Diana de Lourdes Alday Hernández
Expediente 1596/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1596/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Diana de Lourdes Alday Hernández
- Junta Especial Número Treinta Y Seis de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Tabasco
Actuaciones
- Principal
MESA 6.-[...] SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. TÓMESE NOTA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
MESA 6.-[...] Villahermosa, Tabasco, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Se agrega a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Auxiliar de Junta como Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, remite en original el auto de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 1325/2012, de su índice. Ahora bien, del escrito inicial de demanda suscrito por Diana de Lourdes Alday Hernández, se advierte que ésta reclamó, en esencia, ".La falta de emisión del acuerdo de calificación y admisión de pruebas.." en el juicio laboral 1325/2012. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos; porque la autoridad responsable restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos, volviendo las cosas al estado que se encontraba antes de la violación constitucional. Ello es así, pues la responsable manifiesta en su informe justificado que debido a la carga de trabajo que hay en la Junta responsable no se había emitido el auto correspondiente, sin embargó el veinte de los corrientes emitió un proveído donde se pronunció sobre las probanzas en el juicio laboral de origen, y señaló diversas fechas y horas a fin de lograr su desahogo; por tanto, se considera que con ello desaparece la transgresión a los derechos de la quejosa; cesando con ellos los efectos del acto que la aludida quejosa tildó de inconstitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 198 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice 1917, septiembre de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 216, con número de registro 1002264, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, se advierte en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada a las once horas con cuarenta minutos del seis de diciembre de dos mil dieciocho. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la Junta responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del auto de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 1325/2012, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al fedatario de la adscripción notifique en forma personal dicha resolución a la promovente de amparo.
- Principal
MESA 6.-[...] A efecto de dar tiempo a lo anterior y de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
MESA 6.-[...] Villahermosa, Tabasco, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Diana De Lourdes Alday Hernández, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco; de su Pleno y Presidente, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1596/2018-6. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓNDE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,418 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se pretenda notificar a las autoridades responsables, una vez que exista constancia de su notificación en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia constitucional, se notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." APERCIBIMIENTO DE LAS AUTORIDADES QUE NO EXISTAN. Ahora bien, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe al quejoso, que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las once horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso no se ordena emplazar al tercero interesado que refiere el quejoso en su escrito de demanda, dada la naturaleza de acto que reclama la parte quejosa, esto es, un acto omisivo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a la persona que señala en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que anexa a su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo.
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