Diana Elizabeth Chavez Vazquez
Expediente 718/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2023
Partes del expediente
- Diana Elizabeth Chavez Vazquez
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis mediante el cual transcribe el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la queja 451/2023, de cuya lectura se advierte que acusa recibo del diverso por el que se remitió el escrito de ********, a través del cual, interpuso recurso aludido contra el proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. Asimismo, hace del conocimiento que el referido medio de impugnación quedó registrado como 451/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Finalmente, solicita a este órgano jurisdiccional se habilite el acceso al expediente electrónico del juico en que se actúa, a fin de hacer la relación electrónica respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes. Atento a lo anterior, respetuosamente, dígase al Órgano Colegiado, que tal como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, el expediente electrónico del juicio de amparo 718/2023, se encuentra disponible para su consulta. Notifíquese.
- Principal
MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por ******, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual, en el primero de ellos interpone recurso de queja en contra del proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer ******, autorizada de la parte quejosa, contra el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés. Asimismo, en términos del numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho. Por tanto, remítase el escrito de interposición del recurso y de expresión de agravios vía estafeta y una copia del mismo. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con lo determinado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de julio de dos mil veintitrés, comunicada a través del oficio SEADS/1706/2023, se determinó la primera adscripción de la Jueza Emma Magnolia Ayala Rivera, a este Juzgado de Distrito, a partir del quince de agosto de dos mil veintitrés, en sustitución del Juez José Elías Pacheco Martínez. La notificación a las partes, incluyendo a las autoridades responsables y en su caso, a las autoridades que tengan el carácter de tercero interesado, se realiza por medio de lista, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, con registro digital 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.
- Principal
MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, tres de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente ****, intégrese el expediente electrónico y efectúense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, que consiste en la obligación de la quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En ese tenor, el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, establece: "Artículo 88. Las resoluciones son: I. Determinaciones de mero trámite, que se llaman decretos; II. Decisiones que determinan sobre materia que no sea de puro trámite, y se llaman autos; III. Decisiones que resuelvan un incidente, y se llaman sentencias interlocutorias; IV. Sentencias definitivas, que resuelven el asunto principal." El precepto legal transcrito prevé los diferentes tipos de resoluciones que pueden emitirse en un juicio civil, a saber, decretos, autos, interlocutorias y sentencias definitivas. Asimismo, el ordenamiento legal en comento, prevé la existencia de tres recursos para impugnar las determinaciones decisiones y sentencias definitivas que se emitan en los juicios civiles, a saber, revocación, apelación y reclamación. En esa medida, el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de revocación, a saber: "Artículo 794. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta." Mientras que los artículos 805, 806, 807 y 836 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regulan la procedencia del recurso de apelación, a saber: "Artículo 805. Las sentencias definitivas son apelables en ambos efectos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. Artículo 806. Los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, y cuando la ley lo dispone. Artículo 807. Es gravamen irreparable el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Artículo 836. Son aplicables a las apelaciones las reglas del juicio ordinario, en lo que no esté previsto por las disposiciones de este Capítulo". Finalmente, el artículo 837 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de reclamación, a saber: "Artículo 837. Se llama reclamación el recurso que se interpone para que la Sala Civil confirme, reforme o revoque, las resoluciones dictadas por su presidente." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, contra los autos que no sean apelables, procede el recurso de revocación. Asimismo, que los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable; y cuando la ley lo dispone. De igual forma, que el "gravamen irreparable" se presenta cuando el daño no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. En el caso que nos ocupa, del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio sin expresión de causa ****, por la Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en el que fijó una pensión compensatoria de manera provisional del 10% (diez por ciento) de los ingresos percibidos por la demandada ***** -aquí quejosa- a favor de ****. Sentado lo anterior, para este juzgador el acuerdo impugnado por la quejosa, es un auto de los previstos en la fracción II del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, esto es, se trata de una resolución que determina sobre la materia que no es de mero trámite, por lo que puede apelarse, situación que relacionada con el artículo 806 del propio ordenamiento, podrá apelarse siempre y cuando tenga fuerza de definitivos o causen gravamen irreparable, y cuando así lo dispone la ley. Por otro lado, el artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, prevé el concepto de gravamen irreparable, estableciendo que es el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente; por lo que sostiene que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Bajo ese contexto, el acuerdo reclamado tiene fuerza definitiva y causa un gravamen irreparable, en razón de que el daño que provoca la determinación que decretó el pago de la pensión compensatoria de manera provisional, hasta en tanto concluya el procedimiento, no podrá ser reparado en la "sentencia definitiva" pues de acuerdo a los antecedentes narrados por la quejosa, se colige que en el juicio ordinario civil de divorcio *****, se fijó una pensión compensatoria del 10% (diez por ciento) de los ingresos percibidos por el demandado ***** -aquí quejosa- a favor de ****. De ahí que los descuentos que se lleguen a realizar a la demandada ***** -aquí quejosa- no le podrán ser reintegrados con posterioridad, considerando que las cantidades entregadas habrán sido consumidas de manera irreparable para satisfacer las necesidades del acreedor. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 33, Novena Época, intitulada: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial." Por ende, el acuerdo reclamado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. Bajo ese contexto, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, la quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio sin expresión de causa ****, por la Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en el que fijó una pensión compensatoria de manera provisional del 10% (diez por ciento) de los ingresos percibidos por la demandada ***** -aquí quejosa- a favor de ***. Es así, porque la interposición del aludido medio de impugnación tiene como finalidad que el tribunal de segunda instancia confirme, reforme o modifique la determinación del juez de origen, en términos del artículo 800, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. No pasa inadvertido, que en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, se establecen los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin embargo, el acto reclamado por la quejosa, no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. De igual forma, el directo quejoso no tiene el carácter de persona extraña al procedimiento civil, por el contrario, tiene la calidad de parte, pues de los antecedentes del acto reclamado se desprende que el quejoso se integró a la relación jurídico-procesal al ser la parte demandada en el juicio ordinario civil de divorcio sin expresión de causa *****. Asimismo, no se trata de un auto de vinculación a proceso. Finalmente, la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamentación es insuficiente para determinarla, pues basta atender a la literalidad del artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, para establecer con claridad su procedencia. No es óbice a lo anterior, lo manifestado por la quejosa en el sentido de que el acto reclamado constituye un acto de imposible reparación que debe ser analizado sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa, ya que le afecta de manera directa a inmediata los derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, ya que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí mismo, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el argumento de que se afectan o restringen derechos tutelados por la constitución resulte una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Décima Época que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******, contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio sin expresión de causa ****, por la Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en el que fijó una pensión compensatoria de manera provisional del 10% (diez por ciento) de los ingresos percibidos por la demandada ***** -aquí quejosa- a favor de *****. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en *****. AUTORIZADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el quejoso, se tiene por autorizada con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las licenciadas en derecho **** y *****, pues de la certificación de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que la autorizada del quejoso cuenta con cédula profesional de licenciada en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al promovente.
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