Diana Beatriz Rodríguez Zamora

Expediente 306/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
306/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Diana Beatriz Rodríguez Zamora
  • Daniel Eneas Maggi Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Archívese este INCIDENTE como asunto totalmente concluido; original susceptible de DESTRUCCIÓN; duplicado susceptible destrucción.

  2. Incidental

    HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de depuración, se remiten tres tomos de pruebas autoridad responsable.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA y PROTEGE a **********, contra el acto reclamado al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en materia de Familia, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando CUARTO. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el QUINTO considerando. TERCERO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese como corresponda.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz a trece de agosto de dos mil diecinueve. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 306/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad, en tres de abril de dos mil diecinueve, y recibido por razón de turno en este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, el mismo día, *********, promovió juicio de amparo en contra de la siguiente autoridad: AUTORIDADES FOJAS SENTIDO Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad. 23 CIERTO SEGUNDO. Por acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo, y Punto Cuarto, fracción VII, párrafo primero, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos cuyos efectos jurídicos y materiales se surten dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página doscientos veintisiete, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Del análisis integral de la demanda de amparo, el acto reclamado se hace consistir en: ? La resolución de fecha 12 de marzo del año en curso, dictada en los autos del expediente *********, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en esta ciudad. TERCERO. La autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en materia de Familia, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, acepto la existencia del acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Sirve de apoyo lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Se debe NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a la quejosa, ante lo INFUNDADO de los motivos de inconformidad. La quejosa aduce en esencia que:  La resolución reclamada resulta violatoria de los artículos 1, 4 Constitucionales, 57 del Código de Procedimientos Civiles, y 345 y 346 del Código Civil vigentes para el Estado, pues coloca a la menor en estado de riesgo al no tomar en cuenta que el aquí tercero interesado ha sido inconsistente en la realización de la convivencias programadas, además que ha hecho caso omiso a la recomendación de la psicóloga adscrita al juzgado responsable. Debe precisarse que el artículo 4° constitucional, establece un imperativo del Estado, a través de sus diversas autoridades, incluidas las de índole jurisdiccional, de velar y cumplir con el interés superior de aquéllos, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, lo cual implica que para resolver cualquier controversia en la que se ve involucrado un menor de edad, debe ponderarse que éste, debido a su falta de madurez, es un ser vulnerable que requiere de una protección legal reforzada, a fin de hacer que alcance su mayor y mejor desarrollo a través del respeto de sus derechos, y por ende, de su dignidad, ya que ésta es la base de aquéllos. Es aplicable la jurisprudencia número 1ª./J. 18/2014 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos seis, Libro 4, Tomo I, marzo de dos mil catorce, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." En tal contexto, el interés superior de la infancia implica conocer cuáles son los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales reconocen a favor de la niñez, a fin de que éstos se interpreten y apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, para lo cual se debe tener presente que entre los derechos reconocidos en pro de la infancia, el artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que todos los niños tienen un derecho fundamental a convivir con sus padres. Este derecho se justifica ya que a través de las convivencias los menores pueden generar lazos afectivos con sus progenitores, lo cual es importante para su desarrollo emocional. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha argumentado que las visitas y convivencias son fundamentales para el sano desarrollo de la personalidad de los menores. Así se refleja en la tesis 1a. CCCVI/2013 (10a.), 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013; Tomo 2; Pág. 1051. 1a. CCCVI/2013 (10a.).del rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que los menores tienen un derecho de convivir con ambos progenitores ya que es de suma importancia para que éstos puedan desarrollarse plenamente. Además, de dicha figura también se desprende un derecho-deber de los padres a convivir con sus hijos; lo cual implica que el padre custodio tiene el deber de permitir que se lleven a cabo las convivencias con el otro. Lo anterior se refleja en las tesis 1a. CCCLXIX/2014 y 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), con datos de localización: 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014; Tomo I; Pág. 601. 1a. CCCLXIX/2014 (10a.); y 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014; Tomo I; Pág. 600. 1a. CCCLXVIII/2014), de rubro: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER.", y "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD." Asimismo, la Primera Sala ha establecido que para tomar decisiones respecto a la guarda y custodia -y en general respecto a las convivencias de los menores con sus padres-, debe utilizarse un estándar de riesgo, según el cual, debe tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los menores sufran daños. Ello, porque en el amparo directo en revisión 2618/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó ciertas precisiones respecto al concepto de riesgo. En este sentido, apuntó que, el aumento del riesgo "se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero." Así, en concordancia con lo anterior, en el amparo directo en revisión 4122/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la directriz del riesgo se ha estimado adecuada en la mayoría de las contiendas que involucran los derechos de los menores de edad. En los juicios de guarda y custodia y régimen de visitas y convivencia, entre otros, si bien es cierto que en los juicios de guarda y custodia se debe de ponderar la decisión a partir de una situación de riesgo real y no de la verificación de un daño generado, dicha evaluación no debe estar basada en prejuicios, estigmatizaciones o consideraciones generalizadas sobre las características de los padres. Como el interés superior del menor dicta que los niños y niñas tienen derecho a mantener relaciones familiares con sus progenitores, dicha medida sólo debe tomarse en casos que realmente ameriten esa separación, es decir, cuando exista evidencia objetiva y fehaciente de que el convivio con el progenitor no custodio, pueda implicarle un riesgo para su sano y normal desarrollo físico, mental y emocional. Lo anterior se establece, incluso, en el artículo 346 del Código Civil del Estado de Veracruz, que señala: "Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que, por ésta, exista peligro para éstos. (.)No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición, a solicitud de cualquiera de ellos, el juez resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitase, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial." Conforme a lo expuesto, es correcta la resolución recurrida, de las constancias que integran el expediente *********, del índice de la responsable, no se aprecia elemento objetivo que evidencie una situación de riesgo real para la menor, dado el régimen de convivencia que se estableció en el acto reclamado. Ello, porque como lo razonó el Juez responsable de las valoraciones psicológicas no sugieren de modo alguna que la convivencia deban de restringirse, caso contrario la falta de convivencia con su progenitor no custodio sí representa un riesgo real para el desarrollo de la menor, ya que el hecho de que no conviva y no tenga contacto con su padre, aumenta notablemente la posibilidad de que tenga daños emocionales difíciles de revertir. Especialmente porque en el caso no existe ninguna razón que haga pensar que las convivencias con el padre pueden afectar el interés superior de la infante, además que dichas convivencias en transición son derivadas de las manifestaciones realizadas por el Coordinador del Centro de Convivencia Familiar Supervisada. De todo lo anterior se puede concluir que el acto reclamado está fundado y motivado precisamente en las circunstancias imperantes al momento en que se emitió y la determinación de variación se adoptó en beneficio de la menor en tanto que, como se dijo se respeta, su derecho de convivencia. En las relatadas consideraciones, al resultar ineficaces los agravios en estudio, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADO, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir de la que derive un beneficio a la menor, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. QUINTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEXTO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme con el artículo 2 de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80 y 155 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA y PROTEGE a *********, contra el acto reclamado al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en materia de Familia, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando CUARTO. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el QUINTO considerando. TERCERO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello... "

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