la víctima fue agredida por un sujeto diverso a los aquí imputados, causándole lesiones que con posterioridad causaron la muerte a la víctima, toda vez que a través del dictamen de necrocirugía se logró establecer que fueron fractura cerebral y edema cerebral severo, que trajo consecuencia fallas orgánicas múltiples, provocando la muerte cerebral a la pasivo. (.)" Por tanto, de esas narrativas, el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Veracruz, Veracruz consideró que no se acredita la probable participación de Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio, en términos de artículo 38 fracción I del Código Penal para el Estado de Veracruz, y por tanto emitió el auto de no vinculación a proceso, toda vez que determinó que no existió dato de prueba contundente que haga probable su intervención. En ese contexto, se tiene que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de fecha de once de noviembre de dos mil veintiuno y la diversa de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitida en los autos del proceso penal 387/2021 instruido en contra de Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, por la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio, previsto por el numeral 367 BIS, fracción I del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz, cometido en agravio de Monserrat Bendimes Roldán, Finalmente, determinó con plenitud de jurisdicción emitir auto de no vinculación a proceso en favor de Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez dentro del proceso penal 387/2021, sustentando su decisión en que los elementos aportados por la Fiscalía no se adecuaban al hecho que prende imputar a los inculpados previsto en el dispositivo 367 Bis del citado código punitivo local, previsto como feminicidio, cometido en perjuicio Monserrat Bendimes Roldán al prestar ayuda en su ejecución, por conducta simultánea, en términos del cardinal 38, fracción I ibídem, al hacer acto de presencia en el domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la pasivo, por lo que determinó que no se encontraba acreditada la probable intervención de los imputados Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de feminicidio, pues a su consideración no existe dato alguno que sea idóneo, pertinente y suficiente para determinar la probable participación e intervención de los imputados por ese hecho y que la misma haya sido en términos del artículo 38 fracción I, Código Penal para el Estado de Veracruz, pues la fiscalía no demostró que la participación haya sido de forma simultánea en el hecho que se les atribuye, por lo que determinó no vincular a proceso a los imputados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la autorizada de los quejosos, mediante escrito presentado de manera electrónica ante este Juzgado el veinticinco del actual, en el que hace referencia que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, toda vez que lo hizo con excesos y defectos por que simuló ordenar la libertad física de los suscritos al dictar un auto de no vinculación a proceso, siendo instantes posteriores detenidos de nueva cuenta al momento de estar saliendo de los sitios de reclusión, esto toda vez que se les libró una diversa orden de aprensión en el cual hace referencia se les imputa la misma conducta dentro el nuevo proceso penal 289/2023; sin embargo, dígase que dicha imputación es un nuevo acto que no es materia de concesión del presente fallo amparador, y por tanto, el suscrito se encuentra impedido a pronunciarse respecto al mismo. Así mismo, es importante señalar que la concesión del presente juicio de amparo no implicaba que la autoridad responsable debía resolver en determinado sentido, sino que el objetivo de la concesión radicaba en que se subsanaran las deficiencias advertidas en esta resolución y se atendieran de manera fundada y motivada respecto a lo procedente sobre la solicitud de vinculación a proceso realizada por el fiscal. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en data de nueve y veintiocho de diciembre dos mil veintiuno (fojas 30 a la 33 y 46 a la 49 respectivamente, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por visto el escrito signado con firma electrónica por ******************** -autorizada en términos amplios de la parte quejosa-, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés (foja 835) y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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