Diana Azarel Cruz Martinez

Expediente 837/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
837/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
18/03/2016

Partes del expediente

  • Diana Azarel Cruz Martinez
  • Juez Primero Penal del Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA V.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio -fojas 430 a 434-. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado.

  2. Incidental

    MESA V.- Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente.

  3. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN O AUTO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Número de expediente: 837/2015 Acuerdo: MESA V.- Agréguese el oficio del Juez Quincuagésimo Penal de la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de los corrientes, remite copia certificada del auto de formal prisión de nueve de febrero del año en curso, dictado contra la quejosa Diana Azarel Cruz Martínez, en los autos de la causa penal 254/2014, de su índice, instruida en su contra como probable responsable de la comisión del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA; por tanto, acorde al sentido que habrá de regir esta determinación, es necesario efectuar algunas consideraciones en torno a las causales de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado es constitucional y motiva que el Juzgador Federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman esa institución (improcedencia), ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, así como en la Carta Magna y en la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal. Puntualizado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Lo expuesto está cimentado en la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 39, de epígrafe y sinopsis: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se encuentran satisfechos, como se verá a continuación. Del estado de autos y de las constancias remitidas por la oficiante, se advierte que la quejosa Diana Azarel Cruz Martínez, reclama la orden de aprehensión girada en su contra el treinta de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Juez Quincuagésimo Penal en el Distrito Federal, en la causa penal 254/2014, de su índice; la cual fue cumplimentada el tres de febrero de dos mil dieciséis. Ahora bien, como lo comunica el Juez responsable el nueve de los corrientes, se resolvió la situación jurídica de la impetrante, y en su contra dictó auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de administración fraudulenta, lo que incuestionablemente produce un cambio de situación jurídica, en razón que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de formal prisión. En virtud de lo anterior, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas al mandamiento de captura deben considerarse consumadas de un modo irreparable. Lo anterior es así, ya que existe autonomía entre la orden reclamada y el auto de término constitucional, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16, Constitucional, mientras que el segundo en lo que dispone el numeral 19, del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de plazo constitucional puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Es aplicable la jurisprudencia 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, consultable en la página 270, junio de 2008, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Bajo esas consideraciones, al haber sido sustituida la orden de aprehensión por el auto de formal prisión, es indefectible que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso, lo que de manera incuestionable actualiza la causa de improcedencia en análisis. En estrecha vinculación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 111/2008, determinó que si durante el trámite del juicio el juzgador decreta la inexistencia de una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia respectiva, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados, ya que con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia, ya que en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Bajo esa perspectiva, y atendiendo a los motivos expresados en la jurisprudencia destacada, este órgano de control constitucional pone de manifiesto que acorde a la razón asentada por el fedatario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el dieciséis de abril de dos mil quince -foja 27-, se conoce que la potestad que la quejosa denominó como "Subdirector de Control de Consignación sin Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal", es inexistente; por ende, menos pueden existir los actos a ella reclamados. Por otra parte, la demostración de los actos reclamados es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, por ende, cuando las autoridades responsables niegan su existencia, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar lo contrario. Sobre esa base, las autoridades que la quejosa señaló como responsables en su escrito inicial de demanda, cuya existencia quedó determinada en autos, con excepción del Juez Quincuagésimo Penal y del Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la emisión de las órdenes de aprehensión y búsqueda, localización y presentación, así como su ejecución; sin que la promovente controvierta con prueba alguna esas negativas. De igual manera, el Juez Quincuagésimo Penal y del Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación, con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de búsqueda, localización y presentación. En esas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en términos de las fracciones IV y V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, marzo de 2003, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación, con sede en esta ciudad, al no haber sido combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 434 del Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada encargada del aludido sistema capture la presente resolución, y a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por otra parte, no se soslaya que el ente responsable comunique que declinó competencia en favor del Juez Primero Penal con sede en esta ciudad, toda vez que se encuentra señalado como responsable en el presente asunto.

  4. Principal

    MESA V Agréguese el ocurso de Víctor Oléa Peláez autorizado de la parte tercera interesada, mediante el cual comunica que el tres de febrero del año en curso, se cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra de la quejosa DIANA AZAREL CRUZ MARTÍNEZ y el nueve siguiente, el Juez Quincuagésimo Penal, con sede en esta ciudad, le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. Ahora bien, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda, requiérase al Juez Quincuagésimo Penal, con sede en esta ciudad, a efecto de que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe el estado procesal de la causa penal 254/2014, de su índice y remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 251, de la citada ley, así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; de conformidad con el artículo 251, de la citada ley.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,669 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano