Diana Carolina Soto García
Expediente 1134/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Diana Carolina Soto García
- Adam Demir Elsamman Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de siete de mayo del año en curso, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la quejosa el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por el que se ordenó darle vista a la parte quejosa para que manifestara si a su interés legal convenía ampliar su demanda, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se tiene por precluido el derecho de la quejosa y se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que se continúa el procedimiento en los términos en que fue planteada la demanda de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, este juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; por lo tanto, se procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: La parte quejosa, señaló como acto reclamado en el presente asunto, el siguiente: [.] (.) Asimismo, de las constancias que obran en autos, se desprende que, mediante oficio presentado en este juzgado el once de marzo del año en curso, la Jefa de Departamento de Juicios de Amparo "A", en suplencia por ausencia y como inferior jerárquico del Sub Comisionado Jurídico, del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación jurídica de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, rindió su informe justificado, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, con número de folio 4625548, relativa a la solicitud de visa por unidad familiar registrada con la pieza 6383258 y número único de trámite (NUT) 4615928. Asimismo, en alcance al oficio referido en el párrafo que antecede, la Jefa de Departamento de Juicios de Amparo "A", en suplencia por ausencia del Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, por oficio presentado en este juzgado el veinticuatro de marzo del año en curso, remitió copia certificada de la constancia de notificación de la resolución aludida. En ese orden de ideas, éste juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; por lo tanto, procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma ley, que establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. (Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse el contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Sentado lo anterior, éste Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, de rubro y datos de localización siguientes: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. (Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P. J/23, Página: 991.) Precisado lo anterior, de oficio se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (Registro: 193758, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38) En ese sentido, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte lo siguiente: ? El acto reclamado consiste en la omisión de atender la solicitud de visa por unidad familiar presentada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, así como la omisión de expedir la misma. ? Mediante oficio presentado en este juzgado el once de marzo del año en curso, la Jefa de Departamento de Juicios de Amparo "A", en suplencia por ausencia y como inferior jerárquico del Sub Comisionado Jurídico, del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación jurídica de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, rindió su informe justificado, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, con número de folio 4625548, relativa a la solicitud de visa por unidad familiar registrada con la pieza 6383258 y número único de trámite (NUT) 4615928. ? En alcance al oficio referido en el párrafo que antecede, la Jefa de Departamento de Juicios de Amparo "A", en suplencia por ausencia del Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, por oficio presentado en este juzgado el veinticuatro de marzo del año en curso, remitió copia certificada de la constancia de notificación de la resolución referida ? El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso para que manifestara si a su interés legal convenía ampliar su demanda y señalar como acto reclamado el oficio citado en el inciso que antecede, así como la notificación respectiva y señalar como autoridad responsable al Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, el cual le fue notificado vía electrónica el treinta y uno de marzo del presente año; sin embargo, debido a que el mismo fue declarado como día inhábil, de conformidad con la CIRCULAR 3/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, signada por el Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; a fin de evitar violaciones procesales, se tiene por hecha la citada notificación el día hábil siguiente, esto es, el cinco de abril de dos mil veintiuno. ? Sin embargo, ante la omisión en que incurrió el quejoso, de conformidad con lo asentado en la certificación de cuenta, en la fecha en que se actúa, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se tuvo por precluido su derecho para ampliar su demanda, y por ende, se tuvieron como autoridad responsable y acto reclamado, únicamente los señalados de manera destacada en su demanda. En tales condiciones, con independencia del sentido de la resolución dictada, lo objetivamente cierto es que se atendió la solicitud de visa por unidad familiar presentada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y se determinó negar la emisión de dicha visa, asimismo, el trámite que recayó a la solicitud le fue dada a conocer a la parte quejosa, por tanto, se concluye que han cesado los efectos de la omisión reclamada al Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, y al Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración del Estado de México. Debe reiterarse que la resolución que recayó a la solicitud del quejoso, se hizo de su conocimiento mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el que además, se le requirió para que manifestara si a su interés legal convenía, ampliar su demanda, sin que hubiera realizado manifestación alguna. Bajo esa óptica resulta incuestionable que el quejoso tuvo pleno conocimiento del contenido de la resolución dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, con número de folio 4625548, relativa a la solicitud de visa por unidad familiar registrada con la pieza 6383258 y número único de trámite (NUT) 4615928, y estuvo en aptitud de ampliar su demanda y no lo hizo. Por lo anterior, es que se estima que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que ya no existe la violación a las garantías alegadas por el demandante, pues la omisión reclamada dejó de existir. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, por virtud de la resolución expresa y conocimiento que de la misma tuvo la parte quejosa, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este Juzgado de Distrito deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Consiguientemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a doce de marzo de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos el oficio signado por el apoderado legal de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención a los requerimientos de diecinueve de noviembre, cuatro de diciembre de dos mil veinte y veintidós de febrero del año en curso, informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento con el fallo protector, asimismo, solicita una prórroga para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; tomando conocimiento de su contenido. Con fundamento en los artículos 192 de la Ley de Amparo y 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se le concede una prórroga de diez días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Apercibido que en caso omiso de su parte, se hará efectivo el apercibimiento decretado el cuatro de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Incidental
Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Se agrega en autos, sin mayor proveído, el oficio signado por el Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México (denominación actual y correcta), por medio del cual, pretende rendir su informe previo, en razón de que resulta extemporáneo a la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo a las nueve horas con treinta y cinco minutos del uno de marzo de dos mil veintiuno, aunado a que el dieciocho de febrero del año en curso, se tuvo por rendido el informe previo de la citada autoridad. En ese sentido, en relación con el domicilio y delegados que señala, deberá estarse a lo acordado el dieciocho de febrero del año en curso. Sin que haya lugar a tener como medio de comunicación para recibir notificaciones el correo electrónico que indica, toda vez que no son vías ni formas para recibir notificaciones conforme a la Ley de Amparo, pues ésta únicamente prevé notificaciones de forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. No obstante, con fundamento en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; dicho correo electrónico se tomará en cuenta, únicamente en caso de que sea conveniente entablar alguna comunicación no procesal. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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