Diana Briseño Baez
Expediente 115/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Diana Briseño Baez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de nueve de marzo del año en curso, que desechó la demanda promovida por ******************** no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al Artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo y su ampliación, promovida por ... por su propio derecho contra los actos que reclama del Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial de Ciudad Valles del Estado de San Luis Potosí con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que considera violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 115-2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1-2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1-2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. En principio, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, de la lectura íntegra del escrito de demanda constitucional se obtiene que los actos que por esta vía reclama la solicitante de la protección de la justicia federal consisten en: 1. La omisión del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, de prevenir al actor en el juicio civil de divorcio 25-2021 de su índice de corregir el convenio anexo a su demanda; 2. La omisión del actuario adscrito al Juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, de correrle traslado con las copia del acuerdo de radicación dictado en el en juicio civil de divorcio 25/2021, al momento de emplazarla a dicho juicio. 3. Del Oficial del Registro Civil número Tres de esta ciudad, la ejecución de la sentencia dictada en el juicio civil de divorcio 25/2021, en la que se haya ordenado la disolución del vínculo matrimonial existente entre la quejosa y el actor en dicho controvertido civil. 4. Del Director del Registro Civil en el Estado de San Luis Potosí, la ejecución de la sentencia que resuelva el controvertido civil de divorcio en comento, en la que se ordenó la disolución del vínculo matrimonial. En tales condiciones, por lo que ve a los actos que se reclaman descritos con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracciones IV y V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en comento disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro de los juicios que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro máximo órgano jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. C Así pues, como se adelantó, los referidos actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no revisten la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provocan los mencionados actos no es actual, sino que producen solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra de la sentencia que resuelva el juicio civil de divorcio 25/2021 (si resulta contraria a sus intereses), procedimiento civil en el que refiere la parte quejosa el juzgador de origen fue omiso en prevenir al actor para que corrigiera el convenio que anexó a su demanda de divorcio, previo a admitirla a trámite; asimismo, el diverso acto que atribuye al actuario adscrito al juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial de esta ciudad, de no haberle corrido traslado con el acuerdo de radicación del sumario civil de origen, en la diligencia de empalzamiento. De ahí que, los actos reclamados constituyen actos procesales, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal, no generan contra la esfera jurídica de derechos de la promovente una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, de la lectura de los escritos de demanda de amparo y su ampliación, se obtiene que la quejosa es parte demandada en el juicio de divorcio 25/2021; pues refiere que se le emplazó a dicho controvertido, en diligencia de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la que el fedatario judicial que ahora señala como responsable en la ampliación de su demanda de amparo, la diligenció en forma personal con ella; refiriendo además que dio contestación a la demanda el quince de febrero de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, pues se considera que el acuerdo en el que refiere que el juzgador responsable fue omiso en requerir al actor para que corrigiera el convenio que anexó a su demanda, y la omisión del actuario que señala como responsable de no correrle traslado con la copia del acuerdo de radicación del juicio de origen, son eminentemente procesales y no afecta directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, el juicio constitucional es improcedente contra actos procesales que puedan ocasionar afectación predominante o superior a la parte demandada en el juicio de génesis (aquí promovente); pues se insiste, dichos actos no constituyen un actos procesal de ejecución irreparable que vulneren los derechos fundamentales de la quejosa, dado que sus efectos son meramente formales y pueden desaparecer si la peticionaria de amparo obtiene sentencia favorable, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; y de no ser así, esto es que el sentencia no le favorezca puede impugnarlos mediante el juicio de amparo directo que promueva en su contra, pero no mediante el juicio de amparo indirecto que intenta la ocursante, por lo que no se puede ubicar en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo indirecto. Máxime que no queda desprotegida con la continuación del trámite del juicio ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Ahora, por cuanto a los actos de ejecución que reclama del Oficial del Registro Civil Tres de esta ciudad, y del Director del Registro Civil, residente en la ciudad de San Luis Potosí, relativo a la ejecución de la sentencia que resuelva el juicio civil de divorcio 25/2021, en la que se ordene la disolución del vínculo matrimonial; toda vez que, como ya se dijo que la promovente no es tercera extraña al juicio, pues ya compareció al mismo dando contestación a la demanda que se promovió en su contra, y toda vez que dichos actos que reclama en esta vía, al no ser el último acto en el juicio civil, pues en ellos no se está teniendo por cumplida la sentencia y ordenando el archivo definitivo del sumario de origen, resulta que no es procedente el juicio de amparo que promueve la quejosa en su contra. En efecto, únicamente si la promovente de amparo se ostentara como tercera extraña al juicio civil de origen, podría promover el juicio de amparo indirecto en contra de actos de ejecución de sentencia, aunque no sean el último que se dicte (en el que se tenga por cumplida la sentencia y se ordene le archivo del juicio), siempre y cuando alegara una trasgresión a su derecho de defensa al no haber sido emplazada o demostrara que el emplazamiento fue ilegal; sin embargo, esa calidad de tercera extraña a juicio la perdió al haber comparecido en el juicio de divorcio dando contestación a la demanda; por lo que el amparo que promueve en contra de los actos de ejecución que atribuye a las autoridades del registro civil en comento, también es improcedente. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracciones IV y V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar los derechos fundamentales de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA QUEJOSA QUE DICE: Número de expediente: 115/2021 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo y su ampliación, promovida por ... por su propio derecho contra los actos que reclama del Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial de Ciudad Valles del Estado de San Luis Potosí con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que considera violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 115-2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1-2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1-2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. En principio, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, de la lectura íntegra del escrito de demanda constitucional se obtiene que los actos que por esta vía reclama la solicitante de la protección de la justicia federal consisten en: 1. La omisión del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, de prevenir al actor en el juicio civil de divorcio 25-2021 de su índice de corregir el convenio anexo a su demanda; 2. La omisión del actuario adscrito al Juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, de correrle traslado con las copia del acuerdo de radicación dictado en el en juicio civil de divorcio 25/2021, al momento de emplazarla a dicho juicio. 3. Del Oficial del Registro Civil número Tres de esta ciudad, la ejecución de la sentencia dictada en el juicio civil de divorcio 25/2021, en la que se haya ordenado la disolución del vínculo matrimonial existente entre la quejosa y el actor en dicho controvertido civil. 4. Del Director del Registro Civil en el Estado de San Luis Potosí, la ejecución de la sentencia que resuelva el controvertido civil de divorcio en comento, en la que se ordenó la disolución del vínculo matrimonial. En tales condiciones, por lo que ve a los actos que se reclaman descritos con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracciones IV y V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en comento disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro de los juicios que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro máximo órgano jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. C Así pues, como se adelantó, los referidos actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no revisten la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provocan los mencionados actos no es actual, sino que producen solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra de la sentencia que resuelva el juicio civil de divorcio 25/2021 (si resulta contraria a sus intereses), procedimiento civil en el que refiere la parte quejosa el juzgador de origen fue omiso en prevenir al actor para que corrigiera el convenio que anexó a su demanda de divorcio, previo a admitirla a trámite; asimismo, el diverso acto que atribuye al actuario adscrito al juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial de esta ciudad, de no haberle corrido traslado con el acuerdo de radicación del sumario civil de origen, en la diligencia de empalzamiento. De ahí que, los actos reclamados constituyen actos procesales, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal, no generan contra la esfera jurídica de derechos de la promovente una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, de la lectura de los escritos de demanda de amparo y su ampliación, se obtiene que la quejosa es parte demandada en el juicio de divorcio 25/2021; pues refiere que se le emplazó a dicho controvertido, en diligencia de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la que el fedatario judicial que ahora señala como responsable en la ampliación de su demanda de amparo, la diligenció en forma personal con ella; refiriendo además que dio contestación a la demanda el quince de febrero de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, pues se considera que el acuerdo en el que refiere que el juzgador responsable fue omiso en requerir al actor para que corrigiera el convenio que anexó a su demanda, y la omisión del actuario que señala como responsable de no correrle traslado con la copia del acuerdo de radicación del juicio de origen, son eminentemente procesales y no afecta directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, el juicio constitucional es improcedente contra actos procesales que puedan ocasionar afectación predominante o superior a la parte demandada en el juicio de génesis (aquí promovente); pues se insiste, dichos actos no constituyen un actos procesal de ejecución irreparable que vulneren los derechos fundamentales de la quejosa, dado que sus efectos son meramente formales y pueden desaparecer si la peticionaria de amparo obtiene sentencia favorable, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; y de no ser así, esto es que el sentencia no le favorezca puede impugnarlos mediante el juicio de amparo directo que promueva en su contra, pero no mediante el juicio de amparo indirecto que intenta la ocursante, por lo que no se puede ubicar en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo indirecto. Máxime que no queda desprotegida con la continuación del trámite del juicio ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Ahora, por cuanto a los actos de ejecución que reclama del Oficial del Registro Civil Tres de esta ciudad, y del Director del Registro Civil, residente en la ciudad de San Luis Potosí, relativo a la ejecución de la sentencia que resuelva el juicio civil de divorcio 25/2021, en la que se ordene la disolución del vínculo matrimonial; toda vez que, como ya se dijo que la promovente no es tercera extraña al juicio, pues ya compareció al mismo dando contestación a la demanda que se promovió en su contra, y toda vez que dichos actos que reclama en esta vía, al no ser el último acto en el juicio civil, pues en ellos no se está teniendo por cumplida la sentencia y ordenando el archivo definitivo del sumario de origen, resulta que no es procedente el juicio de amparo que promueve la quejosa en su contra. En efecto, únicamente si la promovente de amparo se ostentara como tercera extraña al juicio civil de origen, podría promover el juicio de amparo indirecto en contra de actos de ejecución de sentencia, aunque no sean el último que se dicte (en el que se tenga por cumplida la sentencia y se ordene le archivo del juicio), siempre y cuando alegara una trasgresión a su derecho de defensa al no haber sido emplazada o demostrara que el emplazamiento fue ilegal; sin embargo, esa calidad de tercera extraña a juicio la perdió al haber comparecido en el juicio de divorcio dando contestación a la demanda; por lo que el amparo que promueve en contra de los actos de ejecución que atribuye a las autoridades del registro civil en comento, también es improcedente. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracciones IV y V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar los derechos fundamentales de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes
- Demetrio Sánchez López602/2022
- Demetrio Sánchez López604/2022
- Demetrio Villalón Martínez575/2016
- Demmy Pérez Ahumada60/2016
- Denisse Vianey Velazquez Ortiz605/2023
- Deyanira Hernández Corona300/2020
- Diana Elizabeth Nava Martínez339/2023
- Diana Laura Flores Martínez493/2019
- Diana Laura Rodríguez Azúa161/2020
- Diana Mejía Ángeles193/2023
- Diana Mejia Ángeles81/2023
- Diana Rosario Vidaña Villegas598/2021