Diana Elena Rubalcava Cruz

Expediente 529/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
529/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Diana Elena Rubalcava Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 51 a 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del ocho de diciembre de dos mil veintidós, se encuentra adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la licenciada Judith Alhelí Andrade Villafán. Por otra parte, de la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la determinación de veintiséis de octubre de la pasada anualidad (fojas 32 a 33), emitida por este juzgado de distrito, y que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición de dicho recurso, transcurrió para la parte quejosa, que es a la que en todo caso le perjudica, sin haberlo interpuesto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Se declara que ha causado estado la determinación de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 529/2022, promovido por Diana Elena Ruvalcaba Cruz, contra actos que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, además noexisten documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los oficios signados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por los que rinde informe justificado, a su nombre y en representación de ese Tribunal, también señalado como autoridad responsable; asimismo, se tiene por recibida la documental que anexa, sin que sea el caso dar vista a las partes con la misma, dada la determinación que se emitirá a continuación. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Visto el estado que guardan los presentes autos, y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Diana Elena Rubalcava Cruz, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en lo siguiente: La omisión de enviar el exhorto a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del expediente laboral 233/M/2022, a fin de emplazar a la parte demandada. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por las razones que a continuación se exponen. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para demostrar lo anterior, se estima necesario invocar las referidas constancias allegadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de las que se advierte que el once de los actuales, giró el oficio 16787/2022, en vía de exhorto a la Junta Especial Número Siete de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de emplazar a juicio al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas; documentales que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. La anterior circunstancia hace evidente que la conducta reclamada, ha cesado en sus efectos. Al respecto, también debe tomarse en consideración que la demanda fue presentada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, esto es, con antelación a que se girara exhorto a fin de emplazar a la demandada en el juicio de origen; lo que lleva a concluir que la conducta que en un principio se reclamó ha dejado de existir. De ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos de la omisión reclamada, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si la conducta reclamada no se hubiese planteado en el mundo fáctico. Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 184572, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en este asunto [foja 23 reverso]. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de este juzgado, correspondiente a los juicios de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. ARA/MBOS/Heisey

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentran señaladas las trece horas con dos minutos de esta fecha, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo (foja 11). Ahora bien, de las constancias que integran el expediente, se desprende que las autoridades responsables Tribunal y Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del el Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no han rendido el informe justificado que les fue solicitado a través de los oficios 9146/2022 y 9147/2022, a pesar de encontrarse debidamente notificadas de los comunicados de mérito (fojas 21 y 22). En esas circunstancias, a fin de integrar debidamente el presente controvertido constitucional y resolver este asunto conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las precitadas responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias que guarden relación con el acto aquí reclamado, esto es, la omisión de enviar el exhorto relativo al expediente laboral 233/M/2022 para notificar a la parte demandada en el juicio de origen, o bien, manifiesten el impedimento legal que tengan para ello. Apercibidas que de no cumplir con lo requerido en este acuerdo y en el término señalado, se le impondrá a la omisa multa de cien a mil días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Finalmente, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las doce horas con dos minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.

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