Diana Camargo Salas

Expediente 822/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
822/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Diana Camargo Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL EN LO QUE NOS INTERESA DICE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, del juicio de amparo directo 822/2022, se advierte que en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Diana Camargo Salas, bajo las consideraciones siguientes: "a. Deje insubsistente la sentencia reclamada de fecha de veintinueve de junio de dos mil veintidós; b. Dicte otra, en la que siga los lineamientos de esta ejecutoria y prescinda de considerar en el cómputo de la prescripción, los días comprendidos como inhábiles en las Circulares 1/2018 y 02/2019; c. De igual manera, prescinda de considerar los periodos comprendidos en las circulares 5/2020, 6/2020, 7/2020 y 12/2020 firmadas por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, pues en aquellos días, la actora ya estaba en condiciones de presentar su escrito inicial de demanda; d. Con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." Mediante oficio 2929/2023, el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; y, remitió copia certificada del acuerdo de siete septiembre de dos mil veintitrés, del cual se advierte dejó insubsistente la sentencia definitiva de veintinueve de junio de dos mil veintidós; asimismo, remitió copia certificada de la sentencia dictada en esa misma fecha. En dicha resolución, prescindió de considerar en el cómputo de la prescripción, los días comprendidos como inhábiles en las Circulares 1/2018 y 02/2019; las circulares 5/2020, 6/2020, 7/2020 y 12/2020 firmadas por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, pues en aquellos días, la actora ya estaba en condiciones de presentar su escrito inicial de demanda; asimismo con libertad de jurisdicción resolvió conforme a derecho, pues al respecto indicó: "9. En el presente debate es necesario, primero, recordar que las normas que regulan el cómputo del plazo de prescripción negativa disponen con claridad que éste se surte en días naturales, y no solo en días hábiles, según puede obtenerse de la exégesis de lo establecido en los artículos 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1039 y 1040 del Código de Comercio, en tanto que en ellos nunca se hace una distinción de días hábiles, que por tanto no puede ser introducida por el intérprete; amén de cualquier modo la misma conclusión puede alcanzarse si se aplica por analogía lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que expresamente dispone la consideración de plazos en días naturales, o, en el extremo, por aplicación supletoria de lo que se establece en los artículos 1176, 1177 y 1178 del Código Civil Federal, que explícitamente señala que el plazo de prescripción negativa se forma por días naturales. Empero, es también menester establecer que en el presente caso es debido que se introduzca en la cuestión las secuelas que en materia del derecho humano al acceso efectivo a la justicia pueda tener una circunstancia fáctica generalizada, extraordinaria y de fuerza mayor como lo ha sido la contingencia sanitaria por la pandemia de enfermedad de Covid-19 causada por el virus Sars-Cov-2 que azoló al país y al mundo, hecho notorio que queda por tanto relevado de prueba, que suscitó una situación que, desde luego, en atención a los derechos humanos a la salud, a la vida y al acceso a la justicia; merece ser estimada en forma particular, pues el impacto social e individual que acarreó representó, entre otros, un menoscabo al acceso a la justicia, que pudiera ser tomado como causa de suspensión del plazo de prescripción, por más que el Código de Comercio no prevea esa posibilidad expresamente, en tanto que la vida social se vio fuertemente alterada, entre ellos, con la sugestión de medidas de confinamiento domiciliario y la disposición del cierre de actividades laborales, incluso del sector público, las cuales alcanzaron a las labores judiciales, lo cual palmariamente baldó la posibilidad efectiva de las personas para acceder a la justicia, limitando la realización de actividades necesarias para el ejercicio de derechos sustantivos, la presencia y promoción de particulares ante órganos jurisdiccionales y la atención a sus peticiones por parte de la judicatura, lo cual justificaría que podría discurrirse sobre la posibilidad de suspensión del plazo de prescripción negativa por vía del control de la regularidad constitucional, en atención al derecho al acceso efectivo a la justicia en relación con los derechos a la salud y a la vida, como una medida para mensurar los días en los que el acceso a la justicia, se vio altamente obstruido por la contingencia de salud y proveer una medida que impida que medre el demerito del derecho a la acceso a la justicia. Desde luego que esa medida de suspensión del plazo de prescripción negativa debe delimitarse objetiva y razonablemente, como en el particular lo es al establecerse que debe entenderse suspendida la suscitación de dicho plazo por todo el tiempo en el cual las labores judiciales en Hidalgo se hallaron limitadas en el sentido de impedir o clausurar la posibilidad de que los justiciables presentaran demandas judiciales, pues es precisamente ese tiempo en el cual las personas se vieron impedidas para presentar reclamaciones por vía judicial, lo cual, por lo demás, empata con el espíritu de lo previsto en el numeral 1040 del Código de Comercio, que prevé que la prescripción comenzará a surtirse a partir de que pueda ser ejercitada en juicio, de modo que una interpretación de ese precepto conforme con el derecho humano al acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, implica entender que no deben dejarse de computar en el plazo previsto en el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito los días en los que de ordinario debió poderse presentar una demanda judicial, pero que no pudo hacerse por una suspensión de labores judiciales que implicó la clausura de esa posibilidad con motivo de la citada emergencia sanitaria. 10. Sucede entonces que en el particular debe estimarse suspendido el plazo de prescripción negativa de la acción cambiaria que nos ocupa en los lapsos en los que existió la suspensión temporal de las actividades del Poder Judicial de Hidalgo, cuando dicha interrupción de las labores judiciales implicó la imposibilidad de presentar demandas, lo que en concreto importa los días hábiles incluidos en los periodos implicados en las circulares 2/2020, 3/2020 y 4/2020 de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo, en donde se divulgó la suspensión de plazos y términos judiciales y el cierre de las oficialías de partes, de modo que en esos lapsos era imposible presentar una demanda judicial, a saber:... 11. En esa inteligencia, estimando esos momentos de clausura de la posibilidad de presentación de demandas judiciales al presente caso, ocurre que de cualquier modo ello no frustra la conclusión según la cual la prescripción negativa de la acción cambiaria se ha consumado, luego que la demanda se presentó allende al plazo de prescripción negativa, en la inteligencia de que dicho plazo se computó el ordinariamente dispuesto más la adición de 48 cuarenta y ocho días hábiles, correspondientes a los días de suspensión de la posibilidad para presentar demandas judiciales, pues si al plazo de prescripción negativa que ordinariamente se consumó los días 1 uno de mayo, el 22 veintidós de mayo y el 1 uno de julio de 2021 dos mil veintiuno, respectivamente para cada uno de los pagarés (88), se le adicionan 48 cuarenta y ocho días hábiles, dicho plazo concluyó, entonces, los días 5 cinco de julio, 3 tres de agosto y 6 seis de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, respectivamente, cuando la demanda se presentó el 3 tres de diciembre de 2021 dos mil veintiuno. Por lo anterior (§11), resulta palmaria la procedencia de la excepción de prescripción negativa de la acción cambiaria opuesta y por ende, con fundamento en lo previsto en los artículos 1084, 1194, 1325, 1326 y 1409 del Código de Comercio en relación con lo dispuesto en los ordinales 150, 151, 152, 165, 166, 170, 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1039, 1040 y 1041 del Código de Comercio, sería de fallarse improcedente la pretensión reclamada; absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas en esta instancia; de dejarse a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma que corresponda, y de condenarse a la parte actora al pago de los gastos originados con motivo del presente juicio, al incurrir en la hipótesis de fracaso en la pretensión intentada en la vía ejecutiva. RESOLUTIVOS. 13. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos legales antes citados y en los artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329 y 1330 del Código de Comercio, se resuelve que: Primero. Procedió la vía ejecutiva mercantil seguida. Segundo. Es improcedente la pretensión cambiaria intentada. Tercero. Se absuelve a la parte demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas en virtud de la calidad de obligación cambiaria, lo que importa que, asimismo, se dejen a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Cuarto. Se condena, de oficio, a María Antonieta Villar Guzmán a pagar a Diana Camargo Salas la cantidad de dinero que corresponda a los gastos que se hayan suscitado con motivo del presente juicio, lo cual se acreditará y liquidará con base en el arancel vigente en ejecución de sentencia. Quinto. Se levanta el embargo trabado el 4 cuatro de mayo de 2022 dos mil veintidós. Sexto. Se concede a ambas partes una vista por el plazo de 3 tres días para que puedan manifestar su asentimiento con el hecho de que sus datos personales se incluyan en la versión pública que de esta resolución debe divulgarse conforme con las normas en materia de transparencia de la información pública, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por negada dicha autorización. Séptimo. Notifíquese y cúmplase." Por lo que se considera que la responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de referencia, ya que: Dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós [foja 105]; con lo anterior cumplió con el inciso a), de la ejecutoria de amparo. Prescindió de considerar en el cómputo de la prescripción, los días comprendidos como inhábiles en las Circulares 1/2018, 02/2019, 5/2020, 6/2020, 7/2020 y 12/2020. En efecto, en la sentencia reclamada, la autoridad responsable consideró para el cómputo de la prescripción, los días comprendidos en las circulares 1/2018; 2/2019; 2/2020; 3/2020; 4/2020; 5/2020; 6/2020; 7/2020; y, 12/2020. En contraste, en la nueva sentencia, la responsable solamente consideró los periodos comprendidos en las circulares 2/2020; 3/2020; y, 4/2020, los cuales no fueron ordenados en ejecutoria de amparo, que se omitiera su cómputo; con lo anterior, cumplió con los incisos b) y c), de la ejecutoria de amparo. Finalmente con libertad de jurisdicción, absolvió a la parte demandada Diana Camargo Salas de las prestaciones que le fueron reclamadas y dejó a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma que corresponda; además, condenó de oficio, a María Antonieta Villar Guzmán a pagar la cantidad de dinero que corresponda respecto de los gastos que se hayan suscitado con motivo del juicio de origen; y, levantó el embargo trabado el 4 cuatro de mayo de dos mil veintidós. Con lo anterior, cumplió con el inciso d), de la ejecutoria de amparo. Por lo anterior se considera que el Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este tribunal, en términos de cuarto párrafo del precepto 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, ha trascurrido el plazo de diez días que se dio a las partes para que manifestaran lo que a sus interés legal conviniera, según de aprecia del auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, sin que hayan realizado manifestación las partes.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, del juicio de amparo directo 822/2022, se advierte que en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Diana Camargo Salas, bajo las consideraciones siguientes: "a. Deje insubsistente la sentencia reclamada de fecha de veintinueve de junio de dos mil veintidós; b. Dicte otra, en la que siga los lineamientos de esta ejecutoria y prescinda de considerar en el cómputo de la prescripción, los días comprendidos como inhábiles en las Circulares 1/2018 y 02/2019; c. De igual manera, prescinda de considerar los periodos comprendidos en las circulares 5/2020, 6/2020, 7/2020 y 12/2020 firmadas por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, pues en aquellos días, la actora ya estaba en condiciones de presentar su escrito inicial de demanda; d. Con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." Mediante oficio 2929/2023, el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; y, remitió copia certificada del acuerdo de siete septiembre de dos mil veintitrés, del cual se advierte dejó insubsistente la sentencia definitiva de veintinueve de junio de dos mil veintidós; asimismo, remitió copia certificada de la sentencia dictada en esa misma fecha. En dicha resolución, prescindió de considerar en el cómputo de la prescripción, los días comprendidos como inhábiles en las Circulares 1/2018 y 02/2019; las circulares 5/2020, 6/2020, 7/2020 y 12/2020 firmadas por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, pues en aquellos días, la actora ya estaba en condiciones de presentar su escrito inicial de demanda; asimismo con libertad de jurisdicción resolvió conforme a derecho, pues al respecto indicó: "9. En el presente debate es necesario, primero, recordar que las normas que regulan el cómputo del plazo de prescripción negativa disponen con claridad que éste se surte en días naturales, y no solo en días hábiles, según puede obtenerse de la exégesis de lo establecido en los artículos 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1039 y 1040 del Código de Comercio, en tanto que en ellos nunca se hace una distinción de días hábiles, que por tanto no puede ser introducida por el intérprete; amén de cualquier modo la misma conclusión puede alcanzarse si se aplica por analogía lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que expresamente dispone la consideración de plazos en días naturales, o, en el extremo, por aplicación supletoria de lo que se establece en los artículos 1176, 1177 y 1178 del Código Civil Federal, que explícitamente señala que el plazo de prescripción negativa se forma por días naturales. Empero, es también menester establecer que en el presente caso es debido que se introduzca en la cuestión las secuelas que en materia del derecho humano al acceso efectivo a la justicia pueda tener una circunstancia fáctica generalizada, extraordinaria y de fuerza mayor como lo ha sido la contingencia sanitaria por la pandemia de enfermedad de Covid-19 causada por el virus Sars-Cov-2 que azoló al país y al mundo, hecho notorio que queda por tanto relevado de prueba, que suscitó una situación que, desde luego, en atención a los derechos humanos a la salud, a la vida y al acceso a la justicia; merece ser estimada en forma particular, pues el impacto social e individual que acarreó representó, entre otros, un menoscabo al acceso a la justicia, que pudiera ser tomado como causa de suspensión del plazo de prescripción, por más que el Código de Comercio no prevea esa posibilidad expresamente, en tanto que la vida social se vio fuertemente alterada, entre ellos, con la sugestión de medidas de confinamiento domiciliario y la disposición del cierre de actividades laborales, incluso del sector público, las cuales alcanzaron a las labores judiciales, lo cual palmariamente baldó la posibilidad efectiva de las personas para acceder a la justicia, limitando la realización de actividades necesarias para el ejercicio de derechos sustantivos, la presencia y promoción de particulares ante órganos jurisdiccionales y la atención a sus peticiones por parte de la judicatura, lo cual justificaría que podría discurrirse sobre la posibilidad de suspensión del plazo de prescripción negativa por vía del control de la regularidad constitucional, en atención al derecho al acceso efectivo a la justicia en relación con los derechos a la salud y a la vida, como una medida para mensurar los días en los que el acceso a la justicia, se vio altamente obstruido por la contingencia de salud y proveer una medida que impida que medre el demerito del derecho a la acceso a la justicia. Desde luego que esa medida de suspensión del plazo de prescripción negativa debe delimitarse objetiva y razonablemente, como en el particular lo es al establecerse que debe entenderse suspendida la suscitación de dicho plazo por todo el tiempo en el cual las labores judiciales en Hidalgo se hallaron limitadas en el sentido de impedir o clausurar la posibilidad de que los justiciables presentaran demandas judiciales, pues es precisamente ese tiempo en el cual las personas se vieron impedidas para presentar reclamaciones por vía judicial, lo cual, por lo demás, empata con el espíritu de lo previsto en el numeral 1040 del Código de Comercio, que prevé que la prescripción comenzará a surtirse a partir de que pueda ser ejercitada en juicio, de modo que una interpretación de ese precepto conforme con el derecho humano al acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, implica entender que no deben dejarse de computar en el plazo previsto en el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito los días en los que de ordinario debió poderse presentar una demanda judicial, pero que no pudo hacerse por una suspensión de labores judiciales que implicó la clausura de esa posibilidad con motivo de la citada emergencia sanitaria. 10. Sucede entonces que en el particular debe estimarse suspendido el plazo de prescripción negativa de la acción cambiaria que nos ocupa en los lapsos en los que existió la suspensión temporal de las actividades del Poder Judicial de Hidalgo, cuando dicha interrupción de las labores judiciales implicó la imposibilidad de presentar demandas, lo que en concreto importa los días hábiles incluidos en los periodos implicados en las circulares 2/2020, 3/2020 y 4/2020 de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo, en donde se divulgó la suspensión de plazos y términos judiciales y el cierre de las oficialías de partes, de modo que en esos lapsos era imposible presentar una demanda judicial, a saber:... 11. En esa inteligencia, estimando esos momentos de clausura de la posibilidad de presentación de demandas judiciales al presente caso, ocurre que de cualquier modo ello no frustra la conclusión según la cual la prescripción negativa de la acción cambiaria se ha consumado, luego que la demanda se presentó allende al plazo de prescripción negativa, en la inteligencia de que dicho plazo se computó el ordinariamente dispuesto más la adición de 48 cuarenta y ocho días hábiles, correspondientes a los días de suspensión de la posibilidad para presentar demandas judiciales, pues si al plazo de prescripción negativa que ordinariamente se consumó los días 1 uno de mayo, el 22 veintidós de mayo y el 1 uno de julio de 2021 dos mil veintiuno, respectivamente para cada uno de los pagarés (88), se le adicionan 48 cuarenta y ocho días hábiles, dicho plazo concluyó, entonces, los días 5 cinco de julio, 3 tres de agosto y 6 seis de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, respectivamente, cuando la demanda se presentó el 3 tres de diciembre de 2021 dos mil veintiuno. Por lo anterior (§11), resulta palmaria la procedencia de la excepción de prescripción negativa de la acción cambiaria opuesta y por ende, con fundamento en lo previsto en los artículos 1084, 1194, 1325, 1326 y 1409 del Código de Comercio en relación con lo dispuesto en los ordinales 150, 151, 152, 165, 166, 170, 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1039, 1040 y 1041 del Código de Comercio, sería de fallarse improcedente la pretensión reclamada; absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas en esta instancia; de dejarse a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma que corresponda, y de condenarse a la parte actora al pago de los gastos originados con motivo del presente juicio, al incurrir en la hipótesis de fracaso en la pretensión intentada en la vía ejecutiva. RESOLUTIVOS. 13. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos legales antes citados y en los artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329 y 1330 del Código de Comercio, se resuelve que: Primero. Procedió la vía ejecutiva mercantil seguida. Segundo. Es improcedente la pretensión cambiaria intentada. Tercero. Se absuelve a la parte demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas en virtud de la calidad de obligación cambiaria, lo que importa que, asimismo, se dejen a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Cuarto. Se condena, de oficio, a María Antonieta Villar Guzmán a pagar a Diana Camargo Salas la cantidad de dinero que corresponda a los gastos que se hayan suscitado con motivo del presente juicio, lo cual se acreditará y liquidará con base en el arancel vigente en ejecución de sentencia. Quinto. Se levanta el embargo trabado el 4 cuatro de mayo de 2022 dos mil veintidós. Sexto. Se concede a ambas partes una vista por el plazo de 3 tres días para que puedan manifestar su asentimiento con el hecho de que sus datos personales se incluyan en la versión pública que de esta resolución debe divulgarse conforme con las normas en materia de transparencia de la información pública, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por negada dicha autorización. Séptimo. Notifíquese y cúmplase." Por lo que se considera que la responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de referencia, ya que: Dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós [foja 105]; con lo anterior cumplió con el inciso a), de la ejecutoria de amparo. Prescindió de considerar en el cómputo de la prescripción, los días comprendidos como inhábiles en las Circulares 1/2018, 02/2019, 5/2020, 6/2020, 7/2020 y 12/2020. En efecto, en la sentencia reclamada, la autoridad responsable consideró para el cómputo de la prescripción, los días comprendidos en las circulares 1/2018; 2/2019; 2/2020; 3/2020; 4/2020; 5/2020; 6/2020; 7/2020; y, 12/2020. En contraste, en la nueva sentencia, la responsable solamente consideró los periodos comprendidos en las circulares 2/2020; 3/2020; y, 4/2020, los cuales no fueron ordenados en ejecutoria de amparo, que se omitiera su cómputo; con lo anterior, cumplió con los incisos b) y c), de la ejecutoria de amparo. Finalmente con libertad de jurisdicción, absolvió a la parte demandada Diana Camargo Salas de las prestaciones que le fueron reclamadas y dejó a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma que corresponda; además, condenó de oficio, a María Antonieta Villar Guzmán a pagar la cantidad de dinero que corresponda respecto de los gastos que se hayan suscitado con motivo del juicio de origen; y, levantó el embargo trabado el 4 cuatro de mayo de dos mil veintidós. Con lo anterior, cumplió con el inciso d), de la ejecutoria de amparo. Por lo anterior se considera que el Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este tribunal, en términos de cuarto párrafo del precepto 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, ha trascurrido el plazo de diez días que se dio a las partes para que manifestaran lo que a sus interés legal conviniera, según de aprecia del auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, sin que hayan realizado manifestación las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento que dice dar la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, transcurrió del dieciocho al veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, siendo inhábiles en ese lapso los días veintitrés y veinticuatro de los corrientes, sin que las partes hayan realizado manifestación alguna, en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, a través del cual informa sobre el cumplimiento que dicen dar a la ejecutoria de amparo, dictada en el presente asunto, y que consiste en la sentencia de siete de los corrientes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de diez días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; hecho lo anterior, díctese el acuerdo correspondiente. Notifíquese.

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