Diana Beatriz Méndez Cabrera
Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Diana Beatriz Méndez Cabrera
Actuaciones
- Principal
"En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 912/2023-II, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Martín Placito Cambero, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo (fojas 2 a 13); el auto admisorio de trece de marzo de dos mil veintitrés (el cual obra en el expediente electrónico); el informe justificado de la responsable (foja 20); y con el resto de las actuaciones de trámite. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Además. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las documentales remitidas por la parte quejosa (fojas 14 a 16) la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado (fojas 21 a 24). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa mediante escrito acordado en auto de diez de abril del año actual, así mismo hace constar que las demás partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó su alegato ministerial. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa formulando alegatos y por precluido el derecho de las demás partes para tal efecto; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordad, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 912/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por Diana Beatriz Méndez Cabrera por conducto de su apoderada Wendy Fabiola Palma Barahona, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El nueve de marzo de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por D+++ por conducto de su apoderada W++++++, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de dictar el laudo en el juicio ordinario laboral 43/2018. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 912/2023-II, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción. Se recibió el informe con justificación rendido por la responsable. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia 1. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, en virtud de que se reclama la omisión de realizar actos, que al carecer de ejecución otorga competencia a este órgano de control constitucional, debido a que la demanda de amparo se presentó en esta ciudad de Mérida, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, ala Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados 2. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido.4 3. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán. Mérida, Yucatán La omisión de dictar el laudo en el juicio ordinario laboral 43/2018 4. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS."5 TERCERO. Inexistencia del acto reclamado 5. La autoridad responsable, al rendir su informe de ley, negó el acto que se le reclama, dado que de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal responsable se advierte que el juicio laboral no se encuentra para dictar laudo, puesto aún está pendiente de desahogarse la prueba tres ofrecida por la parte demandada. 6. Documentales que tienen pleno valor probatorio al tenor de los numerales 122 y 209 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 7. En ese sentido, debido a que se reclama un acto de naturaleza omisiva (relativo a la omisión de dictar el laudo), se vuelve imprescindible identificar si existe la obligación jurídica de la responsable de realizar el acto que se le atribuye, pues no cualquier omisión debe tenerse cierta, ya que debe existir obligación objetiva de su parte de obrar en el sentido aducido. 8. Orienta lo expuesto, la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." 9. En el caso, debe tenerse por inexistente el acto que se reclama, consistente medularmente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 43/2018, ya que de las constancias que obran en autos, se desprende que no existe obligación de parte del Tribunal responsable de emitir el laudo, puesto que el juicio laboral no se encuentra en el momento procesal para ello, esto es, el asunto aún no se encuentra en estado de resolución, debido a que se encuentra en la etapa probatoria. 10. Ello es así, pues por auto diecisiete de marzo de dos mil veintitrés se ordenó girar oficio correspondiente a la institución Bancaria denominada Banamex, relativa a la prueba tres ofrecida por la parte demandada; por tanto, el juicio laboral no se encuentra en el momento procesal para decretar el cierre de instrucción y en consecuencia, tampoco emitir laudo, debido a que se encuentra en la etapa probatoria; de ahí que deba considerarse inexistente el acto reclamado. 11. Ilustra lo expuesto por analogía, la jurisprudencia la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, visible a página 926, del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos".6 12. Así, al resultar inexistente el acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. 13. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 14. No obsta para lo hasta aquí determinado, el hecho de que no haya mediado el término de ocho días que prevé el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que aun y que transcurriera el término referido, en nada variaría lo aquí expuesto. 15. Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por D+++++++++++++++++++, contra el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Martín Placito Cambero, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de abril de dos mil veintitrés. Mediante oficio SECNO/STCCCNO/292/2023, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que contiene el punto de acuerdo 66/2023, en el que se autorizó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que auxilie a este órgano jurisdiccional en el dictado de la sentencia de cincuenta y cinco expedientes, elegidos aleatoriamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, visto el estado procesal de autos se obtiene que el presente asunto se encuentra en estado de dictar resolución, por lo que resultó seleccionado para su remisión electrónica al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; consecuentemente, se instruye al Oficial Judicial A, para que habilite al Juzgado de Distrito Auxiliar el acceso al expediente electrónico a fin de que de este en aptitud de emitir la sentencia, y se realicen las anotaciones en libro electrónico de gobierno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina de que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá destruirse, tal como lo establece inciso c), del artículo 21, Capítulo Octavo del aludido Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado justificado rendido por el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos en suplencia por ausencia temporal del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión-CRE) en representación de la Jefa de la Unidad de Administración y del Jefe de la Unidad de Electricidad de la citada Comisión, con residencia en la Ciudad de México, y anexo que acompaña, con el que informa que ya rindió su informe justificado; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto toda vez que por proveído de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós se tuvo rendido dicho informe justificado. Asimismo, ténganse como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el señalado su informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo. En consecuencia, estese a la espera de la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE
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