Diana Dávila Várguez
Expediente 220/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Diana Dávila Várguez
Actuaciones
- Principal
(CITATORIO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de abril de dos mil veintidós. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por DIANA DÁVILA VÁRGUEZ, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 220/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. Ahora, de la lectura de la demanda de derechos fundamentales, considerada en su integridad en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autora, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, se advierte que los actos que por esta vía combate la impetrante son: "Del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, Reclamo el Acuerdo aprobado en la Décima Sexta Sesión de Cabildo de fecha veintidós de febrero del año dos mil veintidós, asentada en el acta correspondiente, en la que se aprueba la remoción de un servidor público municipal, el cual ha sido nombrado por el Ayuntamiento, y en la que se de forma irregular mediante periódicos, noticias y publicaciones en Facebook me he enterado se aprueba mi remoción como Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, sin haberse respetado mi garantía de audiencia y sin cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento, además de que dicho acto carece de la debida fundamentación y motivación. Del C. Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, Reclamo la Ejecución del Acuerdo aprobado en la Décima Sexta Sesión de Cabildo de fecha veintidós de febrero del año dos mil veintidós, asentada en el acta correspondiente, en la que se aprueba la remoción de un servidor público municipal, el cual ha sido nombrado por el Ayuntamiento, y en la que se aprueba mi remoción como Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave." Establecido lo anterior, esta juzgadora advierte que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, conviene hacer una breve referencia a la evolución jurisprudencial del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que servirá de base para la interpretación del texto vigente de la Ley de Amparo, el cual es producto en gran medida, de esa evolución interpretativa. La Ley de Amparo abrogada no ofrecía una definición específica de lo que debía entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que su artículo 11 sólo aludía al acto que la autoridad responsable puede desplegar, al señalar que: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". Inicialmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el término de autoridades comprendía a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estuvieran en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Criterio que se contiene en la tesis aislada, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 289962 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 1067 AUTORIDADES. El término "autoridades", para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen." Posteriormente, la Segunda Sala del más Alto Tribunal sostuvo el criterio consistente en que no debe exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares. Entonces, consideró que el parámetro que debía servir para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, habría de atender a la naturaleza misma de los actos, los que pueden ser, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales. De modo que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tuviese, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debía determinarse si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, tendría el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo. El criterio en mención, se advierte de la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 335181 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLV Materia(s): Común Tesis: Página: 5033 AUTORIDAD, CARÁCTER DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. En derecho público, se entiende por autoridad, a un órgano del Estado, investido legalmente de la facultad de decisión y del poder de mando necesario para imponer a los particulares sus propias determinaciones, o las que emanen de algún otro órgano del mismo Estado; pero tratándose del juicio de amparo, no debe examinarse este concepto con el criterio antes expresado, en cuanto deba exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares, siendo, estos casos, indudablemente, los que requieren más frecuentemente, y con más imperiosa necesidad, la intervención de la justicia federal. Así lo ha entendido la Suprema Corte en la ejecutoria dictada en el amparo del señor Marcolfo F. Torres, en la que textualmente se dice: "En efecto, al decir la Constitución General de la República, que el amparo procede por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquéllas que estén establecidas con arreglo a las leyes, y que, en el caso especial de que se trate, hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías individuales. Lejos de eso, el señor Vallarta y otros tratadistas mexicanos de derecho constitucional, sostienen que el término "autoridad", para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen;...." Encontrándose que el criterio que debe servir de norma para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse a la naturaleza misma de esos actos, los que pueden ser, según la doctrina antes expresada, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales, debe concluirse que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tenga, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debe atenderse, en el caso de que se trate, a precisar si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, debe considerarse que tiene el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo, pues por ejemplo, la declaración administrativa de la caducidad de un contrato, es un acto típico de autoridad, y también lo es el requerimiento que se hace sobre la entrega del local dado en arrendamiento." Luego, el Pleno aludió a los actos unilaterales, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; y, al ejercicio de facultades decisorias. Se señaló que la llamada rectoría del Estado en materia económica, modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto tradicional de autoridad y que estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, aquéllas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. El criterio que contiene este parámetro se encuentra en la tesis aislada P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." A este criterio le siguió el de la Segunda Sala del más alto Tribunal en el cual señaló que tiene el carácter de autoridad el órgano del Estado que afecta la esfera jurídica del gobernado, en relaciones que no se entablan entre particulares. Distinguió entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución; y las de supraordinación, que se entablan entre órganos del Estado. Dicho parámetro se contiene en la tesis aislada 2a. XXXVI/99, cuyo contenido es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 194367 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. XXXVI/99 Página: 307 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." De lo destacado, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las tesis aisladas y de los criterios jurisprudenciales emitidos en sus distintas Épocas, definió lo que debía entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas, que se recogen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, como criterio integrador, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." El artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, atendiendo a esa labor jurisprudencial, contiene una definición de lo que debe entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo y ofrece un concepto material de autoridad para efectos del juicio de amparo, del cual se advierte lo siguiente: 1. Lo relevante no es la naturaleza formal de la autoridad, esto es, su pertenencia a la administración pública centralizada, descentralizada o paraestatal, sino la naturaleza de los actos que emite. Con ello retoma el criterio de que pueden existir autoridades que actúen fuera del ejercicio de sus atribuciones legales, en perjuicio de los particulares, sin que esa circunstancia impida tenerlas como tales para efectos del juicio de amparo. 2. Destaca la unilateralidad y obligatoriedad de sus actos, como notas para identificarlos. Es decir, que se trate de actos a través de los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Lo que denota, además, que deben emitirse con base en una relación de supra a subordinación, y no en una de coordinación propia de las relaciones entre particulares. 3. Cuando se reclamen omisiones, debe tenerse en cuenta si, de realizarse el acto omitido, tendría esos efectos de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 4. Finalmente, dado el concepto material que contiene, la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que los particulares emitan actos con las características descritas y, que por ello, puedan ser considerados como autoridad para efectos del juicio de amparo, con la condición de que sus funciones estén establecidas en una norma general, es decir, su contenido debe coincidir con una facultad legal de ejercicio irrenunciable y pública. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el precepto interpretado, una autoridad o particular tendrá materialmente el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, si se cumplen las siguientes condiciones: 1. Que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, u omita alguno, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria. 2. Con base en una función establecida en la ley, que establezca una relación de supra a subordinación. La unilateralidad a que se refiere el precepto en análisis, como se explicó, implica que para modificar la situación del afectado o emitir el acto, no precisa de la voluntad de éste o su consenso. En tanto que la obligatoriedad supone que no necesita de acudir a un tribunal o diversa autoridad para hacer efectivo su acto. El requisito de que el acto provenga de una función que le confiera la ley, alude a que su contenido debe coincidir con una facultad legal, lo que implica que se emita en una relación de supra a subordinación y no de coordinación, como las que acontecen entre particulares. Entonces, interpretado en sentido contrario el contenido del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la misma ley, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos que no reúnan las características descritas y que, por ende, no deban ser considerados como de autoridad para efectos del juicio protector de derechos humanos. En el caso, como se anticipó, no se está ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la posición de la impetrante frente al Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, no es la de una gobernada sino de empleada, ya que el acto reclamado no deriva del ejercicio público que la ley le confiere a ese órgano de representación popular, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de trabajadora. Así, la impetrante, en lo que aquí interesa, expuso como antecedentes del acto que reclama, lo siguiente: "1.- La suscrita en fecha 1 de enero del 2022, fui nombrada por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, como Tesorera Municipal, a propuesta del Presidente Municipal. 2.- Durante el desempeño de mis funciones cumplí a cabalidad con las atribuciones y obligaciones que me correspondían como Tesorera Municipal; sin embargo, en fecha 21 de febrero del presente año, el C. Secretario del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, dado que a dicho servidor público no le compete convocar a las sesiones de cabildo, dado que es atribución exclusiva del Presidente Municipal, convocó a los integrantes del Ayuntamiento, a la celebración de la Décima Sexta Sesión de Cabildo, para el día veintidós de febrero del año dos mil veintidós, en la que se somete a consideración de los integrantes del ayuntamiento, como tercer punto del Orden del Día, la Propuesta y en su caso, aprobación de la remoción de un Servidor Público Municipal, el cual ha sido nombrado por el Ayuntamiento. A dicha sesión de Cabildo, la suscrita no fui convocada, por lo tanto, ignoraba su celebración. 3.- En fecha veintidós de febrero del año dos mil veintidós, se celebró la Décima Sexta Sesión de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, en la que se Acordó y aprobó la remoción de un servidor público municipal, el cual ha sido nombrado por el Ayuntamiento, y en el presente caso, se aprueba mi remoción como Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, sin haberse respetado mi garantía de audiencia y sin cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento, además de que dicho acto carece de la debida fundamentación y motivación; tal y como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)" (Lo resaltado es propio). Lo destacado, pone en evidencia que el acto reclamado por la quejosa, es con base en una relación laboral preexistente al haber sido nombrada como tesorera municipal a propuesta del Presidente Municipal de esta ciudad y ser removida como tal en virtud de la sesión celebrada por Cabildo del Ayuntamiento Constitucional, el cual no es un acto que pueda considerarse de autoridad para la procedencia del amparo, ya que está íntimamente vinculada con las condiciones fundamentales que como trabajadora tiene derecho, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento jurisdiccional ordinario correspondiente. Adicionalmente, el acto reclamado no deriva del ejercicio de una facultad legal que denote que se le deba equiparar materialmente a actos de autoridad administrativa, ya la sanción administrativa aplicada se debe a un incumplimiento de labores o prestaciones de servicios; esto es, el acto reclamado se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Municipio Libre y no en una norma general de naturaleza administrativa. Entonces, si la procedencia de la acción constitucional de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo, y ello no acontece en el caso concreto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que surge de correlacionar lo que establece el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último, a contrario sensu. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por Diana Dávila Várguez por ser notoria e indudable su improcedencia. Determinación que se toma en cumplimiento al derecho humano de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues ello permite a la impetrante de amparo acudir ante las instancias correspondientes a defender sus derechos. DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda. Por otra parte, se tiene por señalado el correo electrónico proporcionados por el impetrante y agréguese como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite al promovente y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a la promovente, que en caso de que desee consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se le otorgará un Código QR que permitirá a las partes en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.
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