Diana Edith Macias Lara
Expediente 425/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diana Edith Macias Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés en el recurso de queja 249/2023, consultable a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la cual es un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de la cesación de los efectos del Decreto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional. Al respecto, la disposición citada de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El objetivo del juicio de amparo es volver las cosas al estado que tenían antes del acto violatorio (si éste es de carácter positivo) o forzar a la autoridad a realizar la conducta que indebidamente omitió (si es de carácter negativo); por tanto, si desaparecen los efectos del acto de autoridad, el amparo se torna improcedente. Para que se actualice tal causa de improcedencia es necesario que se destruyan todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la parte quejosa combate, en esencia, la expedición, promulgación, publicación y ejecución del <<Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, dela Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral>>publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, específicamente, los artículos 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 quater y 125 septies, así como los transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno y Trigésimo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio para este juzgado la resolución en queja citada al inicio de este proveído, así como el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública de veintidós de junio de dos mil veintitrés, estimó procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023 y, por mayoría de nueve votos, declaró la invalidez del Decreto referido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, en el comunicado de prensa 222/2023 así como en la información publicada del expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, se aprecia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto aquí reclamado, ya que consideró que en el proceso legislativo correspondiente hubo violaciones graves al procedimiento legislativo. I. Comunicado de prensa relativo a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas. En el mensaje difundido electrónicamente por la Corte se advierten los siguientes puntos en torno al medio de control constitucional en cuestión: [.] "La Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento: 1) Las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés." Se hace constar que se acude a la sección de Prensa y Multimedia, en el apartado "Comunicados", de la página oficial de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que aún no se publica el engrose de la sentencia emitida en dicho expediente, acorde con la consulta realizada en dicho sitio el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. II. Hojas de votación relativas a la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintidós de junio de dos mil veintitrés. En las hojas de la sesión pública donde se discutió el proyecto relativo al medio de control constitucional en cuestión y sus acumulados, consultables en la página de Internet oficial de la Corte, se aprecia el siguiente extracto: SESIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL PLENO del jueves veintidós de junio de dos mil veintitrés. Acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023. Se demanda la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. APARTADO CRITERIO Y DECISIÓN PROPUESTA: APARTADO VI: ESTUDIO DE FONDO, SUBAPARTADO VI.2. DENOMINADO "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO" (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). Sometida a votación la propuesta del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su subapartado VI.2, se aprobó por mayoría de nueve votos. PROPUESTA: APARTADO VII: EFECTOS [1) DETERMINAR QUE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ SURTA SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, 2) PRECISAR QUE LAS NORMAS VINCULADAS POR EL DECRETO IMPUGNADO RECUPERAN SU VIGENCIA CON EL TEXTO QUE TENÍAN AL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y 4) DETERMINAR QUE ESTA RESOLUCIÓN DEBERÁ SER NOTIFICADA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA]. Sometida a votación la propuesta del apartado VII, relativo a los efectos [incisos 1), 2) y 4)] se aprobó por mayoría de nueve votos. CONGRUENCIA FORMAL DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS: "PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADAS. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE ESTA DECISIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN [.]. Sometida a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos. De acuerdo con la información referida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Decreto aquí reclamado y determinó que las normas reformadas por medio de dicho acto legislativo recuperarían su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquél, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés. Así, en virtud de que el tribunal constitucional invalidó el Decreto que contiene las normas generales que se reclaman en esta instancia, los efectos y consecuencias de estas últimas han cesado en forma total e incondicional en la esfera jurídica de la parte quejosa, dando lugar a una situación idéntica a la que existía antes de la emisión de dicho acto legislativo. En efecto, de acuerdo con el punto resolutivo segundo de la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, la declaratoria de invalidez del Decreto surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión, como se aprecia en la siguiente transcripción: "[.] PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADAS. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE ESTA DECISIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN [.]". En relación con este aspecto, es un hecho notorio para este juzgado que en el recurso de queja 249/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, la Secretaría de Acuerdos de ese órgano jurisdiccional solicitó a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las constancias de la notificación al Congreso de la Unión de los puntos resolutivos transcritos. Al respecto, en el cuaderno de varios 1/2023 de ese tribunal colegiado obra el proveído de diez de julio del año en curso, firmado por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General del Acuerdos de ese alto Tribunal -con dos evidencias criptográficas- en el que se hace constar que la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión se practicó el veintitrés de junio del año que transcurre. Tal circunstancia fue ilustrada por el tribunal colegiado en la resolución del recurso de queja en cuestión, con las imágenes de las constancias de notificación siguientes: En esas circunstancias, como se adelantó, los efectos de las normas generales que reclama la parte quejosa ya cesaron y, por ende, ésta ha sido restituida en el goce de los derechos que aduce afectados. Es decir, con la invalidación total del Decreto controvertido, se alcanzó ya el fin al que aspiraba la parte promovente con el ejercicio de su acción de amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes, así como al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en relación con los recursos de queja 358/2023 y 361/2023 de su índice, promovidos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el auto que admitió la demanda que motivó el presente juicio, a efecto de que provea lo conducente con respecto a dichos medios de impugnación. El criterio asumido en esta determinación es similar al adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito al resolver el recurso de queja 249/2023. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Tribunal Colegiado de Circuito.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se observa que no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con residencia en Ciudad de México, ni acuse de recibo del oficio 17858, del que se advierta que haya recibido la copia de la demanda para rendirlo. En ese sentido, no se reúnen las condiciones necesarias para celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por lo que se difiere y se fijan las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Cabe mencionar que la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional obedece a la carga de trabajo con que cuenta este órgano jurisdiccional.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los oficios suscritos por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por los cuales acusa recibo del diverso 20470 de este índice y anexos que fueron enviados por este juzgado con motivo de los recursos de queja interpuestos por el Subdirector de Amparos así como Representante Legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del proveído de trece de junio del actual, dictado en el juicio de amparo indirecto 425/2023. Asimismo, informa que se admitieron dichos medios de impugnación, mismos que fueron registrados en ese índice como recursos de queja administrativas 358/2023 y 361/2023.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se observa que no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con residencia en Ciudad de México, ni acuse de recibo del oficio 17858, del que se advierta que haya recibido la copia de la demanda para rendirlo. En ese sentido, no se reúnen las condiciones necesarias para celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por lo que se difiere y se fijan las once horas con treinta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, para su verificativo.
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