Diana Concepción Castañeda Arreola

Expediente 853/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
853/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Diana Concepción Castañeda Arreola

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 20, fracción II, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción en un plazo de tres años, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó fuera de audiencia y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General el presente expediente es susceptible de destrucción. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.

  2. Principal

    Agréguese a los autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado y anexo de cuenta, rendido por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. De igual manera, glósese al expediente en que se actúa para que obre como corresponda el diverso oficio y anexo de cuenta, signado por la Actuaria adscrita a dicha Sala, mediante el cual, remite copia certificada del auto de nueve de los corrientes, a través del cual, la referida Magistrada, entre otras cosas, ordena se rinda el informe justificado solicitado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, desde este momento se tiene ofrecida y se admite la documental que allega, la cual se tiene por desahogada en razón de su naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Ahora, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir en la omisión de proveer: a) Escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veintiuno, relacionado con el requerimiento al Director de Recursos Humanos para que éste rindiera la documental en vía de informe. b) Escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, relacionado con el requerimiento al Director de Recursos Humanos para que éste rindiera la documental en vía de informe. Respecto al acto reclamado señalado con el inciso b) se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se adelantó, han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Como se anunció, la quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de proveer respecto al escrito presentado con fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, dirigido al expediente 1961/2019-IV del índice de la Sala responsable. Por su parte, se tiene que la Sala responsable remitió algunas de las constancias que integran el expediente de origen de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (dieciocho de agosto de dos mil veintidós), la autoridad del conocimiento proveyó respecto al escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Por otra parte, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir en la omisión de proveer: a) Escrito presentado con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, relacionado con el requerimiento al Director de Recursos Humanos para que éste rindiera la documental en vía de informe. Respecto al acto reclamado señalado con el inciso a) se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Lo anterior, aun cuando el acto subsiste, materialmente no puede surtir efecto legal alguno al dejar de existir el objeto o materia del mismo. Para demostrar lo anterior, se tiene presente el numeral y fracción invocados, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Precisada esa premisa jurisprudencial, en el particular se tiene, que el nueve de septiembre de dos mil veintidós, la sala responsable tuvo por recibida la documental en vía de informe remitida por el Director de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Así pues, aun cuando en autos no obra el acuerdo con el que se corrobore si la autoridad del conocimiento atendió lo solicitado por la parte quejosa en el escrito que éste presentó el veintidós de enero de dos mli veintiuno, no debe perderse de vista que el objeto que persigue la quejosa es que: 1) La responsable provea respecto a lo solicitado, en el sentido que se requiriera al Director de Recursos Humanos para que éste rindiera la documental en vía de informe. 2) Se implementen los mecanismos necesarios para que el Director de Recursos Humanos cumpliera lo requerido. Por lo que, si a través del acuerdo de nueve de septiembre dos mil veintidós, la sala responsable tuvo por recibida la documental en vía de informe e incluso, dio vista a la parte actora para que éste manifestara lo que a su interés legal conviniera; es claro que el objeto ha quedado destruido. Lo anterior, dada la modificación del entorno dentro del cual no se había emitido el acuerdo con el que se ordenara al Director de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa remitiera la documental en vía de informe ofrecida por la parte actora en el juicio de origen (aquí quejosa). En este contexto, en caso de que resultara inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que estima vulnerado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria por haberse remitido ya la documental en vía de informe y acordado respecto la misma, cuya omisión de requerirla. De manera que, es irrelevante que se proveyera un escrito distinto al presentado el veintidós de enero de dos mli veintiuno, pues lo actuado por la responsable ha destruido -se insiste- la finalidad pretendida por el justiciable. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo indirecto promovido contra la Jueza Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y la Actuaria adscrita, es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En este sentido y ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se hace innecesario emprender el estudio del conceptos de violación expresado por la parte quejosa, tal y como lo establece el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado bajo el número 509, consultable en la página 335, Séptima Época, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que menciona: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Cabe mencionar que resulta innecesario emplazar a juicio a los terceros interesados que correspondiera (circunstancia que fue reservada por este órgano jurisdiccional en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós); lo anterior, por haber cesado los efectos del acto reclamado en párrafos que anteceden, lo cual genera el sobreseimiento del presente asunto; por lo tanto, ningún perjuicio les depara lo aquí determina y en esa medida se torna innecesario proveer respecto el emplazamiento de los terceros interesados en este juicio.

  3. Principal

    FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por la parte quejosa, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 853/2022-VI-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de la Materia, se admite en sus términos la demanda promovida por Diana Concepción Castañeda Arreola, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con el artículo 117, de la invocada ley, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que se reciba el oficio correspondiente. En caso de ser cierto el acto reclamado, deberá anexar a su informe justificado copia certificada de las constancias conducentes al acto reclamado, APERCIBIDA que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En el entendido de que a partir del presente proveído no habrá necesidad de remitir oficio para notificar a la autoridad responsable el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia; máxime que tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini .asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 176/2012, con número de registro digital 2002576, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO Por otro lado, las partes habrán de tener en cuenta lo previsto en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten." OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. TERCEROS INTERESADOS Respecto al emplazamiento del tercero interesado precisado en el escrito inicial de demanda, este órgano de control constitucional SE RESERVA acordar lo conducente, hasta en tanto se cuente con las constancias relativas al acto reclamado. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VÍA INTERNET Se autoriza a Adolfo Guillermo Hach Delgado y Javier Isaac Calderón Félix, para que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico correspondiente y puedan ser notificados de las resoluciones y acuerdos que se dicten y promover en representación de la parte quejosa en este juicio de amparo; lo anterior, una vez que la Secretaria actuante lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://10.100.125.33/sise/login.aspx, para agregar los usuarios "HADA480923HSLCLD02" y "CALDERONFELIX", que los referidos autorizados registraron en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia de los solicitantes y los usuarios de mérito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta para la reproducción electrónica a través de lector óptico, fotografías o scanner de las actuaciones del presente expediente, SIEMPRE Y CUANDO SE INFORME AL SECRETARIO RESPECTIVO antes de realizar esa actividad para asentar la constancia respectiva, y se trate de actuaciones que no sean de uso reservado o restringido. Ahora bien, respecto a las copias que solicita, ha de decirse que tiene expedito su derecho para solicitarlas una vez que se emitan los autos o la resolución que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. OFICIOS Asimismo, se autoriza a la Secretaria actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. Se instruye a la secretaria y al oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.

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