Diana Christine Sellman Flores
Expediente 384/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/10/2021
Partes del expediente
- Diana Christine Sellman Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ensenada, Baja California, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha transcurrió el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, ya que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo, es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en tres tomos; de igual forma, devuélvase a la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, un tomo de pruebas, que anexó a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, diez de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual informa los actos tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es dejó insubsistente la resolución de catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca civil 1448/2019, de su índice; asimismo, solicita prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se concede por única ocasión a la referida autoridad, una prórroga de veinte días, misma que comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive del presente acuerdo; lo anterior, tomando en consideración lo manifestado por la responsable, en el sentido de que solicitó los autos del juicio especial hipotecario 123/2017, al Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, para sí estar en aptitud de emitir la resolución que en derecho corresponda, ajustándose a los principios de exhaustividad y congruencia. Resulta aplicable, la jurisprudencia, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se informa a la autoridad responsable que le subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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