Diana Cecilia Aguila Ruíz

Expediente 329/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
329/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Diana Cecilia Aguila Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Diana Cecilia Aguilar Ruiz, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 329/2022-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la promovente, señala como acto reclamado: "A.- La emisión ilegal e inconstitucional del acuerdo de fecha 11 de mayo del año 2022, mediante el cual, el Juez de origen ordenó girar el oficio al Jefe de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que hiciera la respectiva cesación del 10% diez por ciento de las percepciones de ley, que por los alimentos me corresponden a la suscrita DIANA CECILIA AGUILA RUIZ, no obstante que la sentencia definitiva no se había declarado firme en virtud de que el plazo de 9 nueve días hábiles para impugnarla mediante el recurso de apelación se encontraba corriendo, además, sin considerar que la sentencia de primera instancia que ordena la cancelación o reducción de una pensión alimenticia provisional contra la cual se admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo, no es ejecutable inmediatamente sino hasta que cause ejecutoria B.- La emisión ilegal e inconstitucional del Oficio número 1417/2022, mediante el cual la autoridad responsable solicitó al Jefe del Departamento de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cancelar el descuento equivalente al 10% diez por ciento del porcentaje del 30% treinta por ciento que se encontraba vigente ya que mediante sentencia definitiva de fecha 3 tres de mayo del año 2022 se declaró que había cesado la obligación del actor EDUERDO ÁGUILA CARRILLO de proporcionar alimentos a favor de la demandada, en este caso de la suscrita DIANA CECILIA ÁGUILA RUIZ, ello, no obstante que la sentencia definitiva no se había declarado firme en virtud de que el plazo de 9 nueve días hábiles para impugnarla mediante el recurso de apelación se encontraba corriendo, además, sin considerar que la sentencia de primera instancia que ordena la cancelación o reducción de una pensión alimenticia provisional contra la cual se admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo, no es ejecutable inmediatamente, sino hasta que cause ejecutoria." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XIX, 62 y 107, fracción V, 171 y 172, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando coexiste la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal por virtud del cual la quejosa combata el mismo acto, y que pueda tener por efecto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Para que se actualice dicha causal de improcedencia deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se promueva el juicio de amparo. c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Los requisitos a que se alude tienen su razón de ser en dos aspectos, a saber: - Resulta menester que el recurso o medio de defensa de que se trate pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, ello a partir de la idoneidad del recurso, el cual debe estar instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, susceptible de oponerse frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. - Debe otorgarse a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico. Luego, ello lleva a considerar indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la referida causal de improcedencia únicamente puede considerarse actualizada cuando se acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se está tramitando simultáneamente con el juicio de amparo, a cuyo juzgador corresponde determinar si dicho medio legal, que se tramita de manera simultánea, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 144/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, septiembre de 2011, tomo II, página 295, registro 180149, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 190665, del rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO". Precisado lo anterior, de las documentales que anexó la quejosa a su escrito de demanda, consistentes en copia certificadas de diversas constancias relativas al juicio especial oral familiar 703/2021, que sobre cesación de pago de pensión alimenticia promovió Eduardo Águila Carrillo, las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del diverso 2° de esta última legislación, se desprende lo siguiente: El tres de mayo de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dictó sentencia interlocutoria en la que declaró parcialmente procedente la acción de cesación de alimentos ejercitada por Eduardo Águila Carrillo, en la vía especial oral familiar frente a la quejosa Diana Cecilia Águila Ruiz y otras, declarando haber cesado la obligación del actor de proporcionar alimentos en favor de la demandada, consistente en el 10%, del porcentaje del 30% que se encontraba vigente en esa data. (determinación que esencialmente constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.) Posteriormente, mediante escrito recibido en el juzgado de origen, el dieciséis de mayo del año en curso, la quejosa interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la autoridad responsable el tres del mismo mes y año, libelo que fue atendido mediante auto de diecinueve del mismo mes, en el que se previene a la quejosa para que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 1092 del Código Familiar del Estado del Estado de Michoacán. Subsanado lo anterior, en acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable, tuvo por interpuesto recurso de apelación hecho valer por la aquí quejosa, contra la sentencia interlocutoria de tres de mayo de la presente anualidad, el cual admitió en el efecto devolutivo sin suspensión del procedimiento. En esa tesitura, si la quejosa Diana Cecilia Águila Ruiz, presentó su escrito de demanda en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, el dos de junio de dos mil veintidós; es decir, con posteriormente a la admisión del recurso de apelación hecho valer por la quejosa (veintisiete de mayo de dos mil veintidós), contra la sentencia interlocutoria de tres de mayo de la presente anualidad, el cual fue admitió por el Juez responsable en el efecto devolutivo sin suspensión del procedimiento (previo a instar la vía del amparo) en autos del juicio especial oral familiar 703/2021; es inconcuso, que el presente juicio de amparo es improcedente toda vez que el acto reclamado fue recurrido a través del recurso de apelación (medio ordinario de defensa), como se desprende de párrafos que anteceden y de las constancias que allegó la quejosa a su libelo de garantías. Es decir, si la quejosa interpuso juicio de amparo contra el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, en que el Juez natural ordena girar el oficio respectivo al Jefe de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintidós (acto que esencialmente es el que le causa perjuicio a la quejosa); esto es, hacer la respectiva cesación del 10% del total del porcentaje del 30% que le correspondían y durante su tramitación también interpuso recurso de apelación contra la citada determinación emitida dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia promovido dentro del juicio ordinario civil 692/2009; ello indudablemente actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio cuando ante los tribunales ordinarios se haya promovido algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo anterior obedece a que el referido recurso de apelación, previsto en el Código Familiar del Estado de Michoacán, como medio de impugnación ordinario, tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda y en su caso, deje sin efectos dicha determinación -resolución interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintidós-, como su ejecución. En consecuencia, el acto reclamado que esencialmente causa agravio a la quejosa, se encuentra supeditado a lo que en su momento se resuelva en la Sala Civil que conozca del recurso de apelación hecho valer; por lo que se reitera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la ley de la materia, que prohíbe la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual se combata el mismo acto y se puedan producir los mismos efectos, o más aún, efectos contradictorios. Consecuentemente, por los motivos anteriormente expuestos, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por Diana Cecilia Aguilar Ruiz, por propio derecho. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 273 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, del rubro y texto siguientes; "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Se cita también en lo conducente, por analogía, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR LA PROMOCIÓN DE UNA TERCERÍA EXCLUYENTE. NO SE CONFIGURA SI NO SE ACREDITA PLENAMENTE QUE DICHA ACCIÓN FUE ADMITIDA. El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, expresamente dispone que no procede el juicio de garantías cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; sin embargo, la causal de referencia solamente puede actualizarse cuando el quejoso sea quien haya interpuesto el recurso o medio de defensa legal en contra del acto de autoridad reclamado, siempre que tal recurso o medio de defensa haya sido admitido, se esté tramitando al momento de resolver el juicio de garantías, y que sea idóneo para conducir a la insubsistencia legal del acto reclamado. Ante ello, resulta incuestionable que aunque el quejoso manifieste bajo protesta de decir verdad que promovió una tercería excluyente de dominio y exhiba la copia sellada respectiva, el Juez de Distrito no tiene potestad legal para desechar la demanda de garantías por notoria y manifiesta improcedencia, si además es evidente que dicha demanda se presentó al día siguiente del ejercicio de aquella acción, pues la sola aseveración de que se promovió tal tercería excluyente de dominio y la presentación de la copia respectiva, sin demostrarse que aquélla se admitió, no son datos fehacientes que basten para que el a quo, en el auto inicial, establezca de modo indubitable que se ha actualizado la referida causal de improcedencia; ello, ante todo, por ser relevante el hecho de que fue exhibida la demanda de garantías al siguiente día del de la promoción de la tercería, lo que hace patente que se ignore si esta última se admitió o no". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales, el ubicado en el número 141-B de la calle Reforma, colonia Morelos en esta ciudad. Y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Gutiérrez Guzmán, Anailí Vargas Godínez, Arturo Sánchez Castro, Edwin Hernández Torres y Adrián García Páramo, toda vez que de una después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, precisada en el inciso b) de la certificación de cuenta, se desprende que sí cuentan con la cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. Lo que no acontece con Christian Loeza Hernández, a quien únicamente se le faculta de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO DE FECHA SEIS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE TRES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Diana Cecilia Aguilar Ruiz, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 329/2022-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la promovente, señala como acto reclamado: "A.- La emisión ilegal e inconstitucional del acuerdo de fecha 11 de mayo del año 2022, mediante el cual, el Juez de origen ordenó girar el oficio al Jefe de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que hiciera la respectiva cesación del 10% diez por ciento de las percepciones de ley, que por los alimentos me corresponden a la suscrita DIANA CECILIA AGUILA RUIZ, no obstante que la sentencia definitiva no se había declarado firme en virtud de que el plazo de 9 nueve días hábiles para impugnarla mediante el recurso de apelación se encontraba corriendo, además, sin considerar que la sentencia de primera instancia que ordena la cancelación o reducción de una pensión alimenticia provisional contra la cual se admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo, no es ejecutable inmediatamente sino hasta que cause ejecutoria B.- La emisión ilegal e inconstitucional del Oficio número 1417/2022, mediante el cual la autoridad responsable solicitó al Jefe del Departamento de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cancelar el descuento equivalente al 10% diez por ciento del porcentaje del 30% treinta por ciento que se encontraba vigente ya que mediante sentencia definitiva de fecha 3 tres de mayo del año 2022 se declaró que había cesado la obligación del actor EDUERDO ÁGUILA CARRILLO de proporcionar alimentos a favor de la demandada, en este caso de la suscrita DIANA CECILIA ÁGUILA RUIZ, ello, no obstante que la sentencia definitiva no se había declarado firme en virtud de que el plazo de 9 nueve días hábiles para impugnarla mediante el recurso de apelación se encontraba corriendo, además, sin considerar que la sentencia de primera instancia que ordena la cancelación o reducción de una pensión alimenticia provisional contra la cual se admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo, no es ejecutable inmediatamente, sino hasta que cause ejecutoria." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XIX, 62 y 107, fracción V, 171 y 172, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando coexiste la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal por virtud del cual la quejosa combata el mismo acto, y que pueda tener por efecto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Para que se actualice dicha causal de improcedencia deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se promueva el juicio de amparo. c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Los requisitos a que se alude tienen su razón de ser en dos aspectos, a saber: - Resulta menester que el recurso o medio de defensa de que se trate pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, ello a partir de la idoneidad del recurso, el cual debe estar instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, susceptible de oponerse frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. - Debe otorgarse a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico. Luego, ello lleva a considerar indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la referida causal de improcedencia únicamente puede considerarse actualizada cuando se acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se está tramitando simultáneamente con el juicio de amparo, a cuyo juzgador corresponde determinar si dicho medio legal, que se tramita de manera simultánea, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 144/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, septiembre de 2011, tomo II, página 295, registro 180149, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 190665, del rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO". Precisado lo anterior, de las documentales que anexó la quejosa a su escrito de demanda, consistentes en copia certificadas de diversas constancias relativas al juicio especial oral familiar 703/2021, que sobre cesación de pago de pensión alimenticia promovió Eduardo Águila Carrillo, las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del diverso 2° de esta última legislación, se desprende lo siguiente: El tres de mayo de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dictó sentencia interlocutoria en la que declaró parcialmente procedente la acción de cesación de alimentos ejercitada por Eduardo Águila Carrillo, en la vía especial oral familiar frente a la quejosa Diana Cecilia Águila Ruiz y otras, declarando haber cesado la obligación del actor de proporcionar alimentos en favor de la demandada, consistente en el 10%, del porcentaje del 30% que se encontraba vigente en esa data. (determinación que esencialmente constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.) Posteriormente, mediante escrito recibido en el juzgado de origen, el dieciséis de mayo del año en curso, la quejosa interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la autoridad responsable el tres del mismo mes y año, libelo que fue atendido mediante auto de diecinueve del mismo mes, en el que se previene a la quejosa para que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 1092 del Código Familiar del Estado del Estado de Michoacán. Subsanado lo anterior, en acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable, tuvo por interpuesto recurso de apelación hecho valer por la aquí quejosa, contra la sentencia interlocutoria de tres de mayo de la presente anualidad, el cual admitió en el efecto devolutivo sin suspensión del procedimiento. En esa tesitura, si la quejosa Diana Cecilia Águila Ruiz, presentó su escrito de demanda en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, el dos de junio de dos mil veintidós; es decir, con posteriormente a la admisión del recurso de apelación hecho valer por la quejosa (veintisiete de mayo de dos mil veintidós), contra la sentencia interlocutoria de tres de mayo de la presente anualidad, el cual fue admitió por el Juez responsable en el efecto devolutivo sin suspensión del procedimiento (previo a instar la vía del amparo) en autos del juicio especial oral familiar 703/2021; es inconcuso, que el presente juicio de amparo es improcedente toda vez que el acto reclamado fue recurrido a través del recurso de apelación (medio ordinario de defensa), como se desprende de párrafos que anteceden y de las constancias que allegó la quejosa a su libelo de garantías. Es decir, si la quejosa interpuso juicio de amparo contra el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, en que el Juez natural ordena girar el oficio respectivo al Jefe de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintidós (acto que esencialmente es el que le causa perjuicio a la quejosa); esto es, hacer la respectiva cesación del 10% del total del porcentaje del 30% que le correspondían y durante su tramitación también interpuso recurso de apelación contra la citada determinación emitida dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia promovido dentro del juicio ordinario civil 692/2009; ello indudablemente actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio cuando ante los tribunales ordinarios se haya promovido algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo anterior obedece a que el referido recurso de apelación, previsto en el Código Familiar del Estado de Michoacán, como medio de impugnación ordinario, tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda y en su caso, deje sin efectos dicha determinación -resolución interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintidós-, como su ejecución. En consecuencia, el acto reclamado que esencialmente causa agravio a la quejosa, se encuentra supeditado a lo que en su momento se resuelva en la Sala Civil que conozca del recurso de apelación hecho valer; por lo que se reitera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la ley de la materia, que prohíbe la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual se combata el mismo acto y se puedan producir los mismos efectos, o más aún, efectos contradictorios. Consecuentemente, por los motivos anteriormente expuestos, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por Diana Cecilia Aguilar Ruiz, por propio derecho. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 273 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, del rubro y texto siguientes; "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Se cita también en lo conducente, por analogía, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR LA PROMOCIÓN DE UNA TERCERÍA EXCLUYENTE. NO SE CONFIGURA SI NO SE ACREDITA PLENAMENTE QUE DICHA ACCIÓN FUE ADMITIDA. El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, expresamente dispone que no procede el juicio de garantías cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; sin embargo, la causal de referencia solamente puede actualizarse cuando el quejoso sea quien haya interpuesto el recurso o medio de defensa legal en contra del acto de autoridad reclamado, siempre que tal recurso o medio de defensa haya sido admitido, se esté tramitando al momento de resolver el juicio de garantías, y que sea idóneo para conducir a la insubsistencia legal del acto reclamado. Ante ello, resulta incuestionable que aunque el quejoso manifieste bajo protesta de decir verdad que promovió una tercería excluyente de dominio y exhiba la copia sellada respectiva, el Juez de Distrito no tiene potestad legal para desechar la demanda de garantías por notoria y manifiesta improcedencia, si además es evidente que dicha demanda se presentó al día siguiente del ejercicio de aquella acción, pues la sola aseveración de que se promovió tal tercería excluyente de dominio y la presentación de la copia respectiva, sin demostrarse que aquélla se admitió, no son datos fehacientes que basten para que el a quo, en el auto inicial, establezca de modo indubitable que se ha actualizado la referida causal de improcedencia; ello, ante todo, por ser relevante el hecho de que fue exhibida la demanda de garantías al siguiente día del de la promoción de la tercería, lo que hace patente que se ignore si esta última se admitió o no". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales, el ubicado en el número 141-B de la calle Reforma, colonia Morelos en esta ciudad. Y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Gutiérrez Guzmán, Anailí Vargas Godínez, Arturo Sánchez Castro, Edwin Hernández Torres y Adrián García Páramo, toda vez que de una después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, precisada en el inciso b) de la certificación de cuenta, se desprende que sí cuentan con la cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. Lo que no acontece con Christian Loeza Hernández, a quien únicamente se le faculta de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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